La condena de cárcel a veinte dirigentes de HB y el expolio del patrimonio popular de la izquierda abertzale fue decidido por 2 a 1 en el tribunal de la Audiencia Nacional. La condena a los «5 de Bateragune» fue también fruto de una ajustada mayoría en el Tribunal Supremo (3 a 2), y el rechazo de su recurso ante el Tribunal Constitucional resultó a su vez dividido (7 a 5, con un juez que llegó a última hora y resabiado para sumarse a la mayoría). Puede decirse que últimamente el futuro de decenas de dirigentes políticos independentistas vascos se juega con el lanzamiento de una moneda al aire, en la que siempre les parten la cara porque sopla más un lado del tribunal.

Al pasar la página de este diario se pueden leer los argumentos de la vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Adela Asúa, en contra de la decisión sobre el «caso Bateragune», que coinciden casi milimétricamente con los de la magistrada Clara Bayarri en la causa general contra HB. Vienen a decir que lo que la mayoría de cada tribunal interpreta de una manera en función de su lectura política de la historia de la izquierda abertzale se puede entender en sentido contrario si se hace un análisis no contaminado por la versión policial. Es decir, estas condenas a dirigentes políticos no son fruto de interpretaciones jurídicas, sino de las mayorías establecidas en cada tribunal. Y todos sabemos a estas alturas como funciona el escalafón y las elecciones en las más altas magistraturas; quién controla en función de los resultados electorales en el Estado español el Consejo General del Poder Judicial y los nombramientos para el Tribunal Constitucional.