«Miedo, preocupación, desamparo y total desconfianza». Estos son los sentimientos que genera la petición de la Fiscalía de la Audiencia Nacional a los padres y madres de los jóvenes procesados por la trifulca ocurrida el pasado 15 de octubre en bar de Altsasu, una pelea con dos guardias civiles fuera de servicio y sus parejas.

El fiscal José Perals atribuye a siete de los procesados –Oihan Arnanz, Jokin Unamuno, Jon Ander Cob, Julen Goikoetxea, Adur Ramírez de Alda, Aratz Urrizola e Iñaki Abad– cuatro delitos de «lesiones terroristas» y reclama 12 años y medio de cárcel por cada uno de estos delitos, lo que suma un total de 50 años para cada uno de estos siete jóvenes. A Oihan Arnanz le imputa además un delito de «amenazas terroristas», con lo que en su caso la petición se eleva a 62,5 años de cárcel. Y para la octava procesada, Ainara Urkijo, pide 12 años y medio de prisión también por «amenazas terroristas».

En una comparecencia multitudinaria organizada en la plaza Iortia, un día después de conocer la increíble calificación, Igone Goikoetxea, Koldo Arnanz y Gotzon Urrizola denunciaron que estas peticiones «se enmarcan dentro de la desproporción absoluta». «Y produce terror», añadieron.

«Sucesos similares y equivalentes, es decir, peleas o agresiones a fuerzas de seguridad estando de servicio o no, con lesiones más graves, han acarreado penas menores en otros lugares, raramente el ingreso en prisión. ¿Es diferente la justicia para las personas de Altsasu?», preguntaron antes de alertar de que «estamos asistiendo a una sobreactuación judicial, alimentada por una campaña mediática que ha distorsionado la realidad de este municipio».

Y advirtieron de que se está produciendo una «utilización extensiva del delito de terrorismo, lo que vulnera el principio de legalidad y el derecho a un juicio justo». En este sentido, destacaron que ellos no reclaman impunidad, ni posicionamientos de parte. «Pedimos a la sociedad, a las instituciones y a todo tipo de entidades que defiendan el derecho a la presunción de inocencia, el derecho a un juicio con garantías procesales, el derecho a que la ley no sea utilizada de manera extensiva y torticera, el derecho a la proporcionalidad. Pedimos en definitiva la defensa de los principios y la calidad democrática de un Estado de Derecho».

No en vano, en el caso de Altsasu «no solo está en juego el futuro de nuestros hijos e hija. Está en juego la protección de la sociedad ante la utilización abusiva y torticera de la ley. Está en juego la calidad democrática. Están en juego los derechos humanos que nos asisten. Está en juego la Justicia, porque en una democracia la justicia debe amparar a los ciudadanos».

Antes de concluir, instaron a todas las personas que se sienten indignadas por la calificación de la Fiscalía a que se sumen a la petición de “Queremos justicia. Lo de Alsasua no es terrorismo”. «Animamos a aquellas personas que hasta ahora han estado en espera de que el sentido común imperara y por ello no han mostrado su desacuerdo de manera pública, a que no esperen mas y den ese paso».

Podrán denunciar lo ocurrido con estos jóvenes mañana en Altsasu, donde está prevista una manifestación que saldrá a las 20.30 de la plaza Iortia, y el 14 de julio en una concentración convocada en la plaza del Castillo de Iruñea, el último día de Sanfermines. Están invitados a participar los partidos políticos que en privado nos muestran su disconformidad con lo que está ocurriendo, a los que animaron a que «digan públicamente lo que dicen en privado».

Por último, los padres y las madres reclamaron a partidos, sindicatos, organismos sociales, culturales «y de cualquier otro tipo» que «trabajen por la organización de un acto multitudinario y plural que sirva para alzar la voz de la sociedad navarra contra este despropósito».

Declaración del Consistorio

Cabe destacar que todos los grupos municipales de Altsasu, salvo UPN, votaron ayer a favor de una declaración institucional en la que el Consistorio manifiesta su «más rotunda discrepancia» con la petición de la Fiscalía, y muestra «una gran preocupación con el devenir de los acontecimientos, habiendo constatado que este caso ha llegado a un nivel de desproporción y sinrazón inaceptables».

Además, el Ayuntamiento de la principal localidad de Sakana hace hincapié en que «la desproporción que rodea este caso se enmarca en la dirección contraria a la normalidad y convivencia democrática», y reitera su apoyo «a la motivación de la Audiencia Provincial de Navarra respecto de la no concurrencia de indicios para que los hechos sean calificados como terrorismo». A este respecto, insiste en que la competencia para instruir y juzgar la reyerta de Altsasu «debiera corresponder a los juzgados de Pamplona», no a la Audiencia Nacional.

 

Avalancha de críticas a la desproporción y la calificación

La petición fiscal recibió ayer una avalancha de críticas tanto por la desproporción entre las condenas solicitadas y los hechos, como por la insistencia en que a los jóvenes se les acuse de terrorismo y su causa se esté viendo en la Audiencia Nacional.

La portavoz del Gobierno foral, María Solana, destacó la desproporción de la petición fiscal, al tiempo que aseguró no compartir la tipificación como terrorismo, en lo que recordó que coincide con la Audiencia Provincial que en su día «no vio concurrencia de indicios para calificar» así lo sucedido. El Ejecutivo se puso la pasada semana en contacto con el Ministerio de Interior, para reclamarle «el levantamiento de las medidas extraordinarias de aislamiento y separación» que pesan sobre los jóvenes que siguen encarcelados, aunque no ha obtenido respuesta. El Gobierno de Lakua se manifestó en términos similares.

En el Parlamento, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E han presentaron una declaración institucional aunque no pudo debatirse al no convocarse la Junta de Portavoces.

El alcalde de Iruñea, Joseba Asirón, también fue tajante en la entrevista que mantuvo en Radio Euskadi y habló sin tapujos de «salvajada», añadiendo que en la medida que sus obligaciones se lo permitieran, participaría en las convocatorias de manifestación que se hagan.

Sortu hizo público un comunicado en el que denuncia la «extrema crueldad» de la petición fiscal. ELA criticó la «barbaridad jurídica y política» que supone.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, criticó ante los periodistas en el Congreso que se dé tratamiento de terrorismo a la agresión que sufrieron dos guardias civiles y sus parejas en Altsasu, máxime cuando a su juicio la actividad de ETA ya «forma parte del pasado». «Estas medidas de excepcionalidad no son sensatas», concluyó.GARA

 

La AUGC apoya la petición y Savater la teoriza

La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) mostró ayer su apoyo a la petición de 375 años de cárcel por parte de la Fiscalía.

Por su parte, el filósofo Fernando Savater sostuvo que la agresión de Altsasu es un intento de «cosechar» los «efectos de la domesticación social» de ETA. Defendió que la sentencia judicial «será importante» porque la agresión –«no fue una gresca de bar», dijo, es «el intento» de grupos que «quieren determinar quién va a poder vivir».GARA