Iñaki VIGOR
IRUÑEA

El Gobierno navarro pide que se desmantele Garoña

El Gobierno de Nafarroa acordó en su sesión de ayer solicitar al Gobierno español el «desmantelamiento» de la central nuclear de Garoña, recordándole que se encuentra a un centenar de kilómetros del territorio navarro y que «cualquier incidencia» que ocurra en la misma «puede tener implicaciones directas» en amplias zonas del herrialde. La consejera María José Beaumont explicó las nueve alegaciones que han presentado contra la reapertura de la central.

El Gobierno de Nafarroa ha solicitado al Ejecutivo de Rajoy que sea denegada la petición para renovar la autorización de explotación de la central nuclear de Garoña, y también que se inicien «sin demora las actuaciones del cese de explotación» y el desmantelamiento de las instalaciones.

Esta solicitud, según expuso la consejera María José Beaumont, figura en el escrito de alegaciones aprobado por el Gobierno navarro para presentarlo en la fase de audiencia relacionada con la tramitación para renovar la autorización de explotación de la central.

El pasado 12 de julio el subdirector de Energía Nuclear anunció la apertura del plazo para que los interesados presentasen cuantas alegaciones y documentos estimasen pertinentes. El Gobierno de Nafarroa ha decidido presentar nueve alegaciones por entender que este herrialde podría verse directamente afectado por un fallo de Garoña.

Esta central fue inaugurada en 1971 y se declaró su cierre definitivo mediante una orden ministerial de julio de 2013, debido a que la empresa propietaria, Nuclenor, no renovó la autorización de explotación alegando falta de rentabilidad.

Sin embargo, posteriormente solicitó su reapertura hasta el año 2031, es decir, hasta que cumpla 60 años de actividad.

María José Beaumont recordó ayer que, tras conocer los planes de Nuclenor, el Gobierno de Nafarroa ya acordó, el 27 de enero de 2016, solicitar al Estado que no reabriese Garoña y que fuese desmantelada, porque «cualquier incidencia» de esta central «puede tener implicaciones directas en amplias zonas» del territorio navarro. El acuerdo precisaba que la zona más afectada sería la Ribera del Ebro, «densamente poblada» y con una actividad agraria muy importante para la economía de Nafarroa.

También argumentaba que, durante los más de 40 años de actividad, Garoña ha sufrido «serios problemas estructurales que han devenido en diferentes accidentes», y que su reactor es gemelo del reactor nº 1 de la central de Fukushima, afectada por un grave accidente en 2011.

El acuerdo del Gobierno constataba, asimismo, que durante los dos años y medio que entonces llevaba cerrada la central, la demanda eléctrica no se había visto perjudicada. «La posible reapertura de la central –añadía– no atiende a intereses generales ni desde el punto de vista social, ni medioambiental, ni de seguridad o de salud pública, y sí a intereses económicos particulares».

Las 10 más antiguas del mundo

En su comparecencia ante los medios de comunicación, Beaumont resumió las nueve alegaciones presentadas contra la reapertura de Garoña. La primera se refiere al «incumplimiento del deber legal» del Gobierno español de aportar al Ejecutivo navarro copia de todo lo actuado.

La segunda recuerda que Garoña es la central más antigua del Estado y que se convertiría entre las diez centrales más antiguas del mundo si entrara de nuevo en funcionamiento.

La tercera hace referencia al deber de respetar el marco normativo de instalaciones nucleares y radiactivas del Estado español. Las dos siguientes aluden a los primeros permisos de explotación de Garoña, entre los años 1970 y 1999, y al cierre unilateral de Garoña por parte de Nuclenor en diciembre de 2012, con la consiguiente orden ministerial de julio de 2013 que declara el cese definitivo de la explotación de la central.

La sexta alegación argumenta contra la posibilidad de reabrir la central hasta el año 2031; la séptima recuerda que «no concurre un verdadero interés público» en esta reapertura; la octava considera «inadmisible» que no se fije un plazo determinado en la autorización de explotación de Garoña, y la última advierte de que «está jugando con la seguridad de la ciudadanía y del medio ambiente».