Hasta la celebración del referéndum hace hoy tres semanas no existía debate público alguno sobre las consecuencias económicas de la creación de un nuevo Estado independiente. Pero el éxito del 1-0 y la decisión del Banc Sabadell de trasladar su sede social fuera de Catalunya han traído la disputa económica al primer plano. A continuación se desgranan los principales interrogantes que se han planteado hasta ahora y algunos elementos sobre las consecuencias económicas que traería la independencia de Catalunya.

El primer punto que conviene aclarar es que nadie pone en duda la viabilidad económica de Catalunya como Estado independiente. Con un tejido productivo articulado, un territorio del tamaño de Bélgica y una economía que sería la décimotercera de la UE, nadie duda de su potencial La mayor parte de los argumentos se dirigen a subrayar los enormes costes que tendría una eventual independencia.

Comenzando por la rabiosa actualidad, ¿qué efectos económicos para Catalunya tiene el traslado de sedes sociales de las empresas? Si lo único que se mueve es la sede social y se mantienen el resto de servicios y la actividad productiva allí donde se realizan hasta ahora, el efecto será prácticamente nulo.

En una futura Catalunya independiente, la Hacienda catalana perdería el Impuesto sobre Sociedades, es decir, el impuesto sobre beneficios que deberían ingresar las empresas en función de la sede social. Eso es así, aunque ciertamente también por ese impuesto ninguna empresa paga gran cosa en ningún país. El resto de impuestos se abonarían allí donde se realiza la actividad productiva o donde la empresa efectúa sus operaciones mercantiles.

La llamada «fuga», por tanto, tiene básicamente un efecto propagandístico. Constan presiones «políticas y monárquicas», como las que denunció el miércoles en Radio Euskadi el presidente del comité de empresa de SEAT, sindicalista de UGT. Pasados los primeros traslados de empresas simbólicas a las que se dedicaron grandes titulares, ahora se subraya la cantidad. El último dato habla de alrededor de 900, aunque olvidan mencionar que hay otras empresas, menos desde luego, que se han movido en sentido contrario y están trasladando su sede social a Catalunya.

¿Y qué efectos tiene para las propias empresas? Otra cosa son los efectos indirectos, especialmente sobre el prestigio de las marcas. Algunas fuentes señalan que los bancos había notado una pérdida de depósitos y que fue esto lo que precipitó la decisión. El ministro de Economía, Luis de Guindos, reforzó esa impresión el martes al asegurar que los bancos que han cambiado de domicilio tenían entradas netas de depósitos.

La tensión política generada por la incapacidad del Gobierno de Rajoy de encauzar el proceso catalán ha llevado a la gente a tomar postura y actuar: muchos españoles de a pie parece que han decidido boicotear a las empresas catalanas. Y esta actitud sí que tendrá repercusiones, pero, más que en la economía catalana, en las empresas que van a terminar perdiendo clientes en ambos lados: las empresas que mantengan su sede en Catalunya perderán a españoles y las que la trasladen pueden perder a catalanes. Evidentemente, estos últimos son muchos menos, por lo que la situación aconsejaba dar el paso de trasladar la sede al Estado a muchas empresas cuyo principal mercado es España. Una decisión ciertamente simbólica, pero que castigará la imagen de la marca en un sentido y en otro.

¿Es algo transitorio? Probablemente dure hasta que la situación política se normalice. Cuando las empresas dejen de percibir el peligro de pérdida de mercado, entonces llevarán su sede social allí donde consideren que deba estar. En cualquier caso, este movimiento ahonda todavía más en la desconexión entre Catalunya y España.

El ministro De Guindos apuntó una caída del 30% del PIB de Catalunya con la independencia, ¿es eso posible? La independencia de Catalunya generaría algunos costes de transición, por ejemplo por la citada actitud de rechazo a los productos catalanes o por la incertidumbre política, pero en ningún caso llegará ni de lejos a una caída como esa. Es más que probable que con la independencia la economía catalana mejore rápidamente tras los primeros momentos de incertidumbre por dos razones. En primer lugar, porque la economía depende básicamente de la actitud y del esfuerzo de las personas, y construir un nuevo Estado es un estímulo muy potente para trabajar, mejorar e innovar. En segundo lugar, porque la soberanía permite ajustar mucho mejor las decisiones a las necesidades sin que otras instancias las validen, modifiquen o «cepillen», como hasta ahora.

Pero ¿ya se está notando la caída de turistas, por ejemplo? Los datos que están repitiendo estos días sobre el turismo son estimaciones que hacen las asociaciones empresariales del sector en base a unas supuestas encuestas a sus socios. Habrá que esperar a los datos estadísticos para corroborar o desmentir esas estimaciones. Por de pronto, la cifra de pasajeros entre Loiu y Barcelona ha pasado de 25.000 pasajeros en septiembre del año pasado a 74.000 este año. Se ha triplicado. No hay ninguna razón por la que el turismo se tenga que resentir. Es más, probablemente mucha gente quiera visitar un nuevo país independiente.

Además, la independencia generaría nuevos flujos de relaciones diplomáticas, culturales, económicas y comerciales. Se abrirían nuevas embajadas, delegaciones comerciales, intercambios culturales, etcétera.

¿Y&punctSpace;España? ¿Cuánto perdería con la independencia de Catalunya? Por de pronto el 6,3% del territorio, el 16% de la población, cerca del 20% del PIB y el 25 % de las exportaciones. Simplemente porque pasarían a contabilizarse en el balance de otro Estado diferente.

Lo que está afectando al Estado español es, sobre todo, el modo en el que está gestionando la cuestión catalana. El Gobierno del PP se ha quedado si apoyos para poder aprobar los presupuestos, con lo que es la segunda vez en dos años que el Estado va a una prorroga presupuestaria, lo que no es una señal ni de estabilidad ni certidumbre. Además, ha rebajado la previsión de crecimiento para el año que viene en tres décimas, del 2,6% al 2,3%, aunque apenas una semana antes, a la salida del Ecofin, De Guidos hablaba del 3,1%. Si se baja la previsión de crecimiento, está claro que el proceso catalán ya está afectando a la economía... a la economía española.

Si Madrid continúa alimentando la confrontación y esta se traslada al terreno económico con un boicot a los productos catalanes, dada la superioridad numérica española los daños en la economía serán mucho mayores en ambas partes. Sin olvidar que en un mundo globalizado se abrirá la puerta a que otras empresas que pueden ser de cualquier país aumenten su cuota de mercado aprovechando los agujeros que deje un hipotético boicot.

El impacto económico sería positivo o negativo en función de cómo se produjera la separación. Una separación traumática tendría fuertes costes para Catalunya, pero también muy importantes para el Estado español. La diferencia es que Catalunya se recuperaría antes, porque la libertad es un estímulo económico muy poderoso.

El actual control sobre las cuentas de la Generalitat por parte del Estado, ¿qué problemas acarrea? Básicamente el Govern pierde capacidad de decisión. La Administración continúa con su funcionamiento normal, pero la autorización de los gastos la hace ahora Madrid, con lo que se pueden dar situaciones como las que denunciaron antes del referéndum, cuando se paralizaron todas las partidas de Cultura por si se estaba financiando el referéndum.

¿Con qué ingresos contaría el Govern de una futura República catalana? Con el actual sistema de financiación autonómico, la mayor parte del presupuesto proviene del Estado; la Hacienda catalana recauda una parte ínfima del presupuesto total. Además, la crisis económica dejó a la Generalitat, como a la mayoría de las autonomías, sin posibilidad de emitir deuda. Por tanto, el Govern ha tenido que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica para financiarse. Esto tiene dos consecuencias, una buena y otra mala. Una ruptura sin acuerdo dejaría al Govern catalán con grandes dificultades para financiarse. Y la buena es que tendría un poderoso instrumento de negociación con el Estado: su deuda. Como dice el conocido adagio, cuando debes poco tienes un problema, pero cuando tu deuda es muy grande, el que tiene el problema es tu acreedor.

¿Cabe imaginar unos «bonos patrióticos» para financiarse? Las instituciones catalanas podrían emitir bonos o recurrir a préstamos. Eso resolvería el modo en el que hacer frente a los pagos más urgentes a corto plazo. Sin embargo, a medio plazo esos préstamos se deben devolver y eso exige tener una fuente constante de ingresos, es decir, deberán organizar el cobro de los impuestos que a día de hoy se pagan a la Hacienda del Estado. Poner en marcha la Hacienda catalana y que los contribuyentes ingresen en ella los tributos es una tarea urgente.

¿Cómo se da ese salto? Si fuera sin un acuerdo con el Estado, haría falta la implicación de la gente. Si la ciudadanía ingresara sus impuestos en la Hacienda catalana de manera masiva, el Estado no estaría en condiciones de perseguir a las personas o empresas que apuesten por el fisco catalán. Solo conseguiría enfadar a más y más gente.

¿Podemos llegar a una situación con dos haciendas, con dos sistemas de pensiones…? Si se continúa por un escenario de ruptura traumática, es posible que durante algún tiempo convivan estructuras estatales y nacionales. Por otro lado, el Estado no puede dejar de pagar sueldos de la administración y pensiones, pues no haría más que profundizar la sensación de ruptura y abriría todavía más el camino a la independencia. En ese ámbito tendría que seguir cumpliendo con su obligación.

¿Qué pasa con la deuda de Catalunya? Catalunya tiene una deuda de 76.727 millones en el segundo semestre de 2017, esto es, el 35,4% del PIB, por lo que cumpliría el criterio de la UE. El mayor acreedor es el Estado español, con 52.499 millones de euros (el 68% del total). Y eso supone una buena baza negociadora para Catalunya.

¿Saldría Catalunya del euro? Hay tres tipos de países cuya moneda es el euro. En primer lugar están los de la Eurozona que participan en el Eurogrupo y el Banco Central Europeo se encarga de la supervisión de los bancos y de prestarles dinero en momentos en que falta liquidez. Esto no suele ser habitual, pero en la última crisis financiera global estas líneas de crédito cobraron especial importancia.

Otro grupo los forman Mónaco, Vaticano, San Marino y Andorra, que han adoptado el euro como moneda oficial pero no forman parte de la Eurozona. Estos países tienen acuerdos monetarios con la UE por los que pueden emitir euros, pero tienen la obligación de adoptar la legislación monetaria y financiera de la Eurozona. No participan en ninguna decisión del Eurogrupo ni como observadores.

Por último estan países como Kosovo y Montenegro, que han adoptado el euro de forma unilateral. A diferencia de los países del anterior grupo no pueden emitir moneda pero utilizan el euro con total normalidad.

No hay por lo tanto nada que impida a una Catalunya independiente mantener el euro. Mantenerse en la zona euro o crear una moneda propia sería una decisión soberana. Hay países que se mantienen en la UE con moneda propia, como Suecia, y hay otros que han adoptado el euro aunque no formen parte de las estructuras de la UE. El abanico de posibilidades es muy amplio y cualquier decisión tiene sus aspectos positivos y negativos. La ventaja de ser soberano es que se puede elegir.

¿Y de la Unión Europea? Es un tema mucho más complejo porque aunque los españoles insisten mucho en que se quedaría fuera de la UE, es posible que la UE no esté interesada en seguir perdiendo territorios y haya una aproximación mucho más pragmática a la cuestión una vez el nuevo Estado tomara carta de naturaleza. Un ejemplo cercano es el del Brexit, donde a pesar de la decisión tomada por Gran Bretaña de abandonar la UE por el momento continúa formando parte de ella y está negociando los términos de la separación en un proceso arduo.

En cualquier caso, lo que estaría en el aire durante el periodo de transición serían los fondos de los programas europeos de agricultura (Feader, Feaga....) y el Fondo Social Europeo que suponen una transferencia corriente de 345 millones en 2017 y otros 70 millones en capital para inversiones (sobre un presupuesto de la Generalitat de 34.000 millones, es algo más del 1%).