GARA
MADRID

Las cúpulas del Popular, camino de la AN

La Fiscalía Anticorrupción ha instado a un juez de la Audiencia Nacional española a que admita a trámite las querellas presentadas contra los expresidentes del Banco Popular Ángel Ron y Emilio Saracho, y sus respectivos consejos de administración, por la quiebra de la entidad.

Hasta el momento, en total, se han presentado una treintena de querellas por la liquidación del Banco Popular, que fue intervenido el pasado 7 junio y posteriormente «vendido» al Santander al precio de un solo euro. Esa operación, decidida por el Banco Central Europeo (BCE) a través de la Junta Única de Resolución y ejecutada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), implicó la reducción a cero del capital social del Popular y la amortización o extinción de todas las acciones que estaban admitidas a negociación en bolsa.

Según fuentes jurídicas consultadas por Efe, si bien es partidaria de investigar a las antiguas cúpulas de la entidad, la Fiscalía Anticorrupción no ve necesario incluir en las diligencias a los organismos supervisores, el Banco de España (BdE) y la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Estos han sido duramente criticados por los pequeños accionistas, ya que consideran que no cumplieron con sus obligaciones como controladores de las actividades de las entidades financieras.

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado esta iniciativa ante el juzgado que dirige el magistrado Fernando Andreu en el tribunal especial.

Una larga cola de querellas

Entre las querellas destaca la que presentó la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) el pasado mes de julio contra el expresidente Ángel Ron; el ex consejero delegado (CEO) Pedro Larena; el exvicepresidente Roberto Higuera; la firma auditora PwC; y el socio firmante, Francisco Barrios, por falsedad contable y estafa al inversor.

También el despacho Cremades & Calvo Sotelo amplió con una querella la denuncia presentada por presunta administración desleal contra Emilio Saracho, quien sucedió a Ron como presidente del banco en diciembre del pasado año.

Estos pleitos se suman a los recursos contencioso administrativos interpuestos contra la actuación en este asunto tanto de la Junta Única de Resolución como del FROB. Además, numerosos inversores del banco liquidado han demandado a la JUR para obligarla a publicar un informe de la consultora Deloitte que sirvió de base para la operación y que atribuía al Popular una valoración negativa que oscilaba entre 2.000 y 8.200 millones de euros pero que, en un escenario más positivo, le concedía una valoración de 1.500 millones de euros.

El fondo de inversión estadounidense Pimco y otras cuatro firmas inversoras (Anchorage, Algebris, Ronit Capital y Caim Capital) presentaron el 7 de setiembre un recurso contencioso administrativo contra el FROB por su papel en la resolución y venta del Popular, que en conjunto les costó 850 millones de euros. Asimismo, el grupo chileno Luksic, cuya participación en el Popular alcanzaba un 3,45% y pasó de 113 millones de euros a cero, presentó un recurso contra el FROB, y este jueves hizo lo mismo contra la JUR y la Comisión Europea ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

Por su parte, el que fuera el principal accionista individual en el Popular, el mexicano Antonio del Valle, que poseía un 4,2% del capital del banco y que ha perdido 550 millones de euros, ya presentó su denuncia a la Junta Única de Resolución.