El recurso del Gobierno español al Tribunal Constitucional supone la suspensión automática, al menos por cinco meses, de los artículos medulares de la Ley de Víctimas de la violencia del Estado, aprobada por el Parlamento de Gasteiz en junio del año pasado. Al no poder constituirse la comisión de valoración de los casos, resulta imposible que las víctimas reciban el reconocimiento y la reparación a la que tienen derecho.

El Ejecutivo de Mariano Rajoy sostiene que solo los jueces y tribunales pueden investigar hechos que, por sus consecuencias, constituyen delitos recogidos en el Código Penal. Pero se da la circunstancia de que la ley vasca no pretende juzgar delitos ni buscar y castigar a sus culpables, sino ofrecer una reparación a las víctimas sin personalizar a los delincuentes.

EH Bildu: «Manda Madrid»

Ante este recurso, la portavoz parlamentaria de EH Bildu, Maddalen Iriarte, sostuvo que «demuestra que la bilateralidad que nos venden Urkullu y Ortuzar es una quimera. No hay bilateralidad posible con el Gobierno español. El PNV acaba de pactar su apoyo a los presupuestos de Rajoy, nos han hablado de bilateralidad y a las primeras de cambio el PP ya les ha dejado claro quién manda».

Asimismo, Iriarte afirmó que «el recurso es una prueba más del desprecio con el que el Estado español trata a las cientos de víctimas que ha provocado».

Pili Zabala: «Insensibilidad»

La parlamentaria de Elkarrekin Podemos Pili Zabala, hermana de Joxi Zabala, denunció que el recurso del Gobierno español es un «error ético y político» que demuestra la «insensibilidad» del PP respecto a los damnificados por vulneraciones de derechos humanos de las FSE.

Zabala mostró su «desilusión» ante la decisión del Gabinete de Mariano Rajoy, dado que el recurso se dirige contra una ley que, aunque «corta», avanzaba en la reparación de unas víctimas «que hasta ahora no habían sido reconocidas».

La ley recurrida reconoce a las víctimas de la violencia del Estado entre los años 1979 y 1999 y establece indemnizaciones, aunque inferiores a las de las «víctimas del terrorismo».