El Tribunal de Cuentas español ha abierto diligencias por las irregularidades detectadas en la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, pues en su fiscalización de las actividades realizadas por esta fundación en 2015 llegaba a acusar a CEOE, CCOO y UGT, entonces patronos de ese organismo, de organizar un reparto previo de fondos.

Durante su comparecencia de ayer ante la correspondiente comisión mixta (Congreso-Senado), el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, dijo que estas diligencias se encuentran actualmente en tramitación.

Ni la Fiscalía ni la Abogacía del Estado han solicitado responsabilidades penales por este asunto, por lo que seguirá por la vía de enjuiciamiento de responsabilidades contables, pendiente de la eventual devolución de los fondos por parte de la propia fundación.

El tribunal señala que una de las convocatorias de esta fundación para el ejercicio 2015-2016, por valor de 10,7 millones de euros, no cumplía en sus bases los principios de concurrencia, igualdad y no discriminación. Tampoco en lo referente a los beneficiarios, en cuanto a que los receptores de las subvenciones eran los propios patronos de la fundación.