«Convocado el Pleno del Parlament para el lunes 9 de octubre a las 10.00 para que el president, Carles Puigdemont, explique los resultados y efectos del referéndum». La presidenta de la Cámara catalana, Carme Forcadell, anunció de este modo la convocatoria del pleno en el que, se supone, se declarará la independencia de Catalunya. Así lo dio a entender también el propio president en una comparecencia nocturna: «En los próximos días volveremos a enseñar la mejor cara de nuestro país cuando las instituciones de Catalunya tengamos que aplicar el resultado del referéndum».

«Hoy tenemos más cerca que ayer nuestro deseo histórico», añadió en una intervención que, por otro lado, no aportó gran novedad, más allá de una crítica explícita a Felipe de Borbón, a quien acusó hacer suyo «el discurso y las políticas del Gobierno Rajoy, que han sido catastróficas en relación a Catalunya».

¿Declaración sí o no?

El Pleno del lunes está ya convocado, pero oficialmente sigue siendo una incógnita cuál será su contenido, ya que el único punto del orden del día es la comparecencia de Puigdemont y en ningún lugar está escrito que se apruebe la independencia. Existen multitud de versiones sobre el formato que podría tomar la declaración; es decir, si será una declaración firme que trate de romper inmediatamente con España o será una declaración «en diferido» que deje margen para una posible negociación. De momento, ayer la CUP advirtió de que no aceptará nada que no sea empezar a ejercer la independencia.

La paz y la granítica unidad de acción entre fuerzas independentistas estaba pactada hasta el 1-O, pero el día después ya afloran desavenencias y vértigos. La mejor prueba es que, antes del referéndum, ningún medio catalán consiguió filtrar nada acerca del plebiscito. Desde el mismo lunes, sin embargo, las filtraciones interesadas que tratan de condicionar el debate y la agenda soberanista vuelven a ser la norma. No es una gran noticia para el independentismo, pero lo cierto es que lo excepcional era lo anterior.

En cualquier caso, la pregunta ahora mismo es si el lunes podrá celebrarse un pleno que los letrados de la cámara rechazan, que el PSC llevó ayer mismo ante el Constitucional y que Ciudadanos pidió impedir a través de la aplicación del artículo 155 de la Constitución. El líder del PP, Xavier Albiol, consideró directamente que «el uso de la fuerza es la manera de garantizar el respeto a la democracia».

Como aperitivo de lo que puede venir, la Audiencia Nacional española citó ayer a los presidentes de Òmnium Cultural y de la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sànchez, al mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, y a la intendente de la policía catalana, Teresa Laplana. Todos ellos están imputados por un delito de sedición por los hechos del pasado 20 de setiembre ante el departamento de Economía. Hablamos de un delito que comporta penas de 10 a 15 años para cargos públicos (Trapero y Laplana) y de 8 a 10 años para ciudadanos de a pie (Cuixart y Sànchez). Apenas nadie formula en alto un temor: son cuatro los que van mañana a Madrid, ¿volverán todos a Catalunya?

Mediadores buscan mediado

Ayer se multiplicaron las ofertas de mediación desde los lugares más insospechados, síntoma también del susto con el que muchos se fueron a dormir tras escuchar a Felipe de Borbón. La tentativa más creíble parece la que se pudiera estar articulando entorno al arzobispado de Barcelona y el abad de Montserrat, cuya mediación estaría buscando el Govern –Rajoy se reunió con los arzobispos de Barcelona y Madrid el martes–. No conviene despreciar nunca los movimientos de la Iglesia; dos milenios de historia la contemplan.

Pero nada indica que la mediación pueda resultar provechosa a día de hoy, en un momento en el que Catalunya no puede aceptar nada que no sea un referéndum y en el que el Estado ha movido hasta al Rey. No se puede hablar con quien «chantajea al Estado», respondió Rajoy a Podemos.

Ayer Puigdemont apuntó que todas las propuestas de media ción puestas encima de la mesa siguen sin respuesta por parte española. El Govern quiere dejar la puerta abierta a la mediación, pero el candado español parece cerrado. Vienen cuatro días que son un mundo, más teniendo en cuenta que mañana empieza el desfile de altos cargos y líderes independentistas por la Audiencia Nacional española. De fondo, el conflicto catalán como affaire europeo ayer en Bruselas y el Íbex 35 sufriendo su mayor golpe desde el Bréxit.

El cuadro catalán ya no es catalán. Es también español y, cada vez más, europeo. Y si antes era complejo, ahora resulta prácticamente inabarcable. Antes era Mariano Rajoy el que se jugaba su futuro; ahora es la monarquía o, lo que es lo mismo, el Estado español en su ser más profundo. La intervención de Felipe de Borbón ha revestido todo de una pátina de gravedad, y aunque las sonrisas no decaen, el terreno para la broma se reduce. Esto va muy en serio.

O caixa o faixa, se escucha estos días. O todo o nada. Se dice que el refrán viene de la respuesta que el general Prim dio a quien le acusó de medrar en busca del título militar. O caja funeraria o faja de general. Joan Prim es uno de los personajes más fascinantes del siglo XIX español. Un militar catalán que apostó por la reforma del Estado, que llegó a encabezar el Gobierno español, que propuso un referéndum sobre la independencia en Cuba y que murió asesinado un 27 de diciembre de 1870 en Madrid. La historia está a flor de piel estos días; no es para menos.

Apuntes del día

Golpe al íbex 35

La Bolsa española acusó ayer el amenazante discurso de Felipe de Borbón. El Íbex 35 cayó un 2,85%, en lo que supone el mayor descenso desde el Bréxit (junio de 2016). De hecho la bolsa española volvió a quedar por debajo de los 10.000 puntos. Los bancos catalanes lideraron la caída.

La «Mayoría silenciosa» a la calle

La entidad españolista Sociedad Civil Catalana ha convocado una marcha para el próximo domingo en Barcelona. Ayer el PP se sumó a la llamada pidiendo que «la mayoría silenciosa» exprese su hartazgo con el proceso. Será un buen día para comparar capacidades de movilización.