El «informe sobre políticas de empobrecimiento y precarización en Euskal Herria» referido al primer semestre de 2014 pone en evidencia que la crisis económica está provocando más paro, precariedad y pobreza. Mikel Saralegi, miembro de la Comisión Social, y Ainhoa Etxaide, secretaria general de LAB, concluyeron que «el mundo laboral se está convirtiendo en una gran fábrica de pobreza y precariedad».

Ambos denunciaron que «el sistema de protección social vasco no está funcionando: ni atiende a todas las personas que lo necesitan ni es suficiente en la intensidad de apoyo». En este sentido, Etxaide demandó que se realice un «plan urgente contra la creciente pobreza» que «asola» a una parte «cada vez más amplia» de la sociedad vasca. En el estudio, la central sindical aseguró que «cada vez son más las personas obligadas a aceptar empleos a tiempo parcial. Son un 17% ya (185.400 personas) cuando hace cinco años era el 13,5%». Mikel Saralegi explicó que «mientras caen los salarios más bajos, por encima del 10% desde el inicio de la crisis», en la parte alta de los salarios se produce un efecto inverso, «crecen entre un 4,6% en la CAV y un 5,08% en Nafarroa».

Bajo este panorama desolador, que la macroeconomía pasa por encima, la secretaria general de LAB recordó que «todavía vendrán nuevos recortes» por parte del Gobierno español, pero que «silencian» los gobiernos de Iruñea y Gasteiz. «No confiamos en que éstos tengan voluntad de cambiar esta situación», dijo, por lo que insistió en la necesidad de «la movilización y el incremento de la tensión social para conseguir que sea mayoritario». Para ello, apostó, igual que al inicio de la crisis en 2008, por la alianza sindical vasca y de los movimientos sociales para «consolidar el cambio y la transformación social», con el fin de avanzar en las conclusiones de la Carta de Derechos Sociales de Euskal Herria.

Ainhoa Etxaide, además, añadió frente a quienes dicen que no hay recursos públicos, que antes de ayer se aprobó la compra de Catalunya Banc por el BBVA, que costará 11.600 millones a las arcas públicas.

«Si aplicamos el porcentaje sobre el Cupo, son 800 millones los que Hego Euskal Herria pondrá. Es más que el dinero que se gasta en la renta de garantía de ingresos y las ayudas sociales. Existen recursos, lo que ocurre que se han convertido en un gran negocio de los bancos y el poder financiero, que son los responsables de esta crisis económica, no los trabajadores».

Para LAB, la alternativa pasa por generar empleo de calidad y pidió «establecer una salario mínimo interprofesional por encima del umbral de la pobreza», al que se podría llegar con un acuerdo sindical, político y empresarial. A juicio de Etxaide «se puede garantizar, porque las grandes empresas están multiplicando los beneficios».

Otro elemento que LAB exige es la protección y las prestaciones sociales, «para que se universalicen, para que los jóvenes y los parados de larga duración puedan acceder a las ayudas». También deben garantizarse los servicios públicos y eliminar el copago, además de garantizar el derecho a la vivienda.