La Audiencia Nacional ha decidido que los nueve días de juicio sobre la presunta violación cometida en los sanfermines de 2016 por cinco hombres en un portal se celebren a puerta cerrada. Lo hacen para que la joven no pase ahora por una «segunda victimización». La representación legal de la joven solicitó en su momento que diera su testimonio mediante videoconferencia, petición que le fue denegada, y posteriormente solicitó una batería de medidas destinadas a garantizar que se preserva su anonimato, que sí se han aceptado. También los abogados de dos de los acusados querían a los periodistas fuera, mientras que otros tres apostaban porque se censurara sólo lo imprescindible.

En la decisión de no permitir la entrada de periodistas ha pesado también el tratamiento amarillista de la información en varios medios de comunicación, así como la continua filtración de vídeos e imágenes confidenciales. Así lo recogió en su escrito el abogado del Ayuntamiento de Iruñea, que ejerce como acusación popular.

Además de que no podrá haber periodistas en la sala mientras se celebre el juicio, se prohíbe expresamente «divulgar o publicar información relativa a la identidad de la acusadora particular y de datos que puedan facilitar su identificación». Asimismo, tampoco podrán publicarse sus fotos o la de alguno de sus familiares que, quizá, acudan a la vista a arroparla. La Audiencia dispone otra serie de medidas concretas para que la joven pueda entrar y salir de la sala «de forma que se evite el contacto visual con los medios de comunicación».

Por otro lado, la prensa no podrá tener acceso a las grabaciones en DVD de las jornadas del juicio. Estas actas en soporte informático se entregarán a diario a todos los letrados, pero tienen prohibido difundirlas. Tampoco se podrán publicar imágenes de dos de los acusados, pero sí de otros tres. Se sabe que entre los cinco presuntos agresores hay un militar y un guardia civil.

Declaraciones de abogados

Todas estas medidas no impiden una cobertura periodística de lo que transcurra a lo largo de los nueve días. Previsiblemente, la información se obtendrá por boca de los abogados a la entrada y salida de la vista, aunque estos no tienen por qué contestar a las preguntas. Debido al enorme impacto mediático que ha tenido el caso, lo previsible es que haya medios de todo el Estado y grandes televisiones montando guardia en las puertas de la Audiencia.

Los cinco acusados están en prisión desde su detención horas después de los hechos. La petición fiscal asciende a 22 años de cárcel para cada uno. Les reclama 18 años por un delito de agresión sexual continuada y dos años más por el robo del móvil, además de otros dos años y diez meses por grabarlo todo.