El presidente español Mariano Rajoy insistió ayer en extender una cortina de humo sobre el rescate multimillonario de las entidades financieras que estaban quebradas. A su juicio, fue «la opción más barata y mejor» que tenía el Gobierno español hace dos años. El debate que se ha suscitado trata de ocultar dos elementos importantes: por un lado, la fuerte inyección económica que se ha puesto en manos de entidades financieras privadas y, por otro, busca tapar que alrededor de treinta banqueros tienen casos abiertos en los juzgados y otros dos centenares están imputados por haber gestionado mal las cajas y bancos que tuvieron en sus manos por otorgarse sueldos espectaculares antes de abandonar sus puestos y, a la vez, fijar unas elevadas pensiones para garantizar su futuro después de haber hundido diferentes entidades financieras. No obstante, los expertos consideran que la vía judicial no afectará al conjunto de los afectados, como ha ocurrido en otros países, y, por lo tanto, no habrá condenas.

La ayuda financiera pública que el Estado ha destinado a esas entidades españolas desde que comenzó el proceso de reestructuración del sistema financiero, en mayo de 2009, hasta este mes de julio, con la adjudicación de Catalunya Banc, asciende a casi 74.000 millones, según el Banco de España. Sin embargo, el Tribunal de Cuentas, antes de conocerse los últimos 12.000 millones netos que han inyectado las arcas públicas para sanear Catalunya Banc -que ha pasado a manos de BBVA por 1.200 millones-, los elevó a 108.000 millones; es decir, el total actualizado sería de unos 120.000 millones.

Más allá va el Fondo Monetario Internacional (FMI), que, con datos del propio Gobierno español, en un informe de hace casi un año escribió que las ayudas públicas a la banca española, en forma de concesión directa de ayudas o de avales ventajosos, sobrepasó los 246.000 millones. Es decir, el acumulado serían ya 260.000 millones.

De lo que se jacta ahora Rajoy es de que ha recuperado menos del 4%, mientras que ha provocado que hubiera recortes directos en los servicios a la ciudadanía y un espectacular incremento de la deuda pública, sobre la que hay que pagar intereses millonarios, de entre 35.000 y 40.000 millones al año.

Algunos nombres

Entre los banqueros con casos abiertos están Ricardo Pagès, Joan Caellas, Manuel Troyano y Santiago Abella, de Caixa Penedès. La Audiencia Nacional les condenó a dos años de cárcel, aunque han recurrido. El caso del que fuera primer ejecutivo de Bankia, Rodrigo Rato, que es uno de los 33 imputados por ese caso y también Miguel Blesa (BFA), que entró y salió de prisión como un rayo, pero que sigue en proceso judicial.

También se encuentran Roberto López Abad, exdirector de la CAM, que fue el segundo banquero que ingresó en prisión, tras Blesa. Juan Pedro Hernández Moltó, expresidente de Caja Castilla-La Mancha; Domingo Parra, ex consejero delegado de Banco de Valencia, que está acusado por la entidad de un perjuicio económico de 137 millones con operaciones inmobiliarias irregulares; y Aurelio Izquierdo, ex directivo de Bancaja, además de los de la CAN.