El diario “El País” abría ayer su primera página con el titular «El independentismo deberá responder hoy a la justicia». Hubo también expresiones similares en la rotulación de alguna cadena de televisión. Esa alusión genérica al «independentismo» fue tachada de incorrecta por algunas personas, incluso afamados periodistas del mismo grupo empresarial que la publicaba, al entender que el independentismo como tal no es delictivo. Sin embargo, luego llegó la jueza Carmen Lamela y vino a dejar claro que quizá ser independentista no sea delito mientras ello se mantenga en el ámbito ideológico o reivindicativo, pero que si pretendes llevarlo a la práctica vas derechito a la cárcel.

¿Por qué van a la cárcel los miembros del Gobierno legítimo de la Generalitat que ayer pasaron por la Audiencia Nacional si, como señalaron sus defensas, «no están de acuerdo con la violencia ni han propugnado actos violentos»? Pues porque, según expone la jueza en el auto que los manda a prisión, «los investigados urdieron una estrategia de todo el movimiento secesionista, perfectamente organizada y con reparto de papeles entre las autoridades gubernamentales, parlamentarias y asociaciones independentistas (ANC y Ómnium) que llevaría a la celebración del referéndum ilegal el día 1 de octubre y a la declaración de independencia aprobada en el Parlamento el pasado 27 de octubre».

Es decir, están presos por poner en marcha un plan para la consecución de la independencia de Catalunya, por la única vía que el Estado español les ha ido permitiendo. Y para justificar meter con calzador el delito de rebelión y sedición, que requieren empleo de violencia, se copian y pegan las menciones de la Fiscalía General del Estado a las «movilizaciones tumultuarias organizadas»; la alusión a los Mossos d’Esquadra como «cuerpo policial integrado por más de 17.000 efectivos armados, con el potencial efecto intimidatorio que los mismos representaban»; y se añade que «también se barajó el papel que los mismos [los Mossos] habrían de desempeñar en el Estado independiente, planteándose incluso la posibilidad de conferirles funciones de seguridad externa y/o defensa».

Al objeto de justificar el encarcelamiento de los miembros del Govern, prácticamente todo vale, como alegar que el llamamiento a la huelga general del día 3 de octubre «nada tuvo que ver con una reclamación de derechos o mejoras de las condiciones laborales». Cabe recordar que aquel paro, al que llamaron incluso UGT y CCOO, se hizo en protesta por la brutalidad policial del 1-O, aunque para la jueza fuera «a favor del proceso independentista».

También aparece como motivo de acusación la pertenencia de algunos de los consellers encarcelados a la Assamblea Nacional Catalana o a Ómnium Cultural, como si ambas organizaciones fueran prácticamente bandas terroristas y no asociaciones que en el caso de Omnium tiene existencia civil y pacífica desde el franquismo.

Entre los argumentos que utiliza la jueza en su auto de prisión se encuentra «el rechazo institucional al contingente policial desplazado a Cataluña» que puso de manifiesto el conseller Josep Rull a través de tuits o declaraciones como «en efecto, no les hemos dejado atracar», «para reprimir no hay congelación de cuentas ni límites al déficit público» o «la presencia testosterónica de la policía en el puerto está entorpeciendo las exportaciones».

Se ve que decisión de la jueza de encarcelar a los miembros del Govern estaba tomada desde que tuvo en sus manos las tesis de la Fiscalía General del Estado.

En el ámbito de la propaganda se extendió interesadamente la tesis de que el hecho de que el president Carles Puigdemot y parte de sus consejeros se encontraran en Bélgica perjudicaba a quienes ayer declaraban en la Audiencia Nacional. En contra se exhibía también la idea de que precisamente fueron a Madrid habiendo podido huir, lo que desmontaba esa perversa teoría de que son los perseguidos los culpables de su persecución. De hecho, la misma jueza ya encarceló a Jordi Sánchez y Jordi Cuixart sin que mediara exilio alguno.

Pero es la propia Carmen Lamela quien resta trascendencia al riesgo de fuga, que admite que es posible, a la hora de determinar la prisión incondicional. Hay que recordar que la jueza redactó ayer dos autos, uno para ocho consejeros y consejeras a los que manda a la cárcel sin posibilidad de fianza, y otro para Santi Vila, que puede eludir con el pago de 50.000 euros. Lo que diferencia a éste del resto es que «frente a los demás querellados, no se aprecia en el Sr. Vila riesgo de reiteración delictiva», porque dejó el Govern antes de que se votara la declaración de independencia, «lo que pone de manifiesto su voluntad contraria a consumar el intento soberanista».

Una frase que evidencia que lo que justifica el encarcelamiento no es el riesgo de fuga, sino la voluntad de seguir tratando de lograr la independencia de Catalunya; seguir siendo independentistas practicantes.