GARA
BRUSELAS

El sector del acero pide a Bruselas que no recargue sus emisiones

El lobby del acero europeo considera que una subida de los costes a los que tiene que hacer frente por la emisión de gases de efecto invernadero iría en contra de este sector industrial y podría favorecer a los de terceros países. Paradójicamente, muchas de las empresas siderúrgicas europeas son multinacionales con plantas en otros continentes. Actualmente, el precio medio de la tonelada de CO2 emitida ronda los 4 euros, en lugar de los 25 que se habían previsto.

La asociación Eurofer ha pedido a las instituciones comunitarias que la inminente reforma del Sistema de Comercio de Emisiones de la UE (ETS, por sus siglas en inglés) para el periodo 2021-2030 no perjudique a la industria siderúrgica. «En Europa, debemos ser capaces de producir aceros innovadores que apuntalen la sociedad moderna y ayuden a reducir las emisiones de CO2» a través de un esquema que «preserve una industria del acero sostenible y globalmente competitiva», señaló en una carta abierta publicada ayer.

El director general de esa plataforma, que representa el 100% del acero producido en Europa, Axel Eggert, se dirigió al Consejo Europeo, el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, con una carta rubricada por los presidentes de 76 empresas siderúrgicas, entre ellos los de Aceros Inoxidables Olarra, Arcelor Mittal Europa, Celsa, Sidenor, Tubacex y Tubos Reunidos.

Esas instituciones iniciarán hoy la última fase de negociación para actualizar un sistema que representa el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero en la UE y se aplica a 11.000 plantas industriales con gran consumo de energía. «Pueden evitar cargar al sector con mayores costes que constreñirían la inversión o que incrementarían el riesgo de pérdida de empleos en la UE y el cierre de plantas», señala la misiva.

Buscando el equilibrio

En funcionamiento desde 2005, el ETS fue el primer sistema del mundo para controlar las emisiones contaminantes y sigue siendo el más amplio, tal como subrayó la agencia Efe. El reto de su reforma reposa en encontrar un equilibrio para alcanzar las metas climáticas sin empujar a que las firmas industriales deslocalicen su producción fuera de la UE, aunque muchas de ellas ya disponen de factorías fuera del Viejo Continente.

Para mantenerse en los márgenes establecidos, las empresas pueden elegir entre invertir en tecnologías menos contaminantes o comprar derechos de emisión en el mercado. El importe de esos derechos debería rondar los 25 euros por tonelada de CO2 emitida, pero la caída de la demanda como consecuencia de la crisis económica, entre otros factores, ha hecho que a partir de 2008 los precios tocaran niveles de 4 euros, cuantía que no supone un incentivo para la transición tecnológica.

Pese a ello, Eurofer afirma que la legislación europea genera «grandes costes» y teme que el nuevo ETS pueda favorecer «importaciones de competidores de terceros países que no tienen esos costes y que dejan una huella de carbono mucho mayor».

Una comisión de la CPLC insta a elevar los precios del carbono

Un informe de alto nivel publicado ayer reclama un fuerte incremento del precio de la tonelada de CO2 –que debería ser, al menos, de 40 a 80 dólares en el año 2020, y de 50 a 100 dólares en 2030– para respetar el objetivo de mitigación del calentamiento global establecido en el Acuerdo de París. «Una tarificación del carbono bien concebida es un elemento indispensable de una estrategia eficiente de reducción de las emisiones (de gas invernadero)», subraya el documento redactado por una comisión presidida por los economistas Joseph Stiglitz y Nicholas Stern, según recogía ayer AFP.

Creada en el seno de la Coalición de Liderazgo para la Fijación del Precio del Carbono (CPLC, siglas en inglés), el objetivo de esta comisión económica era examinar los niveles de precios susceptibles de inducir los cambios de comportamientos (en las inversiones, la producción o los modos de consumo) necesarios para la lucha contra el cambio climático, «favoreciendo el crecimiento económico y el desarrollo».

La comisión recuerda que, a día de hoy, el 87% de las emisiones globales no están tarifadas, y que tres cuartas partes de las que sí lo están se cubren con un precio inferior a 10 dólares por tonelada de CO2. Tras asumir que «hace falta tiempo» para poner en marcha mecanismos de tarificación, insta a los estados a que se pongan a trabajar en ello «desde ya». GARA