El presidente francés, Emmanuel Macron, reunió ayer a su recién remodelado Gobierno, en un consejo de ministros con un controvertido punto en el orden del día: el proyecto de nueva «legislación antiterrorista».

«El nivel de amenaza en Francia es extremadamente elevado». Con esa aseveración defendió ayer el ministro de Interior, Gérard Collomb, el proyecto de ley que sustituirá al conjunto de normas excepcionales adoptadas por el Gobierno francés tras los atentados de 2015.

Macron pretende prorrogar hasta el 1 de noviembre el estado de urgencia. Se trataría de la sexta prórroga, lo que marcaría el periodo más largo en que el Estado francés ha limitado derechos fundamentales, fuera de periodos de guerra.

Antes del 15 de julio, cuando el anterior periodo de estado de urgencia llegue a su fin, la Asamblea Nacional deberá dar su aprobación a la prórroga.

Hasta la fecha, la medida ha sido ampliamente secundada en el Parlamento, aunque en la nueva Cámara promete levantar voces, particularmente en la bancada de la izquierda, que cuestionarán las implicaciones de ese estado de excepción. Máxime cuando a las puertas del consejo de ministros de ayer se difundía el informe realizado por juristas del Centro de Investigaciones y Estudios sobre Derechos Fundamentales (Credof).

Los expertos han revisado 800 decisiones adoptadas al amparo del estado de urgencia.

Solo en entre enero de 2015 y enero de 2017 unas 650 personas o asociaciones han presentado reclamaciones ante la Justicia por decisiones contrarias a sus derechos. Las autoridades han abierto 7.500 procedimientos al amparo de ese instrumento excepcional, habiendo ordenado en ese periodo 4.200 registros, 710 asignaciones a residencia y decenas de cierres de establecimientos.

La nueva norma matizaría algunos puntos del proyecto inicial, para evitar la amonestación del Consejo Constitucional. En todo caso, seguiría reservando a los prefectos el uso discrecional de mecanismos que han dependido del control de los jueces, como las asignaciones a domicilio y la restricción del uso de espacios públicos, o de los alcaldes, como en el caso de cierre de locales públicos.