Si finalmente toma cartas en el asunto de los huevos contaminados con fipronil, la Comisión Europea tendrá que examinar a fondo las acusaciones vertidas sobre las autoridades sanitarias tanto de Bélgica como de Países Bajos por su falta de coordinación con el sistema de alerta rápida para alimentos de la Unión Europea (Rasff).

De entrada, nadie duda de que el origen de la infección ha sido el uso de fipronil, un pesticida prohibido en animales destinados a la cadena alimentaria en la UE. Según los análisis publicados, Poultry Vision, una empresa belga de la provincia de Amberes, proporcionó la sustancia a la compañía holandesa Chickfriend, que utilizó este tratamiento en la desinfección de granjas de gallinas ponedoras.

Lo que no está claro es cuándo se tuvo conocimiento oficial de este hecho. El martes, la Comisión Europea decidió abrir una investigación para analizar si Bélgica reaccionó tarde, ya que el escándalo saltó a los medios a principios de agosto pero habría sido en junio cuando la autoridad responsable de la seguridad alimentaria en Bélgica, la Afsca, detectó por primera vez la sustancia en partidas de huevos. Pero no lo notificó al Rasff hasta el 20 de julio. La agencia de los Países Bajos, la NVWA, lo hizo el 26 de julio y Alemania, el 31.

El escándalo sobre el control sanitario dio ayer un nuevo giro cuando el ministro de Agricultura de Bélgica, Denis Ducarme, aseguró que Países Bajos detectó el fipronil en partidas de huevos el pasado mes de noviembre, sin advertir a otros estados a través del Rasff. «Cuando un estado como los Países Bajos, uno de los más grandes exportadores de huevos del mundo, no transmite esta clase de información, esto plantea un auténtico problema», manifestó durante el debate extraordinario que tuvo lugar en el Parlamento federal, en Bruselas.

«La Afsca, a través de una serie de contactos, ha recibido por azar informaciones internas, (...) un informe de la agencia neerlandesa (la NVWA) transmitido a su ministro (...) que deja constancia de la presencia de fipronil en huevos neerlandeses desde finales de noviembre 2016», añadió. «Si estas informaciones hubieran sido conocidas antes, la vigilancia sobre el fipronil se habría incrementado y mucho» en Bélgica, comentó Ducarme, lamentando que no hubo ninguna «comunicación oficial» por parte de La Haya.

Por otro lado, el ministro instó a los eurodiputados y a los miembros del Gobierno presentes a colaborar con la Fiscalía de Amberes, que investiga el caso, dado que, según las primeras investigaciones, fue Poultry Vision la que proporcionó la sustancia a sus socios neerlandeses.

Origen y destino

«Estamos ante un fraude. Hace falta que los autores sean perseguidos por la Justicia, porque para enriquecerse no han dudado en exponer la salud de los consumidores», indicó. Se trata de la primera vez que el Ejecutivo belga asume que ha podido existir un fraude en este caso, aunque sin señalar directamente a una empresa concreta.

La Fiscalía de Amberes –que no ha hecho ningún comentario público sobre el tema– investiga si Poultry Vision conocía el destino de su producto, ya que, aunque el fipronil es ilegal para uso alimentario, sí está permitida su comercialización y se utiliza, por ejemplo, para el tratamiento contra parásitos en perros y gatos.

El titular de Agricultura también incidió en la necesidad de analizar los resultados de la Afsca, que en un contraperitaje publicado el martes reveló una muestra con niveles de fipronil considerados «de riesgo», después de que en un primer análisis obtuviera una proporción mucho más baja.

Inicialmente, se detectó una tasa de 0,076 miligramos de fipronil por kilo, muy por debajo del límite «seguro», que es de 0,72 mg/kg, pero, en una serie de análisis complementarios, la Afsca concluyó que las muestras de una de las 86 empresas inspeccionadas contenían una tasa del 0,92/kg, lo que ha desatado las críticas contra la agencia.