Cientos de puestos de trabajo en la industria de Araba, Bizkaia y Gipuzkoa penden del apoyo que les preste el Ejecutivo de Lakua para la financiación de su actividad y de proyectos que les den viabilidad. En los últimos años, son varios los ejemplos de empresas en las que la desinversión por parte del Gobierno autonómico abocó al cierre de estas. No es algo nuevo en un sector en el que, según los datos de la propia Viceconsejería de Industria, en el periodo 2008-2016 se perdieron más de 80.000 empleos, lo que supone el 8,5% de los existentes antes de la crisis económica global.

Esa pérdida acentuada del peso de la industria en la estructura productiva registrada en los tres herrialdes es consecuencia de la desaparición de pequeñas y medianas empresas, muchas de las cuales accedieron a programas de crédito; en otros casos, el capital público accedió a su accionariado, pero por razones no explicadas en profundidad se abandonó o no se supo ejercer una labor de liderazgo, al menos de defensa de los intereses generales.

Es el caso del Grupo CEL, con tres plantas en Artziniega, Gueñes y Zalla que dan empleo directo a 254 personas y a otro medio centenar de contratas. El Gobierno tenía un 40% de participación en esta compañía papelera –mantiene aún un crédito participativo de 2,5 millones– e Indarkia un 45%, que vendieron en mayo pasado a Zurbost Gestión, hasta entonces accionista minoritario con el 15%.

Los trabajadores consideran a Zurbost Gestión responsable de una situación que «ha abocado al grupo al concurso de acreedores y lo ha puesto al borde del cierre». Lo cierto es que, al tiempo que se anunció a la plantilla la presentación del preconcurso de acreedores, Lakua desaparecía de una empresa importante para Enkarterri.

CEL Technologies & Systems dejó de pagar el suministro eléctrico en enero cuando Lakua todavía era socio mayoritario, algo sorprendente, lo que ocasionó que hace un mes se cortase el abastecimiento a la planta matriz de Ecofibras, en el barrio zallarra de Aranguren, lo que a su vez obligó al cese de la actividad. La fábrica de Gueñes funciona gracias a un equipo electrógeno, pero la falta de materia prima les puede abocar pronto a la paralización total, igual que a la de Artziniega.

En Xey de Zumaia, otra empresa inmersa actualmente en un proceso concursal con 170 trabajadores, Lakua cuenta con el 30% de la propiedad, estando la mayoría del capital en manos del Grupo Mobiliario del Urola. El Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras manifiesta su disposición a participar en una ampliación de capital, operación que no asumen los accionistas privados.

La plantilla defiende que la firma de muebles de cocina y baño es viable a pesar de sus problemas de liquidez y de una deuda que la administración concursal cifra en cerca de 30 millones de euros.

Deslocalizaciones directas

Lakua también ha participado en empresas que obteniendo beneficios se marchan en busca de más. Es el caso de General Electric, que ha anunciado el cierre de su filial GE Renewable Hydro en Ortuella, dejando en la calle a 147 trabajadores, aunque podrían rondar los 200 contando a las contratas, y comprometiéndose inicialmente a dejar tan solo una oficina con 12 empleados.

La multinacional estadounidense se hizo cargo de las instalaciones de Alstom en esa localidad de Meatzaldea, donde se había producido una importante inversión que contó con el apoyo de las administraciones a distintos niveles.

Situación complicada también atraviesa Ingeteam, firma de la que es accionista Kutxabank. Este grupo internacional vendió recientemente Pine Instalaciones y Montajes al grupo empresarial asturiano Zyma, que está participado por el fondo de capital riesgo Springwater. Este fondo cerró con anterioridad Unipapel, teniendo sentencias condenatorias contra su administrador por descapitalización deliberada.

Algunos nombres se repiten en el caso de Aernnova, empresa que nace a través del impulso de Gamesa, que se creó gracias a capital público con acciones de Kutxabank. Springwater contaba hasta junio con el 47% del accionariado, que ha sido vendido al fondo de capital riesgo estadounidense TowerBrook.

La incertidumbre se mantiene en La Naval, donde Ingeteam fue socio con Astilleros Murueta. La que fuera una de las empresas públicas más emblemáticas de Bizkaia, ahora en manos privadas, cuenta con una plantilla de 180 trabajadores pero, en según qué periodos, alcanza los 1.800 subcontratados. El astillero de Sestao ha visto comprometido su futuro desde que fue privatizado a pesar del respaldo de capital público.

Vicrila tampoco atraviesa una situación fácil. El fabricante de vasos de vidrio se halla en proceso concursal y, periódicamente, se han ido presentando ofertas de inversores, en su mayoría fondos de inversión internacionales, que no acaban de materializarse. La planta de Lamiako recibió 19 millones de euros a través del fondo de capital riesgo Ezten y la sociedad de participación industrial Ekarpen.

 

Fátima Báñez defiende la «caja única» de la Seguridad Social en su visita a Gasteiz

El Ejecutivo de Mariano Rajoy no está por la labor de transferir a Lakua la gestión del régimen económico de la Seguridad Social, un «objetivo prioritario» para el Gobierno de Iñigo Urkullu. Así se desprende de las declaraciones de la ministra española de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, que ayer firmó en la capital alavesa un convenio de colaboración con las autoridades de la CAV.

«Nuestro sistema de pensiones es un modelo constitucional, un modelo de todos, en el que todos participamos independientemente del lugar donde vivamos. Esa es la garantía real del modelo, la caja única de las pensiones, que ha hecho posible pagar más pensiones que nunca en el País Vasco», destacó tras reiterar que «el gran corazón del sistema de bienestar en España es nuestro modelo de pensiones, un modelo solidario».

Por su parte, la consejera de Empleo y Políticas Sociales, Beatriz Artolazabal, recordó que el acuerdo de gobierno suscrito entre PNV y PSE incluye entre sus objetivos la gestión económica de la Seguridad Social. «Es una de las cuestiones que trabajaremos con el Estado. Intentaremos avanzar en esta materia», insistió ante Báñez.

En cuanto al convenio firmado ayer, explicó que este permitirá el intercambio de información entre la Tesorería de General de la Seguridad Social y el Servicio Público de Empleo Estatal con el Ejecutivo autonómico. El objetivo es compartir datos sobre trabajadores y empresas para avanzar en la lucha contra el fraude en el empleo.Ion SALGADO

 

La consejera Tapia presenta un plan que completa al expuesto en marzo

El Ejecutivo Urkullu aprobó ayer en Consejo de Gobierno el Plan de Industria 2017-2020, que contará con un presupuesto directo total de 1.225 millones para los cuatro ejercicios y otros 1.000 millones en forma de créditos y avales. Es una traslación del programa marco por el empleo y la reactivación económica expuesto en marzo por el lehendakari. El objetivo es que el sector alcance un 25% del PIB, una meta poco ambiciosa teniendo en cuenta que en 2016 se fijó en torno al 24%.

A nadie se le escapa que esta iniciativa gubernamental surge después de que oposición y sindicatos hayan cuestionado duramente la «inacción» en política industrial. La consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras defendió la labor de apoyo a empresas en crisis efectuada. Arantxa Tapia manifestó que la pasada legislatura solo cuatro firmas acudieron al programa específico para compañías que se enfrentan al cierre, pero que su departamento ayudó «de manera individualizada» a 175 firmas, de las cuales 165 salieron adelante, lo que, aseguró la consejera, supuso salvar 22.000 empleos

Cuestionada por el objetivo poco ambicioso respecto al PIB, Tapia contestó que alcanzar el 25% «es un objetivo alcanzable, pero no sencillo». «Ojalá que en cuatro años puede decir que era un objetivo poco ambicioso», añadió.

El plan apuesta por un territorio «más industrial en lo cuantitativo y cualitativo, con un tejido empresarial que compita en el nuevo paradigma de la industria 4.0». El proyecto, que será remitido al Parlamento para recabar las aportaciones de los grupos, incide en la necesidad de «sensibilizar y extender» la digitalización de las empresas, con iniciativas como el centro de ciberseguridad y un hub de innovación digital.

Tapia defendió que la digitalización de las empresas manufactureras requiere de tiempo, inversión y esfuerzo, por lo que advirtió de que se debe incidir en reducir la brecha digital entre las empresas.

El Plan de Industrialización se va a implementar sobre seis ejes de actuación, además de un séptimo transversal que hace referencia a la industria 4.0. Los ámbitos donde se plantea intervenir por parte de Lakua son el apoyo al desarrollo y competitividad de las pymes; proyectos industriales estratégicos; tecnología, innovación, industria avanzada; internacionalización empresarial: contexto para la competitividad; y personas formadas y empleo de calidad.

Entre las iniciativas destacadas, el Gobierno apuesta por un «realineamiento» de los instrumentos financieros con las nuevas necesidades de las empresas y las nuevas prioridades, incluyendo el impulso al crecimiento y arraigo de las empresas. Se propone también establecer acuerdos con regiones punteras de Alemania y Escandinavia, apostando por aumentar el suelo industrial disponible «con un nuevo enfoque adaptado a los cambios del entorno».A.G.