Pese al espejismo que puede haber construido la integración europea, la muga que divide Euskal Herria administrativamente sigue muy vigente, y no solo para los vascos. Durante los últimos cinco años, cada día han sido expulsados en la frontera de Irun –ya sea del Estado español al francés o viceversa– cuatro migrantes. En total, 7.467 personas han sido devueltas de un Estado a otro sin procedimiento administrativo ninguno entre los años 2012 y 2016. La cifra completa de devoluciones exprés de migrantes entre el Estado español y francés durante este periodo asciende a la friolera de 26.994 personas.

Así consta en las últimas informaciones entregadas por el Gobierno español al senador de EH Bildu Jon Iñarritu. El pasado mes de mayo el Gobierno ya avanzó unas primeras cifras, pero sin especificar si se trataba de las devoluciones realizadas por la Gendarmería a la Policía española o viceversa. En esta ocasión, la información aparece convenientemente desglosada, y de ella se extrae que durante cinco años 5.842 personas fueron expulsadas por la vía rápida desde el Estado francés al español a través de Irun. En sentido contrario, de sur a norte, fueron 1.625 las personas devueltas.

El marco jurídico que ampara estas expulsiones es el Acuerdo de Málaga, firmado en 2002 entre ambos gobiernos, en el cual se establece que un ciudadano de un tercer Estado que cruce la frontera entre el Estado francés y el español sin los papeles en regla puede ser devuelto al Estado desde el que cruzó la frontera en el plazo de cuatro horas sin ningún tipo de procedimiento administrativo. Se trata de un marco legal que nadie ha impugnado y que, por tanto, se mantiene vigente, pero que entra en flagrante contradicción con numerosas normas internacionales y estatales, empezando por la propia Ley de Extranjería española, según explica el sociólogo del Derecho Iker Barbero.

Este profesor de la UPV/EHU, que es además investigador principal del proyecto Iusfundie sobre los derechos fundamentales y formas contemporáneas de detención, internamiento y expulsión de personas extranjeras en situación irregular, explica que «no es lógico» que un acuerdo de estas características dé amparo a expulsiones «sin formalidad ninguna», en contra de lo que apunta la propia Ley de Extranjería, que establece que para poder expulsar a una persona a otro Estado se tiene que dar un procedimiento administrativo con ciertas garantías para la persona amenazada. Además, incluye una asistencia letrada que, según remarca Barbero, «resulta prácticamente imposible garantizar cuando la devolución exprés se da en un plazo de cuatro horas».

«La Ley de Extranjería establece que debe ofrecerse asistencia jurídica gratuita a quien está en riesgo de ser expulsado, pero con el acuerdo de Málaga ni siquiera hay tiempo real de presentar alegaciones ni pruebas», dice Barbero, que también señala que el Acuerdo de Málaga «entra en contradicción» con otras normas superiores como la Directiva europea de Retorno y los tratados internacionales, que «reconocen garantías procesales a toda persona sometida a un proceso de deportación».

Frontera desconocida

Barbero destaca, por último, que «la frontera entre los estados español y francés es un campo desconocido para el mundo académico jurídico», desconocimiento al que se suma la sociedad vasca. «Se habla mucho, socialmente y académicamente, de las fronteras en Ceuta y Melilla, o de los Centros de Internamiento de Extranjeros en Barcelona y Madrid, entre otros, pero en Euskal Herria no somos conscientes de que tenemos una frontera en la que hay personas que son expulsadas cada día», asegura Barbero, recordando además que en Hego Euskal Herria se acostumbra a olvidar que sí que hay un centro de internamiento de extranjeros en territorio vasco. Es el de Hendaia –cerrado desde que el Gobierno decretó un estado de emergencia que se mantiene–, donde el 70% de los internados suelen ser personas expulsadas precisamente de la muga de Irun, según cifras de la Cimade.

Con una mirada más global, Barbero concluye que «Europa, con la reintroducción paulatina de los controles fronterizos, ya sean temporales o camuflados como controles de otro tipo, está acabando con uno de sus elementos definitorios, que es la libertad de circulación».