Existen víctimas de primera y de segunda. No era necesario un informe de la ONU, bastaba con repetir el mismo ejercicio que sus funcionarios realizaron en su visita de setiembre de 2013: comprobar cómo el Estado garantiza los derechos de quienes han padecido las consecuencias de acciones de ETA mientras ignora a quienes sufrieron durante cuatro décadas la represión de un régimen fascista. En esta ecuación se suma un tercer grupo que, como viene siendo habitual, será ignorado también en los análisis sobre el documento del grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas: quienes fueron objeto de la violencia del Estado en Euskal Herria. Han pasado 34 años desde que José Miguel Etxeberria, Naparra, fue visto por última vez y ha tenido que ser la ONU la que pida explicaciones a Madrid y París sobre un caso de «guerra sucia».

La única referencia en el documento a desapariciones posteriores a la aprobación de la Constitución española tiene relación con el conflicto vasco, como vascas son muchas de las denuncias por tortura bajo el régimen de incomunicación, que vuelve a ser censurado por una institución internacional. Existe una línea de continuidad tejida a través de la impunidad, tal y como describió una de las jóvenes encausadas, y luego absueltas, en el macrosumario contra la juventud independentista, cuando explicó su negativa a sentarse a escuchar a sus torturadores, a quienes calificó como sus Billy el Niño.

La desidia del Estado ante las víctimas del franquismo, que será nuevamente denunciada por la ONU próximamente, tiene su punto y seguido, todavía más ninguneado, en el caso del conflicto vasco. Son quienes más énfasis ponen en el papel de una parte del colectivo de afectados por la violencia en Euskal Herria quienes niegan, una y otra vez, las consideraciones a los que también han sufrido vulneraciones de derechos humanos. Dar lecciones de ética partiendo de esa posición solo se entiende desde el cinismo extremo.