Al Shabab ha tomado a los jóvenes como rehenes y el descontento alienta también los movimientos independentistas. En el barrio de Mtopanga, en la vieja carretera de la costa, vacía hoy por las lluvias y el miedo a la amenaza terrorista, un grupo de jóvenes se apiña junto al teléfono. Uno tras otro van pasando los vídeos. «No tenemos nada mejor que hacer», reconocen. Con una tasa de paro desbordada tras el derrumbe de la industria turística, buscan respuestas a la «frustración» que les rodea. «En África se tienen hijos con la idea de que en el futuro sean ellos quienes cuiden de sus padres. Ahora entre la juventud hay más gente sin empleo que con empleo. Se pasan el día en casa y llega una edad en la que los padres les reprochan que todavía estén allí, ‘comiendo mi comida’. Eso hace que los chicos se sientan frustrados», explica Alhman Abdulla, líder religioso de la comunidad.

El movimiento Al Shabab, heredero de la al Itihaad al Islamiya surgida en los 80 para derrocar al régimen de Siad Barre en Somalia, «se aprovecha de la falta de empleo y de la situación económica» para atraer a jóvenes desencantados. «Cada madrassa va por libre», reconoce Abdulla, quien ha sido testigo de la llegada masiva de imanes salafistas. «Ya existen distintas fuentes e indicios que apuntan a una conexión entre Al Shabab y algunos de esos predicadores establecidos en la costa», señala el profesor del Instituto de Ciencias Forenses y de la Seguridad de la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), Luis de la Corte Ibáñez, autor de un informe sobre el papel de los radicales yihadistas en el Cuerno de África.

Fue la participación del Ejército keniata en la guerra contra el yihadismo en Somalia lo que ha convertido al país en un objetivo declarado de Al Shabab. «Desde entonces la situación es mucho peor: el 90% de los ataques en Kenia han ocurrido después de la invasión», destaca Patrick Gathara, conocido activista y dibujante.

Desde abril de 2013, Al Shabab ha causado 500 muertos en Kenia, con episodios tan sangrientos como el ataque al centro comercial Westgate, ubicado en uno de los barrios pudientes de Nairobi, en el que 61 civiles perdieron la vida; o el ocurrido en la universidad de Garissa en 2015, que se saldó con 148 fallecidos. Este año las incursiones yihadistas en la zona fronteriza se han recrudecido causando unas 50 víctimas, incluida la decapitación de nueve civiles en Jima, lo que ha obligado a decretar el toque de queda.

Aunque «inicialmente» la gente apoyaba la participación de Kenia en el conflicto somalí –«fue vendido como algo patriótico, ¡era la primera vez que íbamos a la guerra!», explica Gathara–, la sangrienta respuesta de Al Shabab ha cambiado la percepción de una sociedad preocupada. Hoy son muchas la voces que cuestionan el papel de Kenia en la Misión de la Unión Africana en Somalia y reclaman un debate sobre su continuidad: «Al Shabab no tenía un incentivo para levantarse en Kenia. Antes podían utilizar el territorio como base, para comprar armas, pero no para atacar. Eso cambió cuando fuimos allí. Pasamos a formar parte del conflicto».

En unos años, las barriadas deprimidas se han convertido en un granero de mártires para la yihad: a más atentados, más represión; a más represión, más yihadistas. Esta estrategia, encarnada por la Kenyan Defence Force (KDF), acusada de haber perpetrado «centenares» de ejecuciones extrajudiciales desde 2015, no hace más que alimentar la desafección entre los jóvenes. «Faltan respuestas» ante los excesos de la Policía, apunta un chico de Mtopanga. El modo de actuar de las autoridades, señala el investigador de Human Rights Watch Otsieno Namwaya, «no sólo es ilegal, sino también contraproducente».

Localidades como Eastleigh, Bongwe o Mtopanga son el escenario habitual de la política represiva de la KDF. «Llegan aquí acusando, con sus pistolas en alto y sus grandes despliegues policiales. Y eso no ayuda a ganarse la confianza de la comunidad», sentencia Abdulla. «La posible aplicación de medidas represivas insuficientemente selectivas –añade De la Corte Ibáñez– podría incrementar el nivel de radicalización en algunos sectores de confesión islámica, al igual que podría ocurrir debido a una posible concreción de acciones sectarias contra la población musulmana protagonizadas por sectores cristianos. Los agravios y traumas derivables de tales acciones podrían servir de reclamo que permitiera aumentar los apoyos a Al Shabab dentro de Kenia».

La salida independentista

El presidente Uhuru Kenyatta subió las escalerillas del Madaraka Express, el tren construido con capital chino y que desde junio une Nairobi con Mombasa en poco más de 4 horas y media, para proclamar que el país asistía a un «día histórico». A tres meses para las elecciones, Kenia estrenaba la mayor infraestructura construida desde su independencia y Kenyatta amenazaba con «ahorcar» a todos los que tratasen de sabotear el proyecto: «Aquellos que cometan actos de vandalismo y sabotaje cometen crímenes capitales, cuyo castigo es la muerte». El presidente era consciente de que Mombasa y su puerto son un eje fundamental para la economía keniata: aquí se refina el petróleo, se fabrica cemento y se recibe buena parte de los productos que llegan a África del Este. Además, sus playas son el centro del turismo costero de Kenia.

Su importancia económica no se refleja en la vida de sus habitantes: la tasa de paro alcanza aquí el 44%, más del doble del 21% en el resto del país. Esta «discriminación histórica», agudizada por la usurpación de tierras auspiciada por el boom turístico de principios de siglo, ha alimentado desde 2008 el movimiento independentista Mombasa Republican Council (MRC): «Aunque han perdido apoyo, siguen contando con gente, sobre todo en el norte. Muchos ven que el MRC es el único que está luchando por la gente de la costa», subraya Alhman Abdulla.

Los nativos que durante generaciones han vivido en las playas del Índico carecían de títulos de propiedad, lo que facilitó que sus tierras fueran expoliadas por empresarios afines al Gobierno. «Los precios en la zona se dispararon y la gente no podía vivir», dice el líder religioso. Fue entonces cuando el MRC, creado en 1999, se convirtió en una amenaza para el status quo. Bajo el slogan “Pwani Si Kenya” (la costa no es parte de Kenia), sus partidarios se multiplicaron. En 2010, el grupo fue prohibido por el Gobierno, aunque dos años más tarde el Supremo declaró inconstitucional la medida. El relato oficial trata de equiparar al MRC con Al Shabab. «No existe ninguna evidencia fuerte acerca de la relación entre el MRC y Al Shabab, sólo acusaciones de cuya intencionalidad política cabe sospechar», explica el experto de la UAM.

En Mtopanga, jóvenes esperan a que la lluvia les dé un respiro. «Aquí no hay mucho que hacer». Uno de ellos tiene empleo como conductor de tuk-tuk, pero sin turistas... No quieren hablar de Al Shabab ni del MRC. El futuro aquí no va más allá de esta mañana.