GARA
caracas
CRISIS EN VENEZUELA

Un helicóptero policial sobrevuela y amenaza al Tribunal Supremo

Las Fuerzas Armadas venezolanas están en alerta después de que un helicóptero policial sobrevolara y disparara contra el Ministerio del Poder Popular y el TSJ, según el Gobierno, que apuntó que cuatro granadas fueron lanzadas contra la sede judicial. El autor de este ataque es un inspector de la Policía científica que pidió la renuncia de Maduro.

Un inspector de la Policía científica de Venezuela, identificado como Oscar Pérez, sobrevoló ayer las sedes del Ministerio del Poder Popular y del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en Caracas en un helicóptero de este cuerpo de seguridad con un mensaje que pedía «libertad». Más tarde, en un vídeo en el que aparecía junto a cuatro uniformados encapuchados, exigió el restablecimiento del orden constitucional y la renuncia del presidente, Nicolás Maduro, que activó «toda la Fuerza Armada para defender la tranquilidad» y capturar a los responsables, cuyo paradero se ignora.

El Gobierno denunció «un ataque terrorista armado» parte de una «escalada golpista», que no conseguirá detener el proceso para elegir una Asamblea Constituyente, y aseguró que desde el helicóptero, que pertenece al cuerpo de investigaciones científicas (CICPC) y fue «secuestrado» en una base militar de Caracas, se realizaron quince disparos contra la sede ministerial y, poco después, se lanzaron cuatro gramadas contra el edificio judicial. Las autoridades informaron de que una de ellas no explotó y afirmaron que se trató de proyectiles de origen colombiano y fabricación israelí. La aeronave fue localizada en una localidad del estado Vargas, cercano a Caracas.

El martes circularon vídeos y fotos en redes sociales que mostraban un helicóptero policial sobrevolando edificios de Caracas, mientras a lo lejos se escuchaban detonaciones, aunque no se llegaba a ver si los disparos se realizan o las cuatro granadas mencionadas se lanzaban desde la aeronave. De ella cuelga un cartel que decía «350 libertad», en referencia al artículo de la Constitución que llama a desconocer «cualquier régimen» que contraríe las garantías democráticas y fue invocado por la oposición para desconocer al Gobierno de Maduro.

En su vídeo, el inspector Pérez, también actor, lee un comunicado en el que dice que «somos una coalición entre funcio- narios militares, policiales y civiles (...) en contra de este Gobierno transitorio y criminal». Y exige a Maduro su renuncia a la Presidencia y la convocatoria de elecciones generales.

Las autoridades, que emitieron una orden internacional de captura, informaron de que se están investigando los posibles vínculos de Óscar Pérez con la CIA y con la Embajada de EEUU en Venezuela, así como con el jefe de Inteligencia (1999-2013) y exministro de Interior y Justicia (2013-2014) Miguel Rodríguez Torres, a quien Maduro relacionó con la CIA e implicó en una supuesta trama golpista para promover una intervención militar de EEUU. El exgeneral Rodríguez, que fue compañero de armas de Hugo Chávez, negó esas acusaciones, que calificó de «sandeces».

El estamento militar, al que Maduro confirió gran poder político y económico, le ha jurado «lealtad incondicional».

Con las armas

Horas antes del incidente, el mandatario había advertido de que «si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate (...) y lo que no se pudo con los votos, lo tomaríamos con las armas». Y pidió a su homólogo Donald Trump «detener la locura» de la oposición, que multiplica sus protestas.

Esta declaración sobre la defensa armada de la revolución fue condenada por los opositores, a quienes el presidente exigió condenar el «ataque terrorista» realizado por el helicóp- tero, un hecho que levantó suspicacias al tener lugar tras varios días de continuas denuncias de Maduro de un complot para derrocarlo, y no descartaba que se tratara de una trama del Gobierno. «Sea lo que sea, es gravísimo», dijo Julio Borges, presidente de la Asamblea Nacional de mayoría opositora.

Borges denunció el martes un asedio de militantes chavistas contra el Legislativo, lo que obligó a varios diputados a permanecer hasta tarde en el hemiciclo. Antes se había producido una refriega entre militares y legisladores, que exigieron a los uniformados poder revisar unas cajas que ingresaron a la Cámara con supuestos documentos electorales.

Pulso judicial

Mientras tanto, el pulso judicial continuaba en Venezuela al rechazar el Supremo un recurso presentado por la fiscal general, Luisa Ortega, contra el método de elección de la Asamblea Constituyente y transferir a la Defensoría del Pueblo competencias de la Fiscalía General. La Defensoría podrá ahora tener acceso a todos los actos de investigación que se cursen ante el Ministerio Público y también solicitar a los órganos auxiliares de Justicia que se realicen diligencias de investigación.

Ortega, veterana chavista que se ha distanciado del Gobierno de Maduro, denunció ayer el «progresivo proceso de desmontaje del Ministerio Público» y aseguró que el Supremo pretende hacer con su institución lo mismo que hizo con la Asamblea, aunque recalcó que continuará con sus funciones. Y sostuvo que desconocerá las sentencias emitidas por «unos ilegítimos magistrados».

Afirmó que para el Gobierno «todo el país es terrorista», pero señaló que lo que existe es «terrorismo de Estado».

La CIDH condena las operaciones militares de «represión indiscriminada»

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha condenado las operaciones de «represión indiscriminada» realizadas en los últimos días en Venezuela por las fuerzas de seguridad, «mayormente por cuerpos castrenses».

Tras citar la muerte el 22 de junio de un estudiante «tras recibir disparos a quemarropa» durante una manifestación de apoyo a la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, y la un joven de 17 años por disparos en otra protesta en Caracas, la CIDH señala que ambas protestas fueron reprimidas, según denuncias recibidas, por agentes de de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), quienes habrían empleado gases lacrimógenas y armas de fuego.

La CIDH emplazó a Caracas a investigar con garantías y celeridad las muertes violentas registradas para que estos hechos no queden en impunidad y a «tomar de manera urgente las medidas necesarias para prevenir con rigurosidad el uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de seguridad del Estado».

Este organismo ya denunció la militarización de los operativos de seguridad ciudadana para disuadir e impedir el derecho a la protesta social pacífica y a la libertad de expresión.

El martes, testigos denunciaron la muerte de un joven en Maracay, transformada en ciudad sin ley por hordas de saqueadores, tras recibir un disparo en la cara durante los choques con la Policía cuando esta trataba, en vano, de impedir que la multitud siguiera arrasando las tiendas, informó AFP, a cuyo fotógrafo agredieron para robarle la cámara. Otras fuentes dijeron que el joven quedó en coma y que, tras ser operado, ayer se encontraba estable y evolucionaba favorablemente.

Los incidentes estallaron tras las protestas antigubernamentales del lunes y no hay comercio que haya escapado a la multitud ansiosa por llevarse todo a su paso. «No tienen hambre, son vándalos», se queja María Velasquez, mientras Gabriela Rodríguez, asegura que los saqueos empezaron porque los «colectivos» no reciben desde hace meses las bolsas de alimentos subvencionados que les proporciona el Gobierno. El propietario de una farmacia sostiene, por su parte que los saqueos son parte de un plan bien estudiado para «sembrar el terror y calmar las protestas» contra Maduro.

Exjefe del presidente en el Metro de Caracas, el ahora abogado David Vallenilla, de 56 años, no puede contener su ira tras perder a su hijo durante el asalto del jueves con cócteles molotov contra la base militar de La Carlota. El joven, de 22 años, recibió el impacto de cuatro bolas de plomo disparadas por los militares que repelieron el ataque. Vallenilla describe a Maduro como «un hombre que luchó por mejorar las condiciones de los trabajadores» y aunque admite que «ahora, sé que no es fácil», le emplaza a «escuchar» a los venezolanos que «no encuentran comida ni medicamentos».GARA