El Ministerio español de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente prepara una ley sobre el servicio meteorológico del Estado con la intención de que Aemet (Agencia Estatal de Meteorología) sea la única autoridad competente para ofrecer este servicio frente a otros de carácter autonómico, local o privado. Aunque el borrador de anteproyecto de ley se ha hecho público esta semana, el propio Ministerio lo ha retirado ya. Pero lo ha hecho para iniciar una ronda de contactos con las comunidades autónomas antes de seguir adelante con el proyecto y presentarlo de forma oficial, según ha sabido GARA.

La CAV -con Euskalmet-, Galicia -con MeteoGalicia- y Catalunya -con SMC- son los tres territorios que cuentan con un servicio meteorológico propio. La Generalitat ya ha avanzado su «oposición total y absoluta» al anteproyecto, al considerarlo «un ejemplo del carácter recentralizador» del PP.

Por su parte, el Ejecutivo de Lakua ha hecho llegar a este diario su intención de defender la competencia que le corresponde en esta materia, recogida en el Estatuto. El Gobierno de Iñigo Urkullu considera que Euskalmet, dependiente del Departamento de Seguridad, «cumple una labor básica para este país por el servicio que ofrece, por la extensión que tiene y por la influencia que tiene en la sociedad vasca».

Estas mismas fuentes ensalzan la labor de la agencia en las predicciones que realiza, sobre todo cuando la meteorología se prevé adversa, ya que ayuda «a disminuir los daños en personas y bienes, así como para la correcta gestión de los servicios de emergencias». El ejemplo más reciente es la alarma roja decretada el pasado 31 de enero, avisando del oleaje y de las mareas vivas para la madrugada del 1 al 2 de febrero.

Respecto a las alertas, el artículo 5 del borrador del anteproyecto designa a Aemet como «la única fuente oficial autorizada en todo el territorio nacional, responsable de la elaboración y emisión de los avisos y predicciones de fenómenos meteorológicos que puedan afectar a la seguridad de las personas y bienes, o que tengan alto impacto social o económico; cumpliendo así con lo establecido por la Organización Meteorológica Mundial».

Una única fuente solvente

En primer objetivo de la futura ley sería «regular las actividades públicas», tal y como se recoge en la propuesta, «con pleno respeto a las competencias de las Comunidades Autónomas». En ese sentido, comenta que «la situación en la que coexisten dos fuentes de emisión de avisos puede generar confusión en la población y descoordinación en las actuaciones ante las emergencias por parte de los diferentes responsables», y añade que mantener el marco actual supone «continuar con la duplicidad e ineficiencia en la prestación de los servicios».

Por ello, justifica que, para que un sistema de avisos sea efectivo, deben proceder de una «fuente solvente» que proporcione información «precisa, fiable y oportuna», además de ser una fuente «única» para evitar la descoordinación entre los niveles de gestión de emergencias.

La propuesta adelanta que las comunidades que desearan mantener o desarrollar competencias en esta materia tendrían que coordinarse con la autoridad meteorológica estatal, proporcionando servicios necesarios en su territorio pero sin duplicidades. Para garantizar la coordinación entre las diferentes administraciones, se crearía el Consejo Interterritorial de Meteorología y Clima.