2014/06/11

Aitor Suárez, Jon Sanz
Militantes de Komite Internazionalistak
Parar el TTIP en la calle

Uno de los objetivos principales de este tratado comercial entre EEUU y Europa es lo común y lo público, buscando una mayor liberalización de todos los sectores de servicios, ahondando en la privatización de los servicios públicos y en el recorte de nuestros derechos

Desde junio de 2013, Estados Unidos y la Unión Europea (y las grandes corporaciones en la sombra) negocian, rodeados de capas de opacidad, el llamado «Transatlantic Trade and Invesment Partnership» (TTIP), un gran acuerdo de libre comercio entre las dos potencias, que tendrá graves consecuencias. Este tratado de enorme calado, no solo armonizará aranceles entre las dos potencias, sino que además ajustará diferentes leyes y normas, por supuesto a la baja, para que el capitalismo global y su lógica depredadora de acumulación circule aun con mayor libertad, por encima de las decisiones de los pueblos, eliminando cualquier otra regularización, que se oponga en su camino o lo ralentice.

De aprobarse, conllevará graves impactos sobre nuestras vidas. Nuevos ataques a nuestros derechos sociales y laborales, nuevos daños para el medio ambiente; condicionará nuestra seguridad alimentaria, nuestro derecho a la libertad de expresión y la privacidad... y apuntalará las políticas neoliberales emprendidas en las últimas décadas.

Uno de los objetivos principales de este tratado comercial entre Estados Unidos y Europa es lo común y lo público, buscando una mayor liberalización de todos los sectores de servicios, ahondando en la privatización de los servicios públicos y en el recorte de nuestros derechos. En ese sentido, una de las demandas claves del capital es la de garantizar, por ejemplo, que la compra pública (contratos de gobiernos de las diferentes administraciones) se abra a la competición global. Puertas abiertas a las grandes empresas transnacionales frente a las pequeñas empresas locales. También pretende ser una nueva vuelta de tuerca para subordinar las normas sociales, laborales, sanitarias o medioambientales a los intereses de las grandes empresas y para minar, aún más, los derechos laborales como la huelga y la negociación colectiva, entre otros. En plena crisis del capitalismo, esto no producirá sino una mayor precarización de nuestras vidas y el aumento de las desigualdades, siendo de nuevo las mujeres las más perjudicadas, empujadas a asumir en solitario los trabajos reproductivos y de cuidados.

En el plano medioambiental, cuando todas las luces rojas se están encendiendo ante las consecuencias del daño infligido al planeta, lo finito de nuestros recursos, y el poco plazo del que disponemos para reaccionar, el ansia depredadora de estas dos potencias solo piensa en pisar el acelerador. Con la intención de aumentar los flujos de comercio e inversiones desde EEUU, se prevé derribar las regulaciones que impiden actualmente en la Unión Europea, al contrario que en EEUU, la utilización generalizada de transgénicos, superar los escollos para la práctica del fracking en toda Europa o el tratamiento hormonal de, por ejemplo, la carne de ternera. Las multinacionales y estos gobiernos también pretenden cercenar, aumentando los controles, la libertad de expresión en Internet o el conocimiento libre: desde la agricultura (semillas) a la sanidad (medicamentos genéricos) pasando por la innovación o el acceso a la cultura.

Para que el capital encuentre el camino despejado para todas las prácticas mencionadas, el tratado está pensando en un grupo de arbitraje privado, libre de otras legislaciones, que permitiría a las empresas querellarse contra los gobiernos soberanos si consideran que éstos tienen regulaciones que perjudican sus intereses. Se pretende, de nuevo, sacar a la democracia y a los pueblos, criminalizando también su respuesta, del tablero de juego del capitalismo global y sus necesidades particulares. Así, estamos presenciando cómo una empresa estadounidense, Lone Pine, reclama 250 millones de dólares al gobierno de Quebec por haber adoptado una moratoria para las exploraciones de fracking, o cómo una eléctrica sueca, Vattenfall, exige 3.600 millones de euros al Gobierno alemán por, en una decisión ratificada por mayoría aplastante en el parlamento, abandonar la energía nuclear.

Este tratado, que pretende allanar aún más la orilla a la ola neoliberal que nos asola, debe de nuevo encontrar respuesta en la calle, tal y como hicieron contra el ALCA primero, los movimientos populares y los pueblos, y después, los gobiernos progresistas de Latinoamérica. Juntos, en aquella ocasión, infligieron una derrota en el año 2005 al ansia de imperialismo norteamericano por más recursos y personas esclavas, al rechazar contundentemente aquél tratado económico, negociado a sus espaldas, que se les pretendía imponer.

Los movimientos sociales en Europa debemos incorporar con urgencia esta cuestión clave en nuestras agendas. En los dos continentes existen movimientos y organizaciones trabajando por hacer público este oscuro proceso (http://bit.ly/ttippeople). El internacionalismo, en particular desde nuestra óptica anticapitalista y su lógica crítica sistémica, ubicando las luchas entre explotadores y explotadas y la solidaridad en el centro de su ideario, puede ser un arma estratégica que, junto a otros cómplices (ecologistas, feministas, clase obrera y campesina...) debe contribuir a construir conjuntamente el muro popular que impida que el TTIP lleve a cabo sus planes en Euskal Herria y en Europa y presionar a los gobiernos y sus lobbies económicos para enterrar este acuerdo.

Manos a la obra.