«Me gustaría encarar hoy a quienes le han quitado a Felicia su humilde casa. Porque, como veréis, es una pobre casa. Quisiera haber abrazado hoy aquí al señor Pérez», arengó ayer Carlos Armendáriz a quienes se reunieron a parar el desahucio ordenado por el arzobispo navarro Francisco Pérez. Armendáriz habló en nombre de la Plataforma en Defensa del Patrimonio, que se ha sumado a la pelea en favor de esta anciana de 88 años tras constatar que la vivienda en cuestión fue inmatriculada a nombre de la Iglesia, pero que el origen de la propiedad es público. De ahí que se corearan consignas como “Las casas parroquiales eran vecinales”.

En Lizoain ya no vive ningún cura. Ya ni siquiera se oficia misa. Al poco de inamtricularse, en el año 1981, comenzó a vivir en aquella vivienda el cartero del pueblo, Gregorio Erburu, que formalizó un contrato con el Arzobispado. Hoy su viuda, tras 36 años sin faltar a una mensualidad, entiende que esa casa es la suya y rogó al arzobispo Pérez en un encuentro cara a cara que le dejara permanecer en ella hasta su muerte. No le valió de nada.

«Sin esa familia y los arreglos que hicieron, todo se hubiera caído a pedazos. Intentaron comprarla además, pero la Iglesia no quiso. ¿Ahora qué van a hacer con ella? Se va a quedar cerrada. Lo sabemos todos», subrayaba un vecino.

«Sé que puedo volver al pueblo. Que la gente me quiere y que me abren sus casas», explicaba la anciana abrazada a su vecina. «Tengo a esta mujer, por ejemplo. Pero estar en casa de otro no es lo mismo. No es igual que estar en la tuya propia, cerrar la puerta abajo y subir arriba a estar tranquila, a tus cosas», explicaba. «Le entran a una ganas de perder hasta la religión. De no volver a misa. Aunque saben que volveré».

«El cerrajero sí irá al cielo»

No es la primera vez que el Arzobispado desahucia a una mujer de una «casa del cura». La plataforma recordó a Carmen Castañeda expulsada en Mugiro con su hija y con su nieto Ekaitz. Y a María Luisa Etxeberria, que comenzó a vivir en la casa parroquial de Arraiz como sirvienta de su tío sacerdote. El obispo la expulsó de allí después de 30 años, en el año 2010. «¿Para qué quiere esas casas el señor Pérez, si tiene más de mil pisos en Iruñea, la mayoría vacíos?», lanzó al aire Armendáriz.

Hoy, las casas de las que desahució a Castañeda y Etxeberria están abandonadas. La de Lizoain aún formalmente no. El cerrajero Karlos Ezpeleta, que llegó para cumplir el mandato judicial, se negó a cambiar la cerradura al saber del caso. «Es obvio que se puede llegar a un acuerdo. No son formas ni maneras», aseguró después a GARA. Los presentes aplaudieron la decisión del trabajador gritando con sorna: «El cerrajero sí irá al cielo». El desalojo queda aplazado, por el momento.

Además de la casa, la Iglesia se quedará los muebles de la anciana. «¿Adónde me los iba a poder llevar?», se preguntaba Itoiz.