La vida de Ibon Iparragirre corre peligro, como constatan nuevos informes forenses, y a pesar de las repetidas solicitudes para que sea excarcelado el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro no rubrica la orden. El tiempo corre en contra del preso ondarrutarra, lo que llevó ayer a Sare, Etxerat y la plataforma Iparra Galdu Baik, entre otros, a exigir su «inmediata» puesta en libertad, al entender que cumple con las condiciones para que se aplique el artículo 104.4, o en su caso el 91.3 del reglamento penitenciario.

Su hermano Gotzon detalló la grave situación médica, incidiendo en que la desasistencia y la política de venganza hacia el prisionero le ha abocado a una situación extrema, en la que no le quedan casi defensas. Destacó que los dos últimos informes de los forenses han corroborado lo que la familia y los médicos de su confianza llevan tres años y medio alertando: esto es, que siendo portador de VIH y estando en fase C3, la última de la escala, Ibon debe estar en casa. Asimismo, advirtió de que el cuadro puede haber aún empeorado, desconociéndose el estado real de las defensas del preso.

Gotzon Iparragirre añadió que hay aspectos de la salud de su hermano que ignoran, como la carga viral, aunque sabiendo que las defensas CD4 han caído hasta 20 la situación ya es extrema. Desveló que el martes su madre mantuvo una conversación telefónica con el subdirector médico de la cárcel madrileña en la que este le llegó a decir que era la primera noticia que tenía sobre las visitas de forenses. Lo puso como ejemplo de la «descoordinación» entre las distintas instancias implicadas en la situación que sufren y su falta de voluntad para afrontar sus responsabilidades. «Ese marrón yo no me lo voy a comer», llegó a comentar el facultativo de Alcalá-Meco a Angelita Burgoa.

Iparragirre aseguró que todo es más fácil; se trata de que el juez Castro, a la vista de los informes que obran en su poder, proceda a firmar la orden de excarcelación para evitar un «trágico desenlace», que no son capaces de augurar cuándo se producirá si no se actúa.

Inaxio Oiarzabal, de Sare, defendió que no se puede permitir que «el odio y la venganza sustituyan a la legalidad y la democracia, y el caso de Ibon Iparragirre es un claro exponente de esta realidad».

Manifestó que el preso ondarrutarra lo está «por pertenecer a una organización que hoy ya es una organización desarmada, por lo que no cabe posibilidad de reincidencia». En base a la legalidad española y a los informes médicos, según comentó, a Iparragirre se le debe aplicar «el tercer grado por razones humanitarias y de respeto a la dignidad hacia su persona». «La ley española lo dice claro: Ibon tiene derecho a recibir tratamiento en condiciones dignas y ese tratamiento lo debe recibir fuera de la cárcel», subrayó.

Por la tarde, Kalera Kalera llevó la demanda de excarcelación de Iparragirre hasta una decena de sedes judiciales de localidades vascas. No solo hubo concentraciones en las capitales, sino también en otros puntos como Algorta (90 personas) o Eibar (75). En Santurtzi se reunieron además 42 vecinos por los derechos de los presos, en una concentración semanal.