GARA
DONOSTIA

Las cláusulas hipotecarias, en un ineficaz vía crucis

Después de que se viera obligado a hacerlo para cumplir las sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, a mediados de enero el Gobierno español estableció un procedimiento alternativo a la vía judicial para que los afectados por las cláusulas abusivas de las hipotecas pudieran recuperar el dinero pagado de más. En medio de las críticas de las asociaciones de consumidores, el Ejecutivo ha creado ahora una peculiar comisión de seguimiento.

La asociación de consumidores Adicae cree que la comisión de seguimiento sobre las cláusulas suelo cuya creación aprobó ayer el Consejo de Ministros es una «quimera vacía de eficacia» que no repara los abusos a los consumidores cometidos por los bancos. Por su parte, la OCU resalta que el nuevo organismo no tendrá capacidad sancionadora y se limitará a informar de forma semestral sobre las irregularidades que cometan los bancos durante el proceso. Concretamente, se encargará de recabar y evaluar la información que le traslade el Banco de España (BdE) obtenida de las propias entidades de crédito.

En principio, en la comisión de seguimiento estarán representados los consumidores, los abogados y los bancos –estos a través de la Asociación Española de Banca (AEB)–, según señaló Facua-Consumidores en Acción, que no participará en la misma, a la que calificó de «pantomima», destacando que «llega con cuatro meses de retraso». «No vamos a servir al Gobierno de convidado de piedra para ayudarle a lavar la cara a los bancos», advirtió.

Aunque todavía no había analizado todos los detalles del texto aprobado ayer por el Gobierno español, de entrada Adicae comentó que este mecanismo extrajudicial no solo denota «un monumental fracaso» del Ministerio de Economía en la defensa de los consumidores, sino también «su propio carácter engañoso y de protección del sector bancario». Por ello, incidió en que el Ejecutivo de Mariano Rajoy persigue «legitimar» el abuso al que están siendo sometidos por los bancos cientos de miles de personas consumidoras y generar la falsa idea de que se han establecido mecanismos eficaces de resolución de un escándalo.

Adicae criticó también la «vergonzante» actitud de la mayoría de las entidades financieras, ya que considera que siguen sin asumir el carácter abusivo de unas prácticas «perpetuadas durante casi una década sobre millones de consumidores». Afirmó que la banca sigue aplicando «suelos» en los contratos hipotecarios y rechaza la devolución íntegra de las cantidades indebidamente cobradas.

La Abogacía, también en contra

La actuación del Gobierno del PP en esta materia también ha provocado el rechazo en otro de los estamentos que deben componer la comisión de seguimiento, aunque en este caso el tema trasciende más allá del ámbito administrativo.

Hace una semana, el Pleno del Consejo General de la Abogacía Española acordó, por unanimidad, mostrar su expreso rechazo al proyecto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para crear en cada provincia un solo juzgado de primera instancia especializado en cláusulas hipotecarias. El colectivo de letrados entiende que este plan produce un sobrecoste añadido para los ciudadanos, que tendrán que destinar recursos económicos a los «necesarios y, en ocasiones, dificultosos desplazamientos motivados por el procedimiento judicial». Y ello también generaría «una clara desigualdad» respecto a los bancos.

En un comunicado, los abogados recordaron que la Ley Orgánica del Poder Judicial ya establece que el CGPJ podrá acordar «de manera excepcional y por el tiempo que determine» que uno o varios juzgados de la misma provincia y del mismo orden jurisdiccional asuman el conocimiento de determinadas clases o materias de asuntos.

Unos 2.500 casos llegarán hasta los tribunales en la CAV

Según informó ayer el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), está previsto que los juzgados de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa tengan que resolver sobre unos 2.550 asuntos relativos a cláusulas suelo y otras cláusulas abusivas en contratos de financiación con hipoteca cuyo prestatario sea una persona física. En cada uno de este tres herrialdes se dedicará a estas tareas un juzgado específico y lo mismo ocurrirá en Nafarroa.

En el caso de Bizkaia, desde el próximo jueves, 1 de junio, el Juzgado de Primera Instancia nº 11 de Bilbo será el competente para resolver los 1.250 casos que se prevén en este territorio. Para ello, contará con un juez de refuerzo, un letrado y cuatro funcionarios más, quienes estarán ubicados en un espacio separado del juzgado propiamente dicho. Durante el primer mes se compatibilizará la atención al juzgado con la formación. En cambio, los juzgados asignados en Donostia y Gasteiz entrarán en funcionamiento el 1 de julio porque van a dedicar el primer mes a la formación. GARA