Ya nos conocen, ya hemos estado otras veces aquí». Angelita Burgoa y Gotzon Iparagirre, madre y hermano del preso vasco Ibon Iparragirre, aguardan con paciencia. Son las 10.00 horas, están en el juzgado central de Vigilancia Penitenciaria y tienen visita en Navalcarnero a las 16.00. Así que han aprovechado para intentar encontrarse con el juez José Luis Castro. No es la primera vez que realizan este camino de ida y vuelta y «regrese-usted-mañana» a través del triángulo que forman la prisión, el despacho del magistrado y el hospital Gregorio Marañón. Ibon Iparragirre debería estar en casa. De hecho, ahí se encontraba, cumpliendo prisión atenuada debido a la grave enfermedad que padece (VIH desde los 17 años) cuando el Tribunal Supremo confirmó una pena de 299 años y ordenó su busca y captura. Fue en el mes de marzo. Según marca la propia ley española, ya había cumplido dos años en su domicilio. Sin embargo, su estado de salud no fue un problema para la sección segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, que lo mandó a la cárcel de Basauri. Allí sufrió una agresión a manos de un funcionario y otra de un preso social, excusa utilizada para alejarlo a Navalcarnero. Desde entonces, su familia se ha establecido en Madrid, donde trata de acelerar los trámites para que recupere la libertad y recoge la solidaridad de diversos colectivos de la capital del Estado.

«Ya hemos estado aquí», repite Burgoa ante el vigilante de seguridad del juzgado. En cinco minutos llega el guardia que también se encarga de la agenda de Castro. Toca esperar pero podrán hablar con él. El trámite de hoy es cerciorarse de que el magistrado ha remitido un requerimiento al hospital para que las pruebas que se realizaron a Ibon sean enviadas directamente al servicio médico de la cárcel. Los últimos exámenes se realizaron el martes 22 de julio. Por fin, parece que tanto los análisis de sangre como la resonancia están listos, pese a que el proceso comenzó en abril. Con ellos, Iparragirre podrá solicitar que se le vuelva a aplicar el artículo 100.2 que le permitiría cumplir en casa.

De ventanilla en ventanilla

«Su situación es muy grave. Puede coger un virus oportunista y, al encontrarse sin defensas...», explica Burgoa, que deja claro que si hubiese alguna complicación estaríamos ante «un asesinato». Decisiones inhumanas que Burgoa extiende a «los once presos que siguen en prisión estando enfermos». Con la bolsa a cuestas y la confirmación de que el requerimiento salió del juzgado, madre e hijo se dirigen al hospital. Tienen el tiempo contado. Lo más importante, la visita, tendrá lugar por la tarde.

En este día a día de ventanillas que en ocasiones se asemeja a «El Proceso», de Franz Kafka, esta familia no está sola. En primer lugar, por la labor de sus abogados. En segundo, y ya centrados en un Madrid que se abrasa en verano, por el apoyo encontrado. Gotzon ya residió en la capital del Estado, en el centro social Minuesa, uno de los referentes de la okupación madrileña en los años 90. Y eso facilita. Aunque también es cierto que la solidaridad, que siempre ha existido al otro lado del Ebro, se ha ampliado. Desde el primer momento, hace semanas, un grupo se ha encargado de recoger firmas. Un total de 550, que ya se han entregado al juzgado de vigilancia penitenciaria. También se han realizado concentraciones. Además, la familia ha desarrollado una ingente labor de interlocución. Partidos políticos, organizaciones de Derechos Humanos o referentes como la parroquia de San Carlos Borromeo, en Vallecas, se han interesado por su caso.

«Existe una decisión política», denuncia Ane Ituiño, la letrada de Ibon. Insiste en que no había motivo para reingresarle en prisión y llama la atención sobre el tiempo que se están eternizando las pruebas. Una crueldad cuando se habla de un preso enfermo cuya familia está dispuesta a ganarle al reloj.