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BILBO

ELA y LAB suman fuerzas para negociar en el ámbito foral y local

En las mesas de negociación de los convenios de las distintas instituciones de la Administración local y foral de la CAV, ELA y LAB plantean una tabla de reivindicaciones conjunta que pasa por la recuperación del empleo destruido en los últimos años –3.400 puestos– y del poder adquisitivo perdido al aplicar los recortes. También subrayan que es urgente reducir la alta tasa de eventualidad, que afecta al 36% del personal empleado en este sector público.

Representantes de ELA y LAB ofrecieron ayer una rueda de prensa conjunta, en Bilbo, en la que anunciaron el inicio de movilizaciones en la Administración foral y municipal de la CAV en defensa de la estabilidad del empleo y la mejora de las condiciones laborales.

De entrada, estos sindicatos, que representan a tres cuartas partes del personal en el sector, han convocado concentraciones ante las sedes de las diputaciones el próximo día 20 para exigir a los respectivos gobiernos forales que reviertan los recortes aplicados durante los últimos años y reduzcan la eventualidad laboral.

Durante los meses de enero y febrero, proyectan extender las movilizaciones a los ayuntamientos, mancomunidades, y empresas públicas forales y municipales. Y, si sus demandas no son atendidas en «un breve periodo de tiempo», pasarán a «reforzar» las protestas, sin descartar la convocatoria de paros.

La mesa de Udalhitz

Según los datos que aportaron las dos centrales abertzales, en la Administración foral y local trabajan unas 27.800 personas –cerca de 10.000 en el ámbito foral y el resto en el local– y desde 2011 se han perdido unos 3.400 puestos de trabajo en el marco de un proceso de «privatización» de servicios públicos, tal como recogió Efe.

Además, destacaron que el 36% del personal de este sector público es eventual, lo que en el ámbito municipal supone incumplir el acuerdo Udalhitz, que regula las condiciones laborales de los empleados locales, ya que su desarrollo establece que la interinidad estructural no puede superar el 6%. Como muestra de protesta, no tomarán parte en la mesa de negociación de Udalhitz mientras no se den pasos para cumplir el último acuerdo firmado –con vigencia para el periodo 2008-2010–e intentarán que se abran mesas de negociación en diferentes ayuntamientos.

Señalaron que también los convenios propios de las diputaciones se han incumplido, por ejemplo, por los recortes aplicados respecto a las subidas salariales pactadas.

Por todo ello, ELA y LAB consideran que «no existe una verdadera negociación colectiva en el sector» al no mostrar la Administración voluntad de llegar a acuerdos. Y lamentaron que «en el mejor de los casos todas las opciones se limitan a cumplir lo que diga Madrid».

 

Jornada de huelga en el sector de Intervención Social de Araba

Ayer se desarrolló la primera de las tres jornadas de huelga –las próximas serán los días 20 y 27 de este mes– convocadas en el sector de Intervención Social de Araba, en defensa del convenio colectivo, por ELA, LAB, CCOO, UGT y ESK. Estos sindicatos acusan al Gobierno foral de «condicionar y liquidar la negociación colectiva sectorial y la posibilidad de alcanzar acuerdos de mejora de las condiciones de los trabajadores y trabajadoras del sector».

El colectivo afectado lo conforman las plantillas de las empresas subcontratadas por Diputación, Gobierno de Lakua y Ayuntamiento de Gasteiz para atender a los colectivos en riesgo de exclusión social (menores, personas con dependencias, con enfermedades mentales...).

Los sindicatos recordaron que el 27 de julio firmaron un preacuerdo en materia salarial y de jornada laboral para el periodo 2017-2020 con la patronal AISA. Aunque valoraron como «muy modestos» los avances logrados, firmaron con el objetivo de consolidar el convenio sectorial. Pero, según subrayaron, ahora la Diputación esgrime la Ley de Desindexación del Gobierno español para justificar sus recortes en los Presupuestos de 2018 y poner topes a las subidas salariales en los acuerdos de subcontratación. Por eso, AISA alega que no puede firmar el convenio y los sindicatos temen que esto repercuta negativamente en las condiciones laborales. GARA