A punto de cumplirse ocho años del fallecimiento del militante de ETA Jon Anza, el Tribunal de Apelación de París hizo pública ayer la sentencia sobre el recurso de la familia contra la decisión del Tribunal de Gran Instancia del 13 de mayo de 2015.

El fallo reitera lo que dicha corte estableció aquel día, es decir, que no advierte «faltas graves» por parte de las estructuras judiciales y policiales en la investigación de su desaparición, pese a haberse hallado el cuerpo diez meses después en la morgue de un hospital de Toulouse.

En consecuencia, desestima el recurso y, por ende, la demanda por daños y perjuicios exigida por los allegados de Anza.

La abogada Maritxu Paulus-Basurko ha recibido la resolucón con «indignación y tristeza» toda vez que después de constatar cómo se desarrolló la vista el 7 de febrero, albergaban esperanzas de que al final se reconociera la responsabilidad del Estado en una investigación cuyas omisiones y fallos fueron manifiestas.

«El tribunal prestó mucha atención a nuestras explicaciones y a los datos que expusimos para demostrar que los estamentos judiciales y policiales no realizaron como debían la investigación para identificar su cuerpo. Salimos muy ilusionados de la audiencia y, realmente, esperábamos que por fin se nos escucharía», declaró a GARA sin poder esconder su decepción.

La primera sentencia, corroborada ahora, también fue recibida con estupor e incredulidad por parte de la familia del donostiarra, ya que en ella se reconocía que sí se dieron lo que los jueces definieron como «irregularidades menores».

Fallos en serie

La sentencia argumentaba que no había «elementos sustanciales» para concluir que Anza se encontraba en Toulouse, a pesar de que su propia compañera había comunicado al Tribunal de Baiona que ella misma lo condujo el 17 de abril de 2009 a la estación de tren y que allí puso rumbo a la capital occitana. Además, la organización ETA hizo público un comunicado el 19 de mayo del mismo año en el que manifestaba que su militante no había acudido a las citas fijadas en dicha ciudad.

Los jueces tampoco consideraron falta grave que la Fiscalía de Baiona no hubiese pedido por escrito al hospital de Toulouse (como sí lo hizo al de otras ciudades) si tenían en sus servicios a Anza. Además, según los jueces, aunque se hubiera comunicado su identidad, en el hospital la desconocían, razonamiento insólito puesto que además de la filiación se aportan otros elementos y características físicas que sí encajarían con el militante allí atendido.

Del mismo modo, en opinión del tribunal, no hubo fallos graves, aunque sí «algunas irregularidades» por parte de la Fiscalía de Toulouse, que no actuó correctamente cuando el Hospital Purpan les comunicó el fallecimiento, el 11 de mayo de 2019, de una persona no identificada en sus servicios. Además de que la Policía no investigó el tema, la Fiscalía ni insistió en reclamar información a la comisaría después de transcurrir más de un mes sin ninguna respuesta.

Diez meses después

El cadáver de Jon Anza fue «descubierto» el 11 de marzo de 2010 en la morgue del hospital Purpan gracias al comentario de una administrativa a un agente policial que lo relacionó con la búsqueda del donostiarra.

El caso provocó gran emoción y protestas tanto en Euskal Herria como en la propia capital occitana, donde hubo incidentes entre manifestantes y Policía. Ocho años después siguen sin aclararse las circunstancias exactas de su desaparición.