El portavoz del Gobierno de Lakua, Josu Erkoreka, anunció ayer que el Ejecutivo había aprobado el decreto por el que se regula el Consejo Consultivo del Plan de Paz y Convivencia. Lo que no dijo es que según el propio plan este decreto tenía que haber estado aprobado en el primer semestre de 2013, es decir, hace ya más de un año.

Por otra parte, la existencia de este Consejo Consultivo tampoco es una novedad en sí mismo, de hecho viene existiendo desde 2009 ligado a los distintos planes redactados por los sucesivos gobiernos autonómicos. El primero fue el Consejo Consultivo del Plan Vasco de Educación en Derechos Humanos y por la Paz, creado al hilo del plan del Gobierno de Juan José Ibarretxe y dependiente del entonces consejero de Justicia, Joseba Azkarraga. Con la llegada de Patxi López a Ajuria Enea, cambió el sentido del plan y su nombre pasó a ser Consejo Consultivo de Convivencia Democrática y Deslegitimación de la Violencia.

El lehendakari López nombró presidente de este Consejo a José Ramón Recalde, y en el Boletín Oficial del País Vasco no consta que haya sido relevado de su cargo, aunque es evidente que durante toda la presente legislatura este organismo no ha tenido ningún tipo de actividad. La última de sus ocho reuniones se produjo el 3 de diciembre de 2012 y Recalde comentó que pediría cita con Iñigo Urkullu para poner el cargo a su disposición.

En esta tercera versión del Consejo Consultivo se establece que su presidente será «una persona independiente de reconocido prestigio y con experiencia en el ámbito de la promoción de la paz, la convivencia y los derechos humanos». El portavoz del Ejecutivo, Josu Erkoreka, afirmó que el nombramiento todavía no está decidido y que corresponderá, como establece el decreto, al secretario general de Paz y Convivencia, Jonan Fernández.

Según el borrador consultado, el Consejo contará con un vicepresidente primero, que será la persona delegada por la Secretaría de Paz y, significativamente, la vicepresidencia segunda seguirá recayendo sobre el presidente o presidenta del Consejo Vasco de Participación de las Víctimas del Terrorismo.

El consejo tiene como objetivo establecer un cauce de participación para las entidades sociales involucradas en la promoción de la paz, la convivencia, los derechos humanos, o la educación en cualquiera de estas áreas. Por ello participarán en él, además de representantes institucionales, miembros de asociaciones que trabajan en esta materia.

Retrasos y bloqueo

Entre las funciones del Consejo se encuentran «emitir opinión sobre el desarrollo ordinario de las líneas estratégicas del Plan y de sus iniciativas» y sobre las modificaciones que puedan plantearse en el futuro a su contenido.

Y lo primero que podrá constatar el Consejo Consultivo cuando se reúna es que buena parte de las iniciativas contempladas en el plan, sobre todo las de mayor contenido político, avanzan con retraso o se encuentran bloqueadas.

Este es el caso, por ejemplo, del Instituto de Memoria y Convivencia. Según el Plan, debía estar ya aprobado por el Parlamento en el primer semestre de 2014. Sin embargo, durante todos estos seis meses ha estado bloqueado y apenas se pudo constituir la Ponencia el pasado febrero. Su primera reunión está prevista para el 5 de setiembre. Cabe recordar que nació con el voto en contra de PP y UPyD.

En cuanto a la iniciativa de «colaboración y trabajo conjunto con el Parlamento Vasco», la Ponencia de Paz y Convivencia está paralizada por el boicot de PP y UPyD y el abandono del PSE. No hay previsión de avance.

Atendiendo al cronograma del plan, antes de abril se tenía que haber preparado el decreto de víctimas de la violencia estatal desde 1978 hasta la actualidad. Tampoco este cálculo se ha visto cumplido.

Sí ha habido avances en acuerdos educativos y en el proyecto de investigar la tortura.