A pocas horas de que el president catalán, Artur Mas, se reúna mañana con su homólogo español, Mariano Rajoy, y aborden la consulta soberanista convocada para el 9 de noviembre, Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) se afana en levantar cortafuegos para minimizar los efectos de la confesión del expresident Jordi Pujol, que el pasado viernes reconoció haber defraudado a Hacienda durante 34 años con cuentas sin regularizar en el extranjero. Si el sábado era el mismo Mas quien reconocía que algunas cosas se habían hecho «muy mal», ayer fueron varios consellers los que se encargaron de poner tierra de por medio con el expresident -denunciado también por la organización ultra Manos Limpias-.

El más tajante de todos ellos fue el conseller de Territorio y Sostenibilidad, Santi Vila, quien calificó de «muy grave e inadmisible» el proceder de Pujol, sobre todo teniendo en cuenta la carga «ética y moralizante» con que solía adornar sus discursos. En términos más suaves, pero con mayor carga simbólica -por su peso en el Govern y por su pertenencia al llamado `pinyol' que aupó en su día a Mas y en el que se encontraba el hijo menor de Pujol, Oriol-, el conseller de Presidencia y portavoz del Govern, Francesc Homs, señaló que «las cosas no pueden funcionar de esta manera».

Tras la reunión de la parcialmente renovada dirección del partido, Homs informó hacia el mediodía de que «en las próximas horas» CDC tomaría nuevas decisiones. Unas declaraciones que bastaron para disparar especulaciones de toda clase, centrándose sobre todo en la posible renuncia del expresident a sus cargos institucionales y dentro del partido.

Posteriormente, medios catalanes citaban fuentes convergentes para asegurar que lo que la formación espera es una renuncia voluntaria de Pujol que permitiese «no forzar las cosas». Finalmente, Homs informó de que, en lo que respecta al Govern, será hoy cuando informe de sus decisiones.

Posible abandono de cargos

En cualquier caso, parece evidente que Pujol se verá obligado a abandonar sus cargos como presidente fundador de CDC y de CiU, así como a sus privilegios como expresident (oficina institucional, retribución mensual, coche oficial, etc.), ya que esta constituye la única manera de evitar una incómoda comparecencia en el Parlament. Una rendición de cuentas exigida ya por todos los partidos excepto ERC. Si Pujol se aferra a sus privilegios y CDC no le obliga a renunciar, es previsible que los republicanos, que achacan las irregularidades de Pujol a la dinámica «autonomista», se sumen a la petición.

Una de las principales incógnitas es el efecto de lo que ya se ha bautizado como «caso Pujol» en el proceso independentista, más teniendo en cuenta que todo apunta a que a partir de setiembre podrían aparecer nuevas informaciones que hagan pequeña la confesión del pasado viernes. Sea como sea, los partidos soberanistas coinciden en exigir a CiU que levante las alfombras y haga una limpia en profundidad, pero también se muestran de acuerdo en señalar que el escándalo no debe frenar el proceso soberanista, sino que debe servir para ampliarlo y profundizarlo.

El Govern, por su parte, dio una señal clara sobre el proceso al presentar los últimos informes del Consell Assessor per a la Transició Nacional, en los que analizan, entre otras cosas, la viabilidad de una Catalunya independiente sin acuerdo con el Estado español. El órgano asesor comandado por el exvicepresidente del Tribunal Constitucional, Carles Viver i Pi-Sunyer, calcula que sin acuerdo con España, Catalunya necesitaría 4.000 millones de euros al mes en los primeros compases de la independencia y que el PIB podría caer entre un 1% y un 2% a causa del boicot español. Pese a ello, Viver i Pi-Sunyer se mostró tajante al asegurar que «este proceso es perfectamente posible y técnicamente viable».