Ainara LERTXUNDI
FIN DEL PROCESO DE DEJACIÓN DE ARMAS DE LAS FARC

Próxima estación, el congreso constitutivo del nuevo partido

Después de más de cinco décadas, las FARC-EP han dejado de ser una organización armada. «Nuestra única arma será la palabra», afirman al tiempo que exigen al Estado que cumpla su palabra.

Una vez consumada la dejación de armas, las FARC-EP se aprestan a dar el salto a la política. En agosto, previsiblemente a final de mes, celebrarán el congreso constitutivo del nuevo partido. Llevan ya meses trabajando sobre «Las 61 tesis de abril» que toman como punto de partida «el marxismo, el leninismo, el pensamiento emancipatorio bolivariano y, en general, las fuentes del pensamiento crítico y revolucionario de los pueblos». A través de ellas aspiran a «representar y expresar las aspiraciones históricas de la clase trabajadora en los centros urbanos y las zonas rurales».

«Vamos aplicar la guerra de guerrillas aprendida durante tantos años de confrontación a la política. Ese es, tal vez, nuestro mayor potencial», afirmó desde Oslo el miembro del Secretariado Pastor Alape.

También desde Oslo, el todavía jefe del Estado Mayor Central de las FARC, Timoleón Jiménez o, mejor dicho en esta nue- va etapa, Rodrigo Londoño Echeverry, su nombre de pila, pedía a la clase política colombiana y, en general, a la sociedad «dejar a un lado los egoísmos, las aspiraciones grupistas y los protagonismos» en aras a crear un frente amplio a favor de la construcción de la paz. Una aspiración que, admitía, «no es fácil, pero tampoco es imposible».

Un deseo y una necesidad imperante en un escenario fuertemente polarizado y que aún lo estará más conforme se acerque la campaña electoral para las presidenciales de 2018.

El expresidente Álvaro Uribe ha dejado claro por activa y por pasiva que si gana, lo primero que hará será modificar sustancialmente lo acordado en La Habana. La unidad, libre de egos, que reclama Londoño Echeverry se antoja más necesaria que nunca; solo así se podrá evitar otro abrupto giro como el que supuso el plebiscito del 2 de octubre. Uribe, el exprocurador Alejandro Ordóñez, las iglesias evangelistas... acertaron en su estrategia de generar miedo en la población de los núcleos urbanos, alejados del conflicto y donde amplias capas de la sociedad perciben con cierta incomodidad tener que convivir con quienes empuñaron un fusil.

Si el panorama político se dibuja complicado, la muerte desde la firma de los acuerdos de cuatro guerrilleros amnistiados o indultados y de ocho familiares cercanos genera incertidumbre y preocupación no solo en las filas guerrilleras. En la mente de todos está el precedente de la Unión Patriótica. El próximo 1 de agosto, saldrán los contenedores de la ONU con todo el armamento individual de los guerrilleros y ese día desaparecerá la figura jurídica de las Zonas y Puntos Veredales, que pasarán a convertirse en Zonas Especiales de Reincorporación y los excombatientes pasarán a ser ciudadanos de pleno derecho.

Ante la pregunta de si le teme a la muerte, Pablo Catatumbo, miembro del Secretariado y con una vida dedicada a la guerrilla a sus espaldas, decía lo siguiente: «A uno lo que a veces le da como preocupación y rabia es que después de tanto esfuerzo y tanta lucha, vayamos a perder la vida pendejamente. Eso sí que no me gustaría. Porque si no se perdió la vida en la guerra, no sería justo que uno viniera a morir a manos de un sicario por falta de protección, por falta de asumir medidas que hubieran podido evitarlo».

En eso, la máxima responsabilidad recae sobre el Estado, que desde ya debe activar los mecanismos de protección previstos en los Acuerdos.