El Govern contestó a la operación policial del miércoles asegurando que, pese al golpe recibido, el referéndum del 1 de octubre sigue en pie. Ayer dio un paso más y lo demostró poniendo a disposición de todos los catalanes y las catalanas un sencillo formulario online en el que, introduciendo DNI, fecha nacimiento y código postal, cada ciudadano puede conocer en qué colegio electoral podrá introducir su voto el 1-O. Es decir, el Govern confirma así que, efectivamente, tiene un censo electoral actualizado y que tiene preparado todo el dispositivo de puntos de votación para el referéndum para el que apenas falta poco más de una semana. Signo de los tiempos, el anuncio lo hizo el propio president, Carles Puigdemont, a través de Twitter. En cuestión de minutos, la página empezó a colapsarse, mientras en paralelo cantidad de personas publicaban en las redes las mesas electorales en las que esperan votar el 1-O. Unas horas más tarde, a las 21.00, el propio Puigdemont acompañó el anuncio de un mensaje institucional en el que reiteró la vigencia del referéndum: «Se hará porque teníamos previstos planes de contingencia para garantizarlo, pero, sobre todo, se hará porque tiene el apoyo de la inmensa mayoría de la población que está harta de la prepotencia y los abusos del Gobierno del Partido Popular». Puigdemont apeló ayer sobre todo a todos aquellos que el miércoles empezaron a sentirse interpelados ante el golpe de la Guardia Civil. «Nos sentimos completamente apoyados y preparados para afrontar los envites que vendrán», añadió el president, augurando nuevas operaciones del Estado. De momento, al cierre de esta edición seis de los detenidos el miércoles seguían en las dependencias de la Guardia Civil –el resto fue puesto en libertad con cargos, sin haber declarado ante el juez–. Entre ellos están el número dos de Vicepresidència, Josep Maria Jové, el secretario de Hacienda, Josep Lluís Salvadó, que previsiblemente serán llevados a los juzgados esta mañana. Ayer miles de personas se volvieron a movilizar para reclamar su libertad, acudiendo al llamado de la Assemblea Nacional Catalana (ANC) y de Òmnium Cultural, que pidieron mantener la movilización hasta que sean puestos en libertad todos los detenidos –tienen la crónica en las siguientes páginas–. Al cierre de esta edición, centenares de personas seguían en el Arc de Triomf de Barcelona. Según el auto judicial que por fin se conoció ayer, el juez del juzgado de instrucción número 13 de Barcelona, José Antonio Ramírez Sunyer –más detalles sobre él en la página 6–, ordenó la operación de ayer para aclarar si la Generalitat ha destinado 6,2 millones de euros a la organización del referéndum, para lo cual buscó información relacionada con tres supuestas partidas. Son las que constaban en los presupuestos de la Generalitat hasta el mes de junio, cuando fueron suspendidas por el Constitucional. Cabe recordar, a modo de botón de muestra de las numerosas irregularidades que acompañan a la causa judicial, que cuando la CUP quiso personarse como parte en el proceso abierto, el juez lo rechazó alegando que no estaba investigando el 1-O.

Sanciones millonarias

Al margen de los detenidos, el Estado siguió ayer con su progresiva escalada represiva, si bien no al mismo ritmo que el miércoles. No era difícil, aunque es previsible que todo vuelva a acelerarse en los últimos días –u horas–. De momento, ayer el TC decidió estrenar sus nuevas facultades sancionadoras, imponiendo cuantiosas multas diarias a algunos de los cargos encargados de la logística que debe hacer posible que el próximo 1 de octubre los catalanes puedan votar.

Es la primera vez que el Constitucional hace uso de esta potestad que le dio la reforma aprobada por el PP con mayoría absoluta. Concretamente, decidió que tendrán que pagar 12.000 euros cada día el secretario general de Economía, Josep Maria Jové –sí, el mismo que está detenido– y los cinco miembros de la Sindicatura Electoral, que han seguido con su actividad pese a la suspensión del TC. La multa diaria será de 6.000 euros para los miembros de las Sindicaturas comarcales, así como la responsable de procesos electorales de Vicepresidència, Montserrat Vidal –también detenida el miércoles. En total son 27 las personas sancionadas. 198.000 euros diarios, ahí es nada. Y como de dineros va el asunto, el Ministerio de Hacienda, y los bancos, hicieron efectivo ayer el bloqueo de las cuentas de la Generalitat, incluidas también las de centros de investigación o institutos de secundaria. Pese a ello, el Govern aseguró ayer que ya ha transmitido la orden para pagar la nómina de los funcionarios del mes de setiembre. También siguió el goteo de alcaldes citados a declarar ante la Fiscalía. La inmensa mayoría acudieron, pero se negaron a declarar, igual que los días previos.

La excepción fue la primera edil de la tercera ciudad más grande de Catalunya, Badalona, Dolors Sabater, que se negó a acudir al llamado, igual que hizo el miércoles el alcalde de Sabadell, Matias Secarrant.

Los próximos días la Fiscalía podría ordenar su detención. Aunque no está de más decir que toda acción represiva le puede venir de vuelta al Estado, tal y como ocurrió el miércoles. La activación popular siguió extendiéndose ayer desde las universidades públicas –que pararon sus clases–, hasta las iglesias –300 curas mostraron su apoyo al 1-O–.

Desde los sindicatos CGT y IAC –que ayer registraron preavisos de huelga general para el 3 de octubre– a las tractoradas anunciadas por el mayor sindicato agrario de Catalunya, Unió de Pagesos –el 29 de setiembre llegarán en tractores a Barcelona–. Y para rematarlo, la decisión de los estibadores de los puertos de Barcelona y Tarragona de no proveer a los barcos contratados por el Estado para alojar a policías y Guardia Civiles. Casi nada. Y quedan nueve días.

Los apuntes del día

El mundo mira y no entiende

Los apoyos internacionales son discretos, pero la diplomacia da sus frutos. Llegaron apoyos de Escocia, Reino Unido y Estonia y, en Bruselas, el corresponsal de “El País” destacó la incredulidad de los periodistas europeos ante la actitud de Madrid.

¿Y los mossos qué?

Una de las grandes preguntas. El miércoles cargaron (no mucho) para que la Guardia Civil saliese del departamento de Economía, pero la prensa madrileña les acusa de no actuar contra el 1-O. Ante la incógnita, un dato: el juez no encargó la operación a los Mossos.