La votación en el Parlamento estuvo muy enrarecida antes de que se echara atrás el proyecto de Ley de Policías. Era la primera vez que se visibilizaba un revés así para el Ejecutivo de Barkos. A Izquierda-Ezkerra se le veía más cómodo que a Carlos Couso y a Podemos al defender su decisión de tumbar la norma. La oposición aprovechó la grieta para pedir la dimisión de la consejera de Interior y Presidencia. Se apresuraron, Maria José Beaumont descartó tajantemente su dimisión, mientras «no pierda el respaldo de quien me propuso, que es EH Bildu, o pierda la confianza de quien me designó, que es Uxue Barkos».

Sorprendentemente, la consejera no sale demasiado tocada. Sus negociaciones con los sindicatos policiales han sido tan seguidas por la prensa, que en todo el proceso ha habido luz y taquígrafos. Así que resulta indiscutible su voluntad de alcanzar un consenso y también cuantificable el esfuerzo económico de sus cesiones a los sindicatos. De hecho, Beaumont se sintió con fuerzas para anunciar recortes en los servicios que hoy presta Policía Foral, así como su nula voluntad de traer otra propuesta de ley al Parlamento. «Se ha perdido una oportunidad. En lo que resta de legislatura no va a haber nadie, y desde luego yo no voy a ser, que vaya a dedicar tanto tiempo como el que hemos dedicado al asunto», manifestó tras la votación.

La decisión de recortar los servicios, según explicó, viene obligada por el gasto disparado en horas extras que se está produciendo desde la entrada en vigor de la Ley 15/2015. «Precisamente queríamos atajar este gasto con la aprobación de la nueva ley», aseguró.

Malas formas

El debate parlamentario fue duro, se habló de «movimientos sucios». José Miguel Nuin, por Izquierda-Ezkerra, defendió que nadie les puede criticar pues siempre dijeron que, sin una mayoría sindical que la apoye, la ley no saldría. Esta tesis la compró Podemos, aduciendo que la ley regulaba derechos de trabajadores. No obstante, Geroa Bai y EH Bildu les echaron en cara no entrar a valorar el esfuerzo que asumen las arcas públicas ni estudiar el contenido de la norma. «Somos parlamentarios, no sindicalistas ni policías», dijo Patxi Leuza. «Señor Couso, no eran 50 páginas, solo 16, se las podía usted haber leído», le espetó Adolfo Araiz.

El terremoto difumina la mayoría sindical

Hablar ayer de mayoría sindical de respaldo a la ley era un concepto caduco y viciado. Viciado, porque nunca se contó para esa «mayoría sindical» a los policías locales que defendían la norma. Y caduco, porque ya no se sabe qué apoyo tiene cada sindicato. En su momento, la ley 15/2015 (que ayer se pretendía derogar) venía impulsada y –casi– redactada por ELA, UGT y CCOO, centrales que en ese momento eran mayoritarias en Policía Foral. Sin embargo, en las elecciones siguientes a aprobarse esta ley, los agentes castigaron a esas centrales y derribaron esa mayoría en favor de las APF y SPF. Al ser «suya» la ley 15/2015, ELA, CCOO y UGT se negaron a negociar. Solo se sentaron con Beaumont APF y SPF, que convocaron una votación conjunta el miércoles para ver si sus afiliados respaldaban la última oferta. Salió que sí en su conjunto, por los pelos. Pero en SPF –muy probablemente por fobias políticas y extralaborales– ganó el no. No hubo respaldo mayoritario. Habrá que ver cómo digieren los agentes las consecuencias y los recortes que llegan a partir de ahora. Por eso, la mayoría sindical en Policía Foral es hoy una suposición. Incluso lo era ayer cuando tanto se la invocó.