Mas califica la consulta de irrenunciable y Rajoy de imposible
Según el guión previsto. Los presidentes español y catalán, Mariano Rajoy y Artur Mas, respectivamente, se reunieron ayer durante más de dos horas en la Moncloa para constatar, como ya se sabía, que el segundo no renunciará a la consulta del 9 de noviembre, mientras que el otro no permitirá que se celebre. El escenario, al menos público, sigue igual a pocas semanas de un otoño caliente.
«Yo convocaré la consulta y lo haré de acuerdo a la ley catalana», señaló en rueda de prensa el president de la Generalitat catalana, Artur Mas. «La consulta es ilegal y, por lo tanto, ni se puede celebrar, ni se va a celebrar», replicó, a través de un comunicado, el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy. Se puede intentar maquillar y edulcorar como se quiera, pero la reunión que ayer mantuvieron ambos presidentes en la Moncloa sirvió, básicamente, para constatar el abismo que sigue existiendo en el conflicto abierto entre Catalunya y España.
Ambos comenzaron sus respectivas valoraciones de la reunión poniendo en valor el «clima de diálogo abierto», en palabras de Mas, y el «clima de respeto y consideración por ambas partes», según Rajoy. Pero dejando a un lado la obligada cortesía del inicio, los mensajes de uno y otro dejaron claro que el mil veces mentado «choque de trenes» parece prácticamente inevitable, pese a las largas dos horas y media que duró la reunión.
Mas dejó claro desde el inicio que están «absolutamente decididos a que la consulta se celebre», hablando así, en plural, como forma de dar a entender que ayer se presentó en Madrid como emisario «de una amplia mayoría social, política y democrática», es decir, no como individuo ni líder de un partido concreto. La respuesta de Rajoy tan solo vino acompañada de una advertencia «sobre los riesgos que la inestabilidad política podría suponer al incipiente proceso de recuperación económica».
«Tenía cierta expectativa de que, más allá de decir que todo es ilegal, hoy habría una propuesta del Gobierno español con alguna idea sobre cómo resolver este conflicto, pero esta idea no existe», lamentó posteriormente Mas, quien expuso ante la prensa madrileña que, «si no es a través de una consulta, no habrá solución ni estable ni buena para el conflicto entre Catalunya y España». De todos modos, se congratuló porque hoy en día nadie niega la existencia de dicho conflicto, tal y como pasaba «no hace demasiado».
En una larga rueda de prensa de casi dos horas, el president insistió también en que seguirán con «el mismo guión», que pasa por celebrar una «consulta legal» el próximo 9 de noviembre, aunque reconoció que para eso «falta el acuerdo con el estado», algo a día de hoy imposible. El objetivo de los partidos soberanistas pasa por que Rajoy no recurra la ley de consultas catalanas, pero el propio Mas admitió ayer que, pese a no hablar explícitamente del tema, salió con la impresión de que, efectivamente, «es probable que (la convocatoria de la consulta) sea impugnada al Constitucional». ¿Qué ocurrirá entonces? El president aseguró que «no hay plan B, el único plan es votar», pero añadió, sin apenas explayarse, que sin marco legal, el proceso «entrará en otra fase, probablemente la última».
En la delegación de la Generalitat en Madrid, donde el último 11 de setiembre un grupo de fascistas reventó el acto oficial de la Diada y en el que ayer, pese al importante despliegue policial, un falangista logró colarse e interrumpir a Mas al grito de «¡Viva España!», el president tampoco pudo evitar las preguntas sobre el escándalo del fraude fiscal de Jordi Pujol. Ya por la mañana, Mas envió una carta a toda la militancia de CDC mostrando su «pesar» por el delito del expresident. Por la tarde, salió al paso de las preguntas señalando que la fuerza no se la da el Pujol, «sino el pueblo de Catalunya» y negando que el escándalo reste fuerzas al proceso independentista: «la fuerza de un país va más allá del comportamiento de una persona, por muy importante que sea». Sin demasiada convicción, añadió que «seguro» que hay ciudadanos indignados, «como seguro que hay españoles indignados con la Gürtel, los ERE de Andalucía o la monarquía».
La hora de las alternativas a la consulta legal
Constatado el abismo entre las mayorías parlamentarias española y catalana en cuanto a la consulta sobre la independencia se refiere, la pregunta principal es qué alternativas existen cuando el Gobierno español impugne la consulta al Constitucional, algo que, veladamente, Artur Mas, dio por hecho. El jefe del ejecutivo catalán señaló que entonces «se abrirá una nueva fase», sin entrar en mayores de detalles, aunque ya ha repetido en más de una ocasión que su fórmula para conseguir votar en caso de consulta ilegal pasa por las elecciones plebiscitarias.
Entre el resto de fuerzas favorables al derecho a decidir, sin embargo, la alternativa no está para nada clara. El líder de ERC, Oriol Junqueras, no quiso entrar demasiado a fondo en el tema y se limitó a señalar que «una vez más, se ha puesto de manifiesto que el Estado español no escucha a los catalanes», ante lo que reivindicó que «no hay otra salida» que mantener la convocatoria de la consulta.
En una línea parecida, pero mucho más tajante, el diputado de la CUP David Fernández reivindicó el ejercicio de «la desobediencia a todos aquellos que quieran impedir las urnas». Frente a la afirmación de Mas, que ayer señaló que el proceso independentista comenzó con las elecciones anticipadas de 2012, Fernández subrayó que «el proceso empezó hace ocho años en Arenys de Munt». «Empezó en la calle y acabará en la calle el 9 de noviembre», finalizó.
Desde ICV-EUiA también han rechazado en más de una ocasión la idea de las elecciones plebiscitarias, pero ayer su líder, Joan Herrera, se limitó a lamentar que Mas saliese de la reunión «sin ningún compromiso», al tiempo que criticó la «alergia» de Rajoy a la democracia. También denunció que ni Rajoy ni Mas hubiesen hablado de corrupción.
El PSC confirmó, por si alguien todavía lo dudaba, que su posición respecto al proceso sigue siendo el mismo pese al cambio en la dirección. Aunque su portavoz parlamentario, Maurici Lucena, advirtió a Rajoy que se equivoca si cree que el escándalo de Pujol disolverá «los problemas entre Catalunya y el resto de España», no tardó en sacar a relucir la reforma constitucional como «una opción que se abre camino». Lucena volvió hacer de las suyas al lamentar que Mas no se hubiese reunido previamente con «los partidos catalanes favorables a la consulta», incluyendo increíblemente al PSC en dicho grupo.
B. ZALDUA
Intento de diálogo más allá de la cita del 9 de noviembre
Conscientes los dos del fracaso que iba a suponer la reunión si solo abordaban la consulta del 9 de noviembre, los presidentes español y catalán, Mariano Rajoy y Artur Mas, respectivamente, hablaron también sobre diversos aspectos algo menos polémicos, en teoría. Para ello, el representante catalán entregó a su homólogo español un documento con 23 propuestas de actuaciones en terrenos como «la economía, la financiación, los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación o la dependencia», según explicó en la posterior rueda de prensa el president catalán.
Mas denunció que Catalunya está «infrafinanciada», algo que, según él, «pone en peligro la calidad de los servicios», y reivindicó que «hay maneras de que las autonomías en general, y Catalunya en particular, estén mejor financiadas». En este sentido, el president recordó que el modelo de financiación actual debería renovarse según la ley española, algo que le llevó a denunciar que «hacen exactamente lo contrario de lo que dicen que hay que hacer: no cumplen las leyes».
El president tampoco desaprovechó la oportunidad de denunciar la constante «recentralización de competencias» del Gobierno español, empezando por las leyes de unidad de mercado o de las administraciones locales, así como por la reforma educativa del ministro Wert, que Artur Mas calificó como una «invasión de competencia absurda y dolorosa».
Pero más allá de cierta flexibilidad a la hora de devolver los intereses por los créditos del Fondo de Líquidez Autonómico (FLA), no parece que en estos aspectos vaya a haber tampoco cambio alguno en la actuación del Gobierno de Mariano Rajoy, que ayer, a través de un comunicado, desplegó todo un supuesto «catálogo de medidas que el Gobierno central ha puesto en marcha desde el primer momento de la legislatura para garantizar la financiación de las Comunidades Autónomas y Entidades Locales». B. ZALDUA
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