La guerra sucia, la tortura, la corrupción, la financiación de los partidos, los privilegios de la monarquía… que en la España posfranquista esos temas sean cuestión de Estado tiene su lógica, una lógica a la altura de su cultura democrática, pero un sentido, al fin y al cabo. Que una trifulca en un bar a altas horas de la madrugada en la que dos guardias civiles y sus parejas sufren lesiones de diversa consideración adquiera el rango de cuestión de Estado es tremebundo. Incluso para el Estado español, para sus medios, su clase política y su Judicatura, defender la injusticia, la venganza y la arbitrariedad a estos niveles resulta delirante.

La petición fiscal contra los jóvenes de Altsasu es sencillamente insostenible en clave de justicia: 62 años de cárcel para uno de ellos, para otros seis 50 años a cada uno y doce años y medio para la octava persona procesada. Un total de 375 años de prisión, sin mediar armas, ni lesiones irremediables, ni reivindicación, ni fugas, ni tan siquiera una organización… Tan solo porque la Judicatura, espoleada por grupos de presión y el Gobierno, ha decidido interpretar al límite una legislación especial diseñada para la «guerra contra el terror». Y porque diferentes estamentos, desde el PSOE hasta la propia Guardia Civil, no se han plantado ante este despropósito. Lo único que explica el tratamiento del caso de Altsasu es precisamente eso, que sucede en Altsasu. Esto lo ve un ciego. Pero la justicia española no es ciega. Con los vascos es sectaria y vengativa.

Hoy, ante todo, hay que recordar qué piden los familiares de los jóvenes de Altsasu, tres de los cuales siguen en prisión preventiva y alejados a 500 kilómetros: «No pedimos impunidad, ni posicionamientos de parte. Pedimos que se respete la presunción de inocencia, se realice una investigación rigurosa y neutral para el esclarecimiento de los hechos, se actúe con proporcionalidad y de manera ecuánime y respetando los principios del Estado de Derecho y las garantías procesales para un juicio justo».