Ibon Iparragirre tenía el VIH cuando ingresó en prisión y, a pesar de todas las advertencias médicas, fue alejado y dispersado. En la cárcel su carga viral se multiplicó por ocho. Fue excarcelado en prisión atenuada para posteriormente, y contra todo criterio médico, fue encarcelado nuevamente. Ya desde el mes de septiembre, las células CD4 que tiene el preso solo son 20, cuarenta veces menos que las de una persona sana (723-1.234).

Un mes después de certificarse que Ibon Iparragirre apenas tiene defensas, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria continúa demorando sine die la decisión de su excarcelación. Ahora, solicitando una tercera opinión a través de un experto en infecciones virales designado por el Colegio de Médicos de Madrid. Sin embargo, consciente de la gravedad de su estado de salud, al mismo tiempo y significativamente, el juez dispone dar celeridad a diferentes trámites para una posible excarcelación si su salud empeorara drásticamente.

El juez José Luis Castro está demorando demasiado la resolución sobre la excarcelación de Ibon y está dilatando en el tiempo la adopción de una decisión que, por responsabilidad, a él le corresponde. El hecho de que haya intentado delegar en otros su responsabilidad resulta gravísimo, máxime cuando los informes médicos, tanto de los forenses de la Audiencia Nacional como del Centro Penitenciario, son concluyentes sobre la gravedad del estado de salud de Ibon. Mientras tanto, cada día que pasa solo sirve para que la situación crítica del preso ondarrutarra vaya a peor y su estado de salud continúe deteriorándose. Es vital que Iparragirre salga de prisión cuanto antes. Por ello, debemos salir a la calle para que excarcelen a Ibon Iparragirre antes de que sea demasiado tarde.

El Código Penal prevé medidas excepcionales para las personas que padecen enfermedades graves e incurables, cosa que no se aplica en el caso de Iparragirre y de otros veinte presos políticos más. Pero es que, además, en el caso de Ibon Iparragirre, la actitud de la judicatura no puede ser calificada de otra forma que de cruel, injusta y despiadada.

La providencia dictada el pasado 8 de noviembre por el Juez de Vigilancia Penitenciaria dispone nombrar un especialista del Colegio de Médicos de Madrid para adoptar una resolución definitiva. Le pide que emita un informe sobre la situación clínica del preso, la probabilidad de mejoría, el riesgo de contraer una enfermedad oportunista y sus consecuencias, así como el pronóstico de vida del enfermo y lo que se derivaría de la decisión de mantenerlo en prisión. Aunque el juez plantea que el peritaje se realice a «la mayor brevedad posible», esto que en otras circunstancias podría ser una buena noticia no lo es porque supone alargar innecesariamente la resolución que tarde o temprano va a tener que tomar. Además, posponer la toma de una decisión urgente y obviar la contundencia del informe forense ya existente, puede conllevar que esta resolución acabe llegando demasiado tarde.

Lo alarmante del caso es que el juez Castro es consciente de la gravedad de la situación de Ibon, de hecho, en la misma providencia sugiere que se avance en un doble sentido:

– Que previendo que en este tiempo se produzca un agravamiento o empeoramiento de la salud de Ibon, insta a la Administración Penitencia a elevar al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria el correspondiente expediente de libertad condicional previa clasificación en tercer grado, con la urgencia que el caso requiera.

– Que en caso de agravarse la enfermedad hasta el punto de estar en peligro la vida de Ibon se comunique al Tribunal sentenciador (el que le condenó) para que prevenido de antemano pueda determinar la suspensión de la condena prevista para los casos en que, como estipula el articulo 91.3 «el peligro para la vida del interno sea patente y deba ejecutarse con urgencia».

Ante esta providencia judicial ambivalente y dilatoria y en vista de los informes médicos previos, del peligro inminente para su vida y de la superación de todas las expectativas estadísticas de vida, la defensa de Ibon solicitó nuevamente de urgencia el 9 de noviembre la libertad condicional por motivos humanitarios. La defensa de Ibon en su escrito subrayaba que la demora en la toma de una decisión suponía la aplicación de un trato cruel e inhumano.

El día 13 de noviembre el juez Castro volvió a emitir otra nueva providencia en la que da cuenta de una lista de tres «expertos» propuestos por el Colegio de Médicos de Madrid para designar a quien ha de realizar el peritaje sobre la situación clínica de Ibon Iparragirre.

Esta sucesión de providencias que no resuelven y dilatan continuadamente la resolución suponen una inadmisible inacción judicial. Cada día que pasa Ibon en prisión aumenta el riesgo para su vida. Es necesario volver a instar a Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, desde todas las partes, para que tome urgentemente la decisión de poner a preso ondarrutarra en libertad condicional o prisión atenuada y, volver a insistir en el llamamiento a salir a las calles para exigir que Ibon recobre la libertad cuanto antes.

Denunciar la crueldad de esta situación se hace urgente. En los próximos días y semanas entre todos debemos multiplicar las iniciativas activistas, propagandísticas y movilizadoras demandando la libertad y el excarcelamiento de Ibon. A las previstas movilizaciones organizadas por Sare en favor de la libertad de Ibon y el resto de presos gravemente enfermos, tenemos que sumar nuevas iniciativas.

El caso de Ibon no es ya unicamente el caso de un preso gravemente enfermo sino el de una persona al que se le está arrebatando la vida por el evidente alto riesgo añadido que supone la dilación judicial. Movilicemos a nivel local y en cuantos marcos sea necesario contra la política carcelaria de venganza, crueldad e inhumanidad del Gobierno español y su judicatura. Comencemos por acudir este domingo a Ondarroa a la 13:00 horas a la convocatoria de “Iparra galdu baik”.

Denok batera, Ibon kalera!