El Acuerdo Económico y Comercial Global (ese es su nombre oficial en castellano) fue firmado el pasado 30 de octubre en Bruselas en una cumbre a la que asistió el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, pero antes fue necesario pactar una declaración «aclaratoria» adjunta al tratado que atiende a las preocupaciones expresadas por algunos Estados miembros de la Unión Europea.

En concreto, Valonia amagó con vetar la aprobación por parte de Bélgica a nivel europeo y puso como una de las condiciones para retirar sus reservas que el tratado, de 1.500 páginas, se sometiera al dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). De hecho, como recordaba ayer Europa Press, el Gobierno federal belga ejecutó ese derecho a principios de setiembre de 2016 y pidió al tribunal con sede en Luxemburgo un dictamen que aclarase si el CETA «es compatible con los Tratados de la UE, en lo que afecta a los derechos fundamentales».

Uno de los puntos que han provocado más polémica es el que prevé la creación de un tribunal de inversiones (Investment Court System), que sería una corte de arbitraje especial que permitiría a las grandes multinacionales demandar a los estados, sin pasar por los tribunales ordinarios de la UE, por aprobar sus propias leyes.

Por su parte, los dirigentes de la UE y de Canadá han alabado los beneficios que a su juicio supone este tratado. Así, Cecilia Malmström, la comisaria de Comercio, comentó ayer que «las cosas están a punto de cambiar para nuestros exportadores: la entrada en vigor provisional permite a las empresas y los ciudadanos de la UE empezar a aprovechar de inmediato las ventajas de este acuerdo».