El Tribunal de Segunda Sentencia de San Salvador ratificó la condena a 30 años de cárcel contra Teodora Vásquez por un delito de homicidio agravado que, según organizaciones de defensa de los Derechos Humanos, se debe a un aborto involuntario por una «emergencia obstétrica» no atendida. Organizaciones sociales confiaban en una sentencia absolutoria que sentara precedente en el país.

La Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto sostiene que Vásquez sufrió una «emergencia obstétrica» mientras limpiaba en un colegio y se puso de parto dando a luz a un bebé muerto en los baños.

La mujer fue condenada en 2008 porque, según el fallo, el bebé nació muerto por un aborto intencionado. El Tribunal de Segunda Sentencia estimó que la condena «debe confirmarse» porque «los elementos probatorios no han sido desvirtuados de una forma categórica».

La defensa esgrimió que las pruebas forenses presentadas por la Fiscalía no evidenciaban un aborto intencionado. El abogado de Vásquez, Víctor Mata insistió, conocido el fallo, en que «la prueba científica no fue analizada en toda su amplitud» y anunció recurso de casación.

El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad al-Hussein, ha pedido a El Salvador que imponga una moratoria sobre la prohibición total del aborto.

En octubre de 2016, el Gobierno de Salvador Sánchez Cerén propuso al Congreso despenalizar el aborto en casos de violación, riesgo de muerte de la madre o inviabilidad fetal, lo que no prosperó, mientras la oposición pide incrementar las penas hasta los 50 años de prisión.

En El Salvador, 27 mujeres purgan penas de entre 12 y 30 años de prisión por homicidio agravado a causa de abortos.

Solo El Salvador, Chile, Nicaragua, Honduras, Haití, Surinam, Andorra y Malta mantienen una prohibición absoluta.