Juanjo BASTERRA

El aumento de los desahucios desacredita la posición del Gobierno español ante la UE

Tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE, Luis de Guindos, ministro español de Economía, adelantó que el Consejo de Ministros del 29 de agosto prevé aprobar un decreto ley para corregir este nuevo tirón de orejas. Los bancos podían recurrir en segunda instancia una sentencia desfavorable a un desahucio, mientras que los afectados tenían vetado dar ese paso. Los parlamentarios le criticaron «porque trata mejor a los bancos que a los ciudadanos».

El ministro español Luis de Guindos anunció, ante la Comisión de Economía del Congreso, que en el Consejo de Ministros del 29 de agosto se aprobará, «previsiblemente», un decreto ley en el que se incorporarán los cambios necesarios para dar cumplimiento a la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de Luxemburgo.

La decisión del alto tribunal, hecha pública hace apenas diez días, constató que la legislación española antidesahucios «viola» la Carta de Derechos Fundamentales de la UE, que consagra el derecho a la tutela judicial efectiva de todos los ciudadanos. En este caso, las entidades financieras sí pueden recurrir en segunda instancia si el juzgado da la razón al deudor y suspende la ejecución por existir cláusulas abusivas, pero los consumidores no podían proceder de la misma manera cuando se falla a favor del banco.

Con la nueva regulación, se igualarán los derechos de ambas partes en lo que a recursos de segunda instancia se refiere, según prometió el ministro, aunque los afectados esperarán a conocer la nueva redacción de la norma para confirmar que será así.

De hecho, los colectivos contra los desahucios lamentan la vulneración de derechos que se produce cuando «nos mandan a la calle por no pagar las hipotecas a los bancos». Advirtieron, además, que el drama social derivado de la crisis económica «no se ha solventado» y recordaron las cifras que publicó a finales de junio el INE, que determinó que habían aumentando las expulsiones forzosas de las viviendas.

Esta medida «no terminará con los desahucios», por lo que la intervención de De Guindos elevó las críticas de los parlamentarios de la oposición, que, en general, reconocieron que las medidas adoptadas hasta la fecha «no han servido para paralizar este grave problema.

Enmienda de totalidad

Rafa Larreina, de Amaiur, criticó de manera directa al Gobierno de Mariano Rajoy por ser «tan sensible a las demandas de la gran banca y tan lento a la hora de dar respuesta a las angustias de la ciudadanía», y dijo que la sociedad está diciendo que «ya basta de tanto desahucio». Le recordó al ministro que «el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha presentado una enmienda de totalidad, otra más, a su política de desahucios, y hay que darle respuesta urgente».

Para el portavoz adjunto de Economía del PSOE, Antonio Hurtado, las medidas antidesahucios impulsadas por el Gobierno del PP son «paracetamol contra un cáncer» y reprochó que «se rescate a los bancos mientras se desahucia a familias». En este sentido, pidió una moratoria para la paralización inmediata de los lanzamientos hipotecarios y la aplicación de la dación en pago de forma retroactiva, reclamaciones que también realiza la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH).

Joan Coscubiela, de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), precisó que uno de «los falsos éxitos del Gobierno español» es «el de que ha salvado a los ciudadanos de los desahucios, cuando la realidad es que han salvado al mercado hipotecario de la presión social». Lamentó también que «dedican más esfuerzos a publicitar sus medidas que a ponerlas en marcha».

Las expulsiones forzosas aumentaron en el primer trimestre

Todos los datos conducen a la conclusión de que los cambios en la legislación sobre desahucios no han frenado su materialización. El INE mostró que en el primer trimestre del año se produjeron «un total de 32.565 procesos de ejecución hipotecaria, lo que supone un 19,5% más respecto al mismo trimestre del 2013».

Los colectivos antidesahucios señalan que, si se comparan esas cifras con las que trimestralmente da a conocer el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), en las del INE se reflejan 8.339 ejecuciones hipotecarias más. En total en el Estado español se han producido 547.966 ejecuciones desde 2007 y en Hego Euskal Herria rozan en este momento las 15.000 expulsiones de viviendas por no haber podido pagar las hipotecas.

Todo esto ocurre cuando en el Estado español existen 3,4 millones de viviendas vacías, más de 100.000 en Hego Euskal Herria. Y cuando los bancos, por su actividad inmobiliaria, acumulan unas 60.000 viviendas vacías, que no terminan de vender ni de entregar a alquiler social, como desde los colectivos sociales antidesahucios y desde diferentes grupos políticos se les demanda.

Antes de la comparecencia de ayer, el Gobierno español filtró que la banca aceptó que 2.124 familias cambien la deuda por la dación en pago y que ha reestructurado la deuda a sus clientes en 6.498 casos desde la puesta en vigor del código de buenas prácticas en marzo de 2012. O que adjudicaron 927 viviendas en alquiler a un precio reducido (entre 150 y 400 euros), de las 6.000 que forman parte del fondo social de viviendas creado por la banca, lejos de las expectativas. J. B.