El 20 de noviembre de 2012, apenas un mes después de celebrarse las elecciones autonómicas, el Parlamento de Gasteiz puso fin a cuatro años de apartheid político y dio el pistoletazo de salida a la X legislatura. El inicio de este nuevo periodo de sesiones, marcado por el cese definitivo decretado por ETA en octubre de 2011, ha supuesto una oportunidad para muchos colectivos que, gracias al trabajo de algunos grupos, han dado cuenta de sus problemas en la Cámara Legislativa. Así, durante los últimos 18 meses han comparecido en comisión 350 agentes políticos, sociales y sindicales, 31 más de los que visitaron el Hemiciclo durante todo el mandato de Patxi López.

Los datos a los que ha tenido acceso GARA reflejan que el grupo parlamentario de EH Bildu ha sido uno de los responsables de dar voz a estos organismos. En concreto, ha hecho posibles 127 comparecencias, relacionadas, en gran medida, con el Plan de Empleo diseñado por Lakua y los conflictos laborales derivados de la crisis económica. La coalición soberanista también ha abierto las puertas del Parlamento a asociaciones contrarias a los desahucios, a agentes opuestos a Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), a personas relacionadas con el conflicto armado que padece Euskal Herria y a colectivos afectados por los recortes impuestos en el ámbito sanitario. Sin olvidar las comparecencias relacionadas con la polémica generada en torno a las bancarización de las cajas de la CAV.

Por su parte, el grupo parlamentario del PSE, más activo desde que retornó a la oposición, ha solicitado 91 comparecencias vinculadas con la venta de activos financieros por parte de Eroski y Fagor, la entrada en concurso de acreedores de Fagor Electrodomésticos y la problemática generada por ciertos partidos en torno al tratamiento de residuos en algunos municipios de Gipuzkoa. Además, al igual que EH Bildu, la formación que aún lidera Patxi López ha defendido ante la Mesa del Parlamento -formada por dos representantes del PNV, uno de EH Bildu, uno del PSE y otro del PP- la presencia de personas afectadas por los tijeretazos dados por el ministerio de Ana Mato, que ha restringido el acceso a la sanidad y ha establecido un nuevo copago farmacéutico.

El número de comparecencias requeridas por EH Bildu y PSE choca con las planteadas por los partidos situados a la derecha del arco parlamentario. A este respecto, conviene detallar que el PP ha reclamado la presencia de 21 agentes diferentes; el único representante de UPyD, Gorka Maneiro, ha presentado 19 solicitudes de comparecencia; y el grupo parlamentario del PNV, partido que sustenta al Gobierno de Iñigo Urkullu, ha propuesto 11 comparecencias. El resto de la comparecencias de entes sociales y sindicales se han realizado a petición de los propios colectivos implicados. En total, en lo que va de legislatura se han tramitado 721 solicitudes de comparecencia, 64 de ellas requeridas a petición propia por personas vinculadas al Ejecutivo autonómico.

Sanidad, Fagor, Lomce, Cabacas...

Atendiendo a las diferentes comisiones, los datos reflejan que la de Empleo, Política Social y Vivienda ha acogido 63 comparecencias de agentes sociales, políticos y sindicales; la Comisión de Salud y Consumo 61; la de Derechos Humanos, Igualdad y Participación Ciudadana 46; la de Medio Ambiente y Política Territorial 38; la de Desarrollo Económico y Competitividad 34; la de Instituciones, Seguridad y Justicia 33; la de Educación 32; la de Cultura, Euskara, Juventud y Deporte 22; y la Hacienda y Presupuestos once. En cuanto a los temas tratados, 21 comparecencias han versado sobre los recortes en sanidad, veinte sobre la situación de Fagor, quince sobre pobreza y ayudas sociales, once sobre la gestión de los residuos urbanos, nueve sobre vivienda, siete sobre la Lomce y seis sobre empleo.

Entre los colectivos que han participado en estas comisiones figuran los trabajadores de Corrugados Azpeitia, Incoesa, Edesa, y Celsa Atlantic, entre otras empresas; los integrantes de Etxerat, Egiari Zor y Aske Gunea; los familiares de Ibon Iparragirre, Patxo Murga, Pablo Gorostiaga e Iñigo Cabacas; los representantes, así como las madres y los padres, de los centros educativos de Santutxu, Ibaiondo, Sopuerta y Zabalgana, por citar tan solo algunos barrios de la CAV; y personas procedentes de Kurdistan, Palestina y RASD, entre otras naciones en conflicto.