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VARSOVIA

La UE da a Polonia un mes para rectificar su reforma judicial

La Comisión Europea (CE) dio ayer a Polonia un mes para rectificar las reformas de su sistema judicial y cambiar las leyes que a juicio de Bruselas ponen en riesgo el Estado de derecho, y reiteró su disposición a activar el artículo 7 que puede desembocar en sanciones si no se abordan estas preocupaciones. El Gobierno polaco tildó de «chantaje» las advertencias de Bruselas y remarcó que «la organización de la Justicia es competencia de los estados miembros».

El vicepresidente de la Comisión Europea (CE), Frans Timmermans, dio al Gobierno polaco un mes de plazo para que «solucione los problemas identificados» en relación a la reforma judicial impulsada por el ultraconservador Partido Ley y Justicia, que en los comicios de 2015 obtuvo la mayoría absoluta.

Timmermans consideró que el reciente veto del presidente polaco, Andrzej Duda, a dos de las polémicas leyes no resuelve todas las preocupaciones expresadas por Bruselas.

El lunes, Duda vetó el proyecto de ley sobre el Tribunal Supremo, que daba al ministro de Justicia el poder de nombrar a la mayoría de sus magistrados, y el de la reforma del máximo órgano de gobierno de los jueces.

Sin embargo, un día después, ratificó la ley que reforma el funcionamiento de los tribunales regionales y de apelación y permite al ministro de Justicia, quien también ha asumido las funciones de fiscal general, el nombramiento de magistrados.

«La recomendación pide a las autoridades polacas que no tomen ninguna medida para forzar el despido o la jubilación de los jueces del Tribunal Supremo. Si esto sucediera, la Comisión está dispuesta a lanzar el artículo 7 del Tratado de Lisboa», lo que podría suponer en última instancia la suspensión del derecho a voto de Polonia en las reuniones del Consejo de la UE, medida a la que hasta ahora nunca se ha llegado a recurrir.

«No tenemos objeciones contra una reforma del sistema judicial. Pero si se hace, que sea en pleno respeto de la Constitución y las obligaciones internacionales de Polonia, como los tratados europeos», resaltó.

La Comisión anunció un procedimiento de infracción por violación de la normativa europea, en concreto en materia de separación de poderes y de discriminación de género.

«Dar poder discrecional al ministro de Justicia para prolongar el mandato de jueces que han alcanzado la edad de jubilación, así como de despedir y asignar presidentes de los tribunales, socava la independencia de los juzgados polacos», sostuvo la Comisión. Igualmente, mostró su preocupación por la posible discriminación por razón de género que supone la introducción de una edad de jubilación diferente para las juezas (60 años) y para los jueces (65 años).

El portavoz del Ejecutivo, Rafal Bochenek, tildó de «chantaje» la postura de Bruselas. «Rechazamos que Timmermans formule críticas injustas a Polonia sin saber nada sobre nuestros proyectos de leyes y reglamentos». El ministro de Exteriores, Witold Waszczykowski, recordó que «el proceso de reforma judicial no se ha completado y no se puede aceptar ninguna intervención exterior».

Varsovia, Budapest y Praga, en el punto de mira

La Comisión Europea (CE) pasó ayer a la siguiente fase en el procedimiento de infracción abierto contra Polonia, Hungría y la República Checa por el rechazo de estos países a reubicar a solicitantes de asilo, según el plan de reparto comunitario aprobado hace dos años.

Deploró que, pese a los «reiterados llamamientos» para la adopción de medidas y la puesta en marcha de procedimientos de infracción el mes pasado, estos tres países sigan «incumpliendo sus obligaciones jurídicas» y «mostrándose indiferentes con respecto a sus compromisos para con Grecia, Italia y otros estados miembros».

Polonia no ha reubicado a nadie y no ha ofrecido ninguna plaza desde diciembre de 2015. La República Checa tampoco ha reubicado a ningún refugiado desde agosto de 2016 y no ha ofrecido ninguna plaza durante más de un año.GARA