El Patronato de la Fundación Miranda, en Barakaldo, decidió hace un año establecer unas nuevas tarifas para las personas residentes. La medida supuso un aumento de cuotas de entre el 35 y 50% respecto a 2016. La inquietud generada provocó la constitución de una asociación de familiares, Miranda Babestu, que sostiene que el aumento del precio de la estancia no garantiza un servicio de calidad y acusa a la dirección de abandonar los principios fundacionales y buscar que el centro se convierta «en un lugar para privilegiados».

Miranda Babestu se pregunta por qué una institución sin ánimo de lucro impone unas tasas tan altas. Para justificar esa interpelación pone el ejemplo de una residente nonagenaria, que dispone de una pensión de 721 euros mensuales y recibía en 2016 una ayuda del Ayuntamiento de Barakaldo de 15.583 euros. Hasta el año pasado, relatan, esa persona no tenía problemas para satisfacer las cuotas, pero eso ha cambiado. El 1 de diciembre recibió una notificación en la que se le informó de que a la fecha adeuda a la residencia 20.350 euros; «es decir –explican– si se le concede desde el Consistorio una ayuda de la misma cuantía que la recibida en 2016, a fin de 2017 habrá generado una deuda de al menos 8.000 euros».

La asociación explica que el aumento de cuotas afecta a todos los residentes, sobre todo a aquellos que pagan con sus recursos y a los que reciben una ayuda municipal. «De los 230 residentes, 90 tienen reconocida su discapacidad por la Diputación, por lo que reciben una asignación foral en torno a 2.360 euros mensuales», apuntan. Se da el caso de personas mayores que viven en la residencia desde hace años, añaden desde Miranda Babestu, que son autónomas y que ven con miedo cómo, con «su exigua pensión y las nuevas cuotas», no pueden pagar la tasa fijada, con lo que se genera una deuda. De hecho, en 2017 el exceso de pago al que tendrán que afrontar será de hasta 12.000 euros, y aquellos que reciben ayuda del Ayuntamiento y que hasta ahora podían hacer frente a los pagos, ya no podrán.

«¿Cómo es posible que si la Diputación considera que una asignación a dependientes de grado II-III es adecuada con 2.365 euros al mes se acepte que un residente autónomo se vea obligado a pagar 2.695 o 2.995 euros?», se preguntan desde Miranda Babestu. En su opinión, se debe tener en cuenta que una persona autónoma precisa un 40% menos de gasto en atención de personal que una discapacitada, y que en cualquier residencia el 65% del gasto es en personal, «proporción que sube hasta un 80% en la Fundación».

Los familiares acusan a la institución centenaria de presionar a los residentes que disponen de piso propio, el que fue su vivienda habitual, para que lo vendan «cuando se acaban los recursos propios», añadiendo que a pesar de ello no se les garantiza la estancia en la residencia. Mencionan también el caso de los que no disponen de una vivienda, asegurando que la Fundación «está induciendo a los familiares a aceptar la ‘deuda acumulada’».

A raíz del cambio de gerencia

Los afectados sitúan el origen de la actual situación en el cambio del equipo gestor en octubre de 2013. A partir de entonces se producen quejas por aspectos relacionados con el alojamiento, sanitarios y de organización, además del incremento de la conflictividad laboral. Al tiempo, detectan, un aumento del marketing para promocionar la imagen de la residencia.

«Nuestra sospecha es que el equipo gestor actual liderado por Rafael Carriegas ha entrado en un juego de oferta-demanda, que su voluntad es convertir la residencia en un lugar para privilegiados y que la presencia de los mayores autónomos que llevan muchos años en la residencia les sobra», argumentan. Miranda Babestu asegura que al menos doce personas han abandonado el centro a lo largo del año.

Es más, auguran para el próximo ejercicio un incremento de las tarifas. «En la revista de la residencia inciden en que la negociación que ha dado fin a la huelga de gerocultoras supondrá un aumento del gasto de personal y que, según su lógica, deberá repercutir en los residentes», comentan. La Fundación impulsa ahora un centro especializado de mayores con discapacidad intelectual, que pretende abrir sus puertas en 2019, en el edificio que acogió hasta el curso pasado el colegio La Milagrosa.

A los familiares les preocupa la «inhibición» de la Diputación a sus continuos requerimientos de control, aduciendo que se trata de una «entidad privada», y también la postura adoptada por la diócesis –el vicario episcopal de la zona es el presidente del patronato– de avalar la actual gestión. No ocultan su «desesperación» porque «las instituciones han dejado la atención de los mayores en Bizkaia en manos de la empresa privada, que por su propia naturaleza va a priorizar las ganancias sobre el servicio».

Se quejan de la «pobre respuesta a las deficiencias de cuidado de los residentes que da el Gobierno foral, que es quien debe velar por el bienestar de sus ciudadanos, preferentemente los más desfavorecidos». Lamentan las «respuestas estereotipadas» que ofrece la Diputación ante deficiencias detectadas en esta residencia concertada de Barakaldo. «Estamos desesperanzados ante un futuro en el que el ciudadano completa su ciclo vital siendo exprimido, él y su familia, por empresas que ven en el cuidado de los mayores un gran negocio con la connivencia de nuestras autoridades», comentan desde la asociación Miranda Babestu.