En concreto, han sido 5.037.173 los kilómetros recorridos por familiares y amigos para poder visitar a los presos de Barañain dispersados en cárceles de los estados español y francés en los últimos 36 años.

La realización de estos viajes han supuesto, en conjunto, un gasto de casi 560.000 euros en gasolina, cantidad a la que hay que añadir un gasto incalculable en peajes, multas, pensiones y comida.

Estos datos fueron dados a conocer durante una rueda de prensa ofrecida el pasado miércoles en Barañain por Raul Osakain y Amelia Albizu, junto con otros miembros de la plataforma Karmele Gogoan, expresos y familiares.

En su comparecencia, los miembros de esta plataforma presentaron un informe de más de 200 páginas que refleja la huella que ha dejado en Barañain la dispersión carcelaria. En este dosier se recogen datos, imágenes, testimonios directos y recortes de prensa, así como los efectos que esta «vulneración de derechos humanos» sigue teniendo en la actualidad.

Según los datos recogidos en este informe, desde 1981 han sido detenidas y encarceladas 20 personas vecinas de Barañain por motivaciones de carácter político. En la actualidad sigue encarcelado uno de estos vecinos. Se trata de Xabier Sagardoi, que está dispersado en una cárcel de Soria. Este alejamiento obliga a sus familiares y amigos a realizar cientos de kilómetros para poder tener un encuentro de apenas 40 minutos.

Nueve accidentes, uno mortal

En estos 36 años se han producido nueve accidentes de carretera de familiares y amigos de presos del pueblo en los trayectos a las cárceles. En una de esas visitas, en diciembre de 2004, murió Karmele Solaguren, compañera de José Luis Guerra y vecina de Barañain muy conocida.

«Queremos que este dosier que presentamos hoy contribuya también a la memoria, al relato de lo sucedido, y sirva para que se reconozca lo que los vecinos y vecinas de nuestra localidad han padecido y continúan padeciendo por culpa de la política penitenciaria», afirmaron Raul Osakain y Amelia Albizu en la presentación.

Tras señalar que «ninguna muerte producida en carretera de camino a visitar a los presos es fruto de la casualidad», dijeron que «son los organismos públicos más cercanos, como los ayuntamientos, los que deben dar pasos para reconocer lo que ha supuesto esta política para el vecindario y exigir a los gobiernos francés y español que pongan fin de una vez a esta situación».

Junto a ello, anunciaron que en las próximas semanas van a repartir en Barañain más de 10.000 revistas en las que se recogen los datos de la dispersión, además de testimonios y entrevistas con personas afectadas, «con el fin de socializar la vulneración de derechos que se ha cometido y se continúa cometiendo».

Uno de los entrevistados es José Luis Guerra, que viajaba con su compañera Karmele Solaguren el día en que sufrieron el accidente cuando se dirigían a visitar a su hijo Ekain, preso a 500 kilómetros de su casa. «No fue un hecho aislado. La mató una decisión política», afirma.

En el dosier también figuran las otras quince personas muertas a causa de la dispersión.