El portavoz de Sare Joseba Azkarraga encabezó la delegación de la red ciudadana que ayer se trasladó a Madrid para reunirse con distintos portavoces y representantes políticos, con el objetivo de pedir pasos hacia el fin de la excepcionalidad en el nuevo escenario abierto por el desarme de ETA.

Uno de los primeros encuentros y el más significativo fue el celebrado con Margarita Robles, diputada del PSOE y uno de los pesos pesados en el equipo de Pedro Sánchez. Robles es además jueza y fue secretaria de Estado del Ministerio del Interior entre 1994 y 1996.

También se reunieron los enviados de Sare con Esther Capella, parlamentaria de ERC; Lourdes Ciuro, de PDeCAT; Nagua Alba y Eduardo Maura, de Podemos; y Mikel Legarda (PNV).

El objetivo de la red era trasladar a los dirigentes políticos «la situación de las personas presas en cárceles españolas». En este sentido, les transmitieron «la doble necesidad de terminar con la legislación especial que se aplica a las personas presas, y de adoptar decisiones democráticas y humanitarias, tanto en el ámbito político como en el judicial, tras el nuevo ciclo que se ha abierto con el abandono de las armas por parte de ETA».

No mirar hacia otro lado

Por la tarde, Azkarraga participó en una mesa redonda junto al catedrático de Derecho Administrativo de la UPV-EHU Iñaki Lasagabaster y con Pepe Mouliá, exfuncionario de prisiones que habló de su experiencia en el ámbito penitenciario. En su intervención, Azkarraga expuso la necesidad de avanzar en la solución de las consecuencias del conflicto, entre las que se encuentra la situación de 338 presos «cuyos derechos internacionalmente aceptados están siendo violados repetidamente».

«Democráticamente, no resulta aceptable que, una vez producido el fin de la violencia y, lo que es más importante, la imposibilidad de que esta se reproduzca, el Gobierno español y una parte de su Justicia sigan actuando como si nada hubiera cambiado y aplicando una política basada en la venganza, despreciando normativas legales y políticas humanitarias», reflexionó Azkarraga.

En concreto, denunció el alejamiento, que se impida la excarcelación de los presos enfermos o que se mantenga una legislación de excepción. «Dejen de mirar a otro lado ante todo ello», reclamó.

Mendia confirma que Lakua y Madrid hablan de un traspaso

La transferencia de la gestión de las prisiones a los gobiernos de Gasteiz e Iruñea es una cuestión que en los últimos meses se viene planteando en diversos círculos y, según afirmó ayer la secretaria general del PSE, Idoia Mendia, Lakua y Madrid están «empezando a hablar» sobre dicha cuestión. No obstante, destacó que esa transferencia no compromete cambios en política penitenciaria, cuestión que, destacó, «corresponde el Gobierno de España». Asimismo, priorizó otras cuestiones como la renovación del parque de prisiones, que en la CAV ve «paralizada», como la construcción de la nueva cárcel de Donostia.

Ciertamente, que Lakua e Iruñea pasasen a gestionar las prisiones ubicadas en territorio vasco no garantizaría el fin de las medidas de excepción de los presos y presas vascos a no ser que estos fueran trasladados a esas cárceles. En el momento actual únicamente dos de los 338 presos en los estados español y francés se encuentran en prisiones vascas, y por enfermedades graves. GARA