Martxelo DÍAZ

25 años de una Expo 92 cuyos efectos llegan hasta hoy y hasta aquí

El 20 de abril de 1992, hace justo 25 años, se inauguraba la Expo de Sevilla, que fue la carta de presentación del modelo desarrollista del Estado español ante el mundo. Sus efectos siguen hoy y alcanzan a Euskal Herria, como se va a recordar estos días en Iruñea.

El primer TAV que se inauguró en el Estado español unió Madrid y Sevilla con el objetivo de trasladar a miles de visitantes a la Expo 92, un conjunto de pabellones que se levantaron en la Isla de la Cartuja, en el Guadalquivir. Este TAV era parte de la estrategia del Estado español para vender su «modernidad» y la conclusión de la llamada «Transición». Seis años antes ingresó en la entonces llamada CEE, antecedente de la actual Unión Europea. En 1992 también tuvieron lugar los Juegos Olímpicos de Barcelona, otro escaparate. Y, además, se intentaba celebrar que se cumplían 500 años del «descubrimiento» de América, el Abya Yala indígena, y la posterior conquista.

25 años después, el modelo está en crisis. Se construyeron más líneas de TAV, pero la mayoría de ellas no fueron rentables. En Euskal Herria, un cuarto de siglo después, se sigue apostando por el mismo TAV que llegó a Sevilla en 1992 y empleando recursos millonarios en esta macroinfraestructura.

«La Expo de Sevilla constituye el pistoletazo de salida de los fastos del 92. Es el gran escaparate mundial del desarrollo tecnológico, la apología más descarada de la ciencia y la tecnología para infundir nueva confianza a la población de que el sistema capitalista va a asegurar nuestro futuro», destaca la Asamblea de Afectadas por la Expo-Represión de Euskal Herria, que ha elaborado un dossier que recoge qué supuso la Expo 92 y sus efectos hasta el día de hoy. Este colectivo ha organizado una mesa redonda con el título “Expo 92+25, el expolio continúa, las resistencias también” el miércoles 26 en Katakrak, en Iruñea, con la participación de Beatriz Villahizán (SOS Racismo), Luis Iriarte (AHT Gelditu) y Maialen Irazoki (Mugarik Gabe).

En 1992 comenzó también el proceso de recortes de derechos y libertades que todavía continúa. «El 92 constituye un antes y un después en el Estado español: se aprueban la reforma laboral, la Ley de Huelga, la de Seguridad Ciudadana –impulsada por el ministro del Interior José Luis Corcuera, del PSE– y la de Extranjería. El Estado ingresa en el mercado único europeo y en el espacio Schengen. De esta manera se blinda la frontera sur para impedir la entrada a las africanas desposeídas que huyen de la miseria provocada por el neocolonialismo», destaca la asamblea.

«Los mayores perdedores de la celebración de este tipo de macroeventos son los de siempre: los barrios más humildes de Sevilla que padecieron la mafia narco-policial del momento y que siguen sufriendo los efectos de la especulación, la falta de dotaciones, el desempleo y la marginación. En Andalucía, infraestructuras sobredimensionadas de la época estuvieron infrautilizadas muchos años, otras continúan así. Hoy día siguen construyéndolas, mientras muchos pueblos no han solucionado aún sus problemas de abastecimiento de agua; el turismo salvaje ha devastado el litoral, los campos de golf se han multiplicado y el nivel de paro es uno de los más elevados del Estado», añade este colectivo.

Represión y modelo económico

Junto a ello, denuncia que las protestas contra la Expo 92 en Sevilla fueron respondidas por el Estado con una apuesta por la represión. Tres personas fueron heridas de bala por las fuerzas policiales, una de las cuales fue ingresada clínicamente muerta en el hospital, decenas de contusionados y 84 detenidos (de los cuales once pasaron en prisión tres semanas y 42 fueron expulsados en aplicación de la Ley de Extranjería). Cuatro personas fueron condenadas a penas de entre uno y dos años de cárcel, entre ellos un vecino de Azpeitia y otro de Bilbo.Poco después, 45 independentistas catalanes fueron detenidos antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Barcelona para cortar de raíz las protestas. El encargado de dirigir este operativo fue el entonces juez de la Audiencia Nacional española Baltasar Garzón.

En Iruñea, también se registraron incidentes con la Policía española tras una manifestación en apoyo a los represaliados en Sevilla. En la capital navarra, tuvieron lugar tres asambleas y manifestaciones, mientras que en Bilbo y Donostia hubo otras dos manifestaciones, una encartelada en Gasteiz y movilizaciones en Lezo, Azpeitia y Azkoitia. Amaiurko Quetzal Agiria, un organismo popular creado en Euskal Herria para hacer frente al Quinto Centenario de la conquista de América, denunció la represión ante la ONU, Amnistía Internacional y agencias de prensa europeas y americanas.

El modelo desarrollista impulsado en Sevilla tuvo también reflejo en Euskal Herria, donde en esa época se impulsaron en Bilbo proyectos como el Guggenheim, el Euskalduna o el muelle de Uribitarte, calificadas como «desmantelamiento y la expulsión del centro urbano de las actividades industriales y portuarias que les sirve para llevar a cabo operaciones especuladoras en los solares liberados». Junto a esta apuesta por la especulación urbanística, se produjo también un abandono de la actividad agrícola, ganadera y pesquera, que 25 años después deja un panorama oscuro en el sector primario. El informe elaborado en 1992 recordaba que la población navarra que vivía de la agricultura había descendido a la mitad desde mediados de los 70. El sector agrícola abarcaba entonces un 15% de la población activa mientras que en el entorno del 92 se marcó como objetivo reducirla al 3%. Por imperativo de la CEE. Y del modelo económico que se impuso.