Un informe elaborado por distintas organizaciones del ámbito de los derechos humanos cifra en 893 los partes de atenciones médicas por las cargas policiales para impedir el referéndum del 1 de octubre. Sin embargo, no solo no se asume responsabilidad alguna por ello –aunque hay investigaciones judiciales abiertas por querellas de diversos ayuntamientos y muchos particulares–, sino que además en los últimos días se incrementa la persecución a quienes promovieron, facilitaron o simplemente acudieron a votar.

Ayer hubo dos noticias significativas al respecto. Por un lado, la detención por la Guardia Civil de un joven de 22 años acusado de dar una patada a un agente en la defensa de un colegio electoral de Sant Esteve de Sesrovires (Barcelona). Y por otro, la irrupción de guardias civiles en una comisaría de los Mossos en Lleida, en busca de pruebas incriminatorias sobre lo ocurrido el 1-0.

El arresto es el primero que se practica después de los producidos aquel mismo domingo. En Sant Esteve de Sesrovires hubo dos detenidos y se les suma ahora este tercero, acusado de «atentado contra la autoridad», «resistencia», «desobediencia» y «amenazas». Por cierto, en la información de la Guardia Civil se precisa que los agentes que allí actuaron pertenecían a una unidad especial de Sevilla.

Mossos en la diana

Por lo que respecta a la entrada en la sede regional de los Mossos en Lleida, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya explicó que la Guardia Civil buscaba las grabaciones de la centralita telefónica relativas a la jornada del referéndum y las horas inmediatamente anteriores y posteriores.

Los guardias civiles, acompañados por un secretario judicial, procedieron a volcar las conversaciones grabadas en esa centralita, entre las que se incluyen las llamadas de radio de los agentes y las órdenes que se les dan desde la sala de mando.

Hay una veintena de juzgados catalanes investigando la supuesta pasividad de los Mossos este 1-O. Y en la Audiencia Nacional siguen imputados el mayor Josep Lluís Trapero y la intendente Teresa Laplana. La Fiscalía ha decidido no recurrir la puesta en libertad de Trapero, cuya prisión reclamó el lunes, esperando que nuevas pruebas le sirvan para ello. La jueza apunta en esa línea.