El objetivo de la rueda de prensa del Consejo de Gobierno de Gipuzkoa de la anterior legislatura fue denunciar firmemente la acciones judiciales anunciadas por el Consorcio de Residuos del herrialde contra el exdiputado de Medio Ambiente Iñaki Errazkin y la que fuera presidenta de GHK Ainhoa Intxaurrandieta.

Recordaron que, a través de sus votos, la ciudadanía apoyó su programa político, con lo que, entre otras cosas, les dio «un claro mandato: paralizar la incineradora y presentar una alternativa para la gestión de los residuos».

Así lo hicieron, «trabajando de manera intensa». Quisieron mostrar su satisfacción por el trabajo que realizado durante esos cuatro años, así como por «los importantes pasos adelante» que lograron dar.

Añadieron que mediante la mayoría democrática que consiguieron en el Consejo de Residuos (formado por las mancomunidades municipales y la Diputación foral), cumplieron el mandato de las personas que les votaron, y paralizaron la construcción de la planta de Zubieta. «Nuestra mayoría democrática nos permitió adoptar esta decisión, también democrática, y de acuerdo con nuestro programa electoral. Es decir, de la misma forma que se hace, o debería hacerse, en cualquier institución democrática, atendiendo a la voluntad de la ciudadanía y cumpliendo con la palabra dada».

«¿A qué viene el ataque?»

Las acciones se llevaron a cabo, además, «de acuerdo con lo establecido tanto por los Estatutos de GHK como por la legislación vigente, sin ninguna vulneración normativa ni acción indebida. Había muchas razones para rescindir el contrato de construcción de la incineradora, y en ellas nos basamos, tal y como faculta la ley».

Por lo tanto, «¿a qué viene ahora este ataque?», se preguntaron. «Han pasado cuatro años desde que tomamos aquella decisión, ¿qué quieren conseguir con esta demanda? ¿Por qué quieren convertir este caso en un ataque personal contra los rostros visibles de aquella gestión, cuando la decisión se tomó de forma colectiva y en cumplimiento de nuestro programa electoral?».

Concluyeron que detrás de todo esto «no hay caso jurídico, puesto que no hay ningún tipo de delito; que el Gobierno cumpla su programa electoral no puede serlo. En consecuencia, creemos que PNV y PSE, con esa demanda, quieren mandar un mensaje: ‘Cualquier Gobierno que traiga el cambio, como fue el caso de EH Bildu, podrá ganar las elecciones, pero no podrá mandar’».

Consideran que «castigando personalmente a dos personas, se quiere dar un escarmiento, especialmente de cara al futuro. Las decisiones más importantes del Régimen (esto es, las que implican mucho dinero de por medio) tan solo pueden adoptarlas los partidos que sustentan al Régimen, aunque no tengan mayoría».

«Esa mentalidad» les parece, en sí misma, tan grave como la demanda que han presentado, puesto que ven que atenta directamente contra su derecho a tomar decisiones libremente. Censuran que con este comportamiento, ambos partidos «han traspasado las líneas rojas y están jugando sucio, queriendo hacer ver que cumplir con la palabra dada a la ciudadanía puede ser delito».

Sin embargo, quienes conformaron el anterior Gobierno foral insistieron en que están orgullosos de su gestión y no les acobardan estos ataques. «Todas las opciones políticas deben tener la libertad y la seguridad de poder llevar a cabo sus resoluciones. Quieren castigar una decisión política que se deriva de un mandato de la ciudadanía, y no hay nada más, porque, en este caso, no ha habido robo de dinero, ni intereses ocultos. No es un caso de corrupción, de ningún modo, ni ha habido una utilización ilícita del dinero público, no hay delito, no hay nada, solo la intención de cerrarle la vía a una opción política».

Aseguraron que el Consejo de Gobierno de 2011-2015, el Ejecutivo al completo y EH Bildu seguirá desarrollando su proyecto político, construyendo alternativas, aunque estas no sean «del gusto del Régimen».