La Guardia Civil puso la música por medio de interrogatorios sin mandato judicial y el jefe del Estado español, Felipe de Borbón, puso la letra: «Fuera de la ley solo hay arbitrariedad, imposición e inseguridad». Estaba más que anunciado que, en su esfuerzo por impedir el referéndum catalán anunciado para el próximo 1 de octubre, el Estado español centraría su esfuerzo represor en el cuerpo funcionarial de la Generalitat y en las empresas proveedoras de los servicios necesarios para realizar un plebiscito en condiciones; y ayer mismo la Guardia Civil empezó a recorrer dicha vía interrogando a un número indeterminado de funcionarios, cargos públicos y responsables de empresas proveedoras.

La liebre la destapó a primera hora de la mañana Catalunya Ràdio, explicando que personas relacionadas con los preparativos del referéndum estaban siendo llamadas a declarar ante la Guardia Civil desde el martes.

Sin confirmación pública oficial de ningún tipo, la mayoría de medios catalanes fueron confirmando la noticia durante la mañana, si bien quedaron lagunas aún sin aclarar. La más importante de todas: el origen de la orden de los interrogatorios. Fuentes de la Guardia Civil aseguraron a “La Vanguardia” que actuaron siguiendo órdenes judiciales. Sin embargo, citando fuentes del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC), Nació Digital aseguró que ningún juzgado catalán ordenó interrogatorio alguno. El diario “Ara” confirmó la noticia con la misma fuente, añadiendo en este caso que el instituto armado «es autónomo para decidir a quién interroga».

La iniciativa sería, por tanto, obra exclusiva de la Guardia Civil, que investiga las posibles actuaciones ilícitas de la Generalitat en la causa abierta en un juzgado de instrucción a raíz de las supuestas revelaciones que realizó el exsenador de ERC y exjuez Santi Vidal.

La decisión de comenzar interrogatorios sin orden judicial confirmada persigue de este modo condicionar la labor de funcionarios rasos, cargos públicos y empresas proveedoras, ya que es complicado intuir qué tipo de delitos se pueden achacar a los hechos investigados con los interrogatorios de ayer: la web del Pacto Nacional por el Referéndum (PNR), que fue creada por la Generalitat y cuya gestión posterior corrió a cargo del propio PNR, y la campaña de la conselleria de Exteriores para crear un registro de catalanes residentes en el exterior.

El voto exterior, en vilo

Dada la imposibilidad de utilizar el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) en manos del Estado, la Generalitat puso en marcha la creación de un registro propio, aunque sin explicitar oficialmente que se trata de parte del censo para un referéndum que todavía no ha sido jurídicamente convocado. En el marco de la campaña publicitaria, sin embargo, el reclamo para inscribirse en el registro era un mapa del Principat con las palabras «Sí o No» impresas encima, junto a una llamada genérica a «participar en el futuro» de Catalunya.

De ahí que algunos de los llamados a declarar estuviesen vinculados a dicha campaña. Según se publicó ayer, un trabajador del área de difusión del departamento de Presidència y varios trabajadores de la agencia privada de publicidad que diseñó el anuncio declararon ante la Guardia Civil en el marco de una investigación a la que es difícil ver futuro judicial. Otra cosa son los efectos políticos.

 

Puigdemont denuncia presiones a fabricantes de urnas y proveedores informáticos

Los interrogatorios de la Guardia Civil y el concurso desierto para la compra de urnas protagonizaron ayer la sesión de control al Govern celebrado en el marco del pleno del Parlament, donde el president, Carles Puigdemont, denunció las presiones a las que el Estado español está sometiendo «a los fabricantes de urnas y a los proveedores informáticos».

«Tenemos a la Fiscalía hasta donde tenemos todo el derecho a actuar, se está poniendo bajo las órdenes de grupos políticos, se ha convertido en espanta-funcionarios», aseguró Puigdemont, que añadió que «lo más importante no serán las urnas, sino las papeletas que habrá dentro» y que pondrá «cada ciudadano».

«Hay un Estado que tiene un gran interés en pedir testimonio a empresas fabricantes de urnas o elaboradoras de un sistema informático, y no tiene ningún interés en rescatar los más de 60.000 millones de euros del rescate a la banca», subrayó el president, que utilizó el editorial del “New York Times” para subrayar «la mala imagen» que está dando el Estado en el mundo. «Un diario que no es radical, que no está fanatizado y en el cual no hemos invertido ni un euro, les dice a ustedes que están haciendo el ridículo», sentenció. B.Z.