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Bruselas plantea sanciones para los agentes que ayuden a la evasión fiscal

Bancos, asesores y abogados, es decir, intermediarios fiscales, deben informar a las autoridades tributarias cuando den asesoría que pueda ayudar a evadir impuestos en la UE, según el plan presentado hoy por Bruselas, que prevé sanciones para quienes no cumplan.

La Comisión Europea se lanza a atajar la práctica de intermediarios que diseñan planes para permitir que particulares y empresas no tributen o reduzcan sus contribuciones, especialmente a través de «ingeniería fiscal» trasnfronteriza.

La propuesta se conoce en pleno escándalo por casos que implican a iconos del fútbol como Cristiano Ronaldo o Jose Mourinho, aunque Bruselas no apunte de forma específica al mundo del deporte. «Hay personas, empresas e instituciones que ganan mucho dinero por ayudar a la gente a evadir impuestos», señaló el comisario de Asuntos Económicos, Pierre Moscovici, durante la presentación de la propuesta.

«Fuera de radar»

La legislación propuesta, que aún debe ser negociada y aprobada por los estados y por la Eurocámara, recoge una serie de «marcas distintivas» características de las estrategias típicas de evasión, como el uso de pérdidas para reducir la cantidad de impuestos que se deben pagar, el uso de regímenes fiscales especialmente beneficiosos o los acuerdos a través de países que no cumplen con los estándares internacionales de buena gobernanza fiscal. Cuando los planes elaborados para sus clientes cumplan con alguna de esas «marcas» deben informar a las autoridades.

«No todos en este sector están involucrados en la planificación fiscal agresiva (...), pero algunos intermediarios han ido más allá de estos servicios, en un territorio mas sombrío», precisó Moscovici, quien reconoció que los asesores proporcionan servicios esenciales.

El comisario añadió que sin estos asesores, «que hasta ahora han permanecido fuera del radar», la evasión fiscal internacional «no podría ocurrir como ahora».

El Ejecutivo comunitario deja en manos de los Estados fijar sus propias sanciones para quienes incumplan y confía en que estos requisitos y «el riesgo reputacional» para quienes se salten la norma actúen como medida disuasoria.