La reunión de ayer entre la presidenta navarra y el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, acabó ayer con la prórroga de un año del acuerdo sobre el IVA de Volkswagen para el año 2015, buenas palabras y pocas concreciones. El tema de la conflictividad competencial y de la autonomía navarra para definir sus propios tributos se dejó para reuniones de técnicos que comenzarán en setiembre, cuando se crearán grupos de trabajo para resolver los recursos que hay actualmente ante el Tribunal Constitucional.

Con este aplazamiento de otro año más a la solución definitiva al IVA de Volkswagen, Barcina deja el principal problema financiero navarro en manos del próximo gobierno que saldrá elegido en mayo del año próximo. Y esto, a pesar de que el aplazamiento desdibujará completamente el acuerdo para el próximo quinquenio, que debiera arrancar el próximo mes de enero y que está sin empezar siquiera a discutirse.

Teóricamente, lo que Nafarroa y el Estado deberían estar tratando en estos momentos son los parámetros para el régimen de tributos de los próximos cinco años. Pero eso dista muchísimo de la realidad. La siguiente reunión de los técnicos estará destinada únicamente a «avanzar en la trasposición de los impuestos que aún no tenemos acordados con el Gobierno como puede ser el de la lotería, el del juego online o el propio de la energía», según explicó Barcina. Es decir, Nafarroa se encuentra en el mismo estadio en el que se encontraba la CAV a mediados de enero y que ya se solventó sin armar tanto ruido, pese a tener cada una de las tres diputaciones un partido distinto en el gobierno. Atendiendo a los precedentes de anteriores negociaciones, todo apunta a que la reunión del 31 de julio se limitará a ser un «corta y pega» de lo que negoció la CAV en enero.

Aunque el hecho de que Nafarroa vaya con retraso con respecto al resto de diputaciones sea algo acostumbrado, en esta ocasión va más retrasada aún. Esta tardanza podría estar fundamentada en la profunda crisis generada en febrero cuando dimitió Idoia Nieves, directora gerente de la Hacienda navarra, lanzando severas acusaciones contra la consejera Lourdes Goicoechea. Una crisis tan grave que estuvo a punto de acabar en adelanto electoral de no haber mediado un ultimátum de Ferraz a su filial navarro.

El otro punto que se abordará en la reunión del 31 de julio es la prórroga de VW, que parece que otro año se dejará sin tocar (a cambio de que Nafarroa entregue 25 millones al año, una cifra absolutamente arbitraria). Las referencias de Barcina al mismo resultaron un tanto vagas. «Sí que era importante que el acuerdo con la empresa de automóviles de nuestra comunidad se prorrogue hasta que tengamos ese quinquenio acordado con el Gobierno de España», señaló la presidenta, que no explicó por qué no tendrán lista la negociación del quinquenio en fecha, lo que hubiera ahorrado esta prórroga de un solo año. «No esperamos por la urgencia del tema y porque un nuevo Convenio requiere muchas más negociaciones, más tiempo y más debate», se limitó a señalar.

Sentencias del TC

A pesar de que el tema más importante de la reunión acabó siendo la prórroga del acuerdo sobre VW (que está recurrido por UPyD ante el Constitucional), UPN había dado un perfil muy alto a esta reunión, sobre todo, a raíz de la última sentencia del TC que tumba la exención fiscal navarra para los productores de energía verde. En poco tiempo, este tribunal ha emitido dos resoluciones en las que demuestra tener una lectura muy restrictriva de la capacidad que tiene Nafarroa para gestionar sus propios tributos y que ha desatado el enfado de prácticamente todo el arco parlamentario.

En referencia a la ley sobre energías renovables, la presidenta navarra asumió que «no se puede aplicar esta ley a raíz de la sentencia del Constitucional». Barcina, además, subrayó que solucionar este hecho es «urgente». «Son impuestos que se pagan anualmente, por eso la urgencia de trasponer todos los impuestos para clarificar, entre otros este, y ahí también aclarar la competencia tributaria que tiene navarra por derecho propio», dijo Barcina, para después aclarar que, no se entrará en detalle del conflicto competencial hasta después del verano.

Barcina aseguró haber encontrado en Montoro «receptividad para avanzar a primeros de setiembre y que se pueda ir cerrando este tema con los técnicos correspondientes». Para ello, se ha convenido que se crearán dos grupos de trabajo -uno del Estado y otro navarro- para estudiar los recursos existentes a las normas forales, con el fin de «reducir el nivel de litigiosidad actual».

Los conflictos sobre la autoridad de Nafarroa para legislar sus propios impuestos no han acabado y, de hecho, una nueva sentencia del Constitucional se prevé que se conozca próximamente. Esta hace referencia al impuesto sobre los depósitos en entidades de crédito, que Montoro ha dejado prácticamente en un 10% de lo que se cobra en Nafarroa por este concepto.

Con su visita ayer a Madrid, Barcina buscaba que se retiren algunos de estos recursos del Estado a estas leyes navarras y que se busquen vías de negociación alternativas a un contencioso ante el TC. «En lo que hemos quedado también, el ministro y yo, es que cada uno repasaremos con nuestros servicios jurídicos nuestras leyes aprobadas que están recurridos y a principios de setiembre tendremos una reunión para reducir el nivel de litigio», señaló Barcina.

La nota de prensa emitida por el Gobierno también iba enfocada a este aspecto y en sacar pecho de la capacidad negociadora que tiene UPN con el Gobierno de Mariano Rajoy. «La presidenta Barcina ha insistido en que el Gobierno de Navarra, sustentado por UPN, una formación foralista y con lealtad constitucional que toma sus decisiones en Navarra, es la mejor garantía para defender la potestad fiscal y el sistema foral de navarra».

Una sentencia esperada

Pese a que la noticia de la anulación de la ley navarra sobre energía ha generado un enorme revuelo y el lógico enfado del Parlamento navarro, lo cierto es que era bastante previsible este fallo del TC. De hecho, a la propia consejera de Hacienda se le escapó en estos últimos días que la sorpresa no ha sido el contenido del fallo, sino que la sentencia hubiera llegado tan pronto. En un contexto de negociación de las trasposiciones de impuestos, recibir este varapalo del TC no ayuda para nada a los intereses del Gobierno navarro.

Más allá de todo eso, el compromiso que Barcina asegura haber adquirido con Montoro es el de la revisión del convenio para evitar que el Constitucional siga haciendo esa lectura de la potestad fiscal navarra que ha derivado en la anulación del impuesto sobre la producción eléctrica. «Se intentará evitar interpretaciones, por parte de los tribunales, que no respondan al acuerdo alcanzado en su momento o al espíritu de las leyes», anunció la presidenta.

De todos modos, el peso que tiene el impuesto de la energía en el presupuesto que la Hacienda navarra actualmente no es decisivo. No obstante, con los ajustes que va a estar obligado a hacer UPN después de haberse pasado este año con el déficit (aunque ayer Barcina volviera a negarlo, así como el hecho de que se vaya a exigir a Nafarroa un plan de contención del gasto) todo ingreso es importante.

Lo que parece claro es que el próximo gobierno navarro heredará una situación cogida con pinzas y que uno de sus principales retos será ordenar la Hacienda. Ahora mismo, Barcina no tiene autoridad suficiente.